EZLN
El contexto en que hizo su aparición el EZNL, incrementó el interés
despertado dentro y fuera de México. En el plano internacional, la
caída de los regímenes llamados socialistas, los procesos de diálogo
llevados a cabo por las guerrillas centroamericanas con los gobiernos
de sus respectivos países, y otros acontecimientos, condujeron a
diversos analistas a la conclusión de que la lucha armada estaba
cancelada en América Latina. En el plano nacional, la propaganda del
gobierno mexicano en torno a su proyecto "modernizador", hizo creer a
muchos que México se instalaba ya en el primer mundo, por lo que era
inconcebible el desarrollo de una fuerza insurgente en el país. El
levantamiento zapatista hizo trizas el mito de la improcedencia
absoluta de la lucha armada y echó abajo las imposturas del proyecto
salinista.
Pero la perspectiva de la lucha armada y la estrategia política del
EZNL mostraban diferencias con respecto a los anteriores movimientos
armados. Estas diferencias estaban marcadas por el intento de los
zapatistas de articular un lenguaje distinto al de las izquierdas
tradicionales y por tratar de construir una nueva concepción del
cambio. El EZNL, por ejemplo, se desligaba de la estrategia común a la
mayoría de las guerrillas de luchar por el poder estatal, con el fin
de usar al Estado para impulsar el socialismo y reafirmar la soberanía
nacional frente al imperialismo norteamericano. Si bien en su origen
el Ejército Zapatista sostuvo posiciones similares, éstas fueron
cambiando gradualmente.
Al apropiarse las comunidades indígenas de la Selva Lacandona del
proyecto zapatista, le otorgaron a la lucha armada un carácter
singular, con reclamos políticos y éticos de dimensión nacional y
universal. Su trascendencia derivaba de su capacidad de articular los
problemas locales y regionales con los nacionales; las demandas
étnicas con las demandas nacionales, y la democracia con la igualdad
de derechos individuales y colectivos. Cuestionando las pretensiones
homogeneizadoras del Estado mexicano, con sus secuelas de racismo,
discriminación, exclusión y opresión, el EZNL alzaba las banderas de
la defensa de la diversidad en la unidad nacional, y la posibilidad de
convivencia entre las diversas identidades étnicas (indígenas y
mestizas) bajo los principios de respeto e igualdad de derechos. Estos
planteamientos tuvieron también resonancia internacional porque
colocaron en primer plano cuestiones de gran actualidad, como son la
relación entre lo universal y lo particular, y la posibilidad del
diálogo y la comunicación entre las diversas culturas en el mundo.
Origen del movimiento zapatista
La incorporación de las comunidades indígenas a la lucha armada fue la
conclusión de un intenso proceso de organización y de lucha por los
derechos agrarios y la democratización de los espacios rurales,
intensificada en los años setenta. Son, pues, estos campesinos
indígenas que habían participado en diversas organizaciones con
orientaciones distintas, los que constituyen el EZNL.
A principios del decenio de los sesenta, el 70 por ciento de las
mejores tierras del estado de Chiapas estaba en manos de los
finqueros. Sus familias habían luchado contra el gobierno carrancista
y logrado detener la Revolución en el estado, además, habían pactado
con el general Obregón la conservación de sus privilegios. Los
indígenas que trabajaban en las fincas habían perdido sus tierras a lo
largo del dominio colonial y con las leyes de desamortización
promulgadas por los liberales en el siglo XIX. Los finqueros eran los
herederos y beneficiarios de este proceso de despojo y expropiación de
las tierras de los indígenas. La estructura agraria de la región sería
levemente modificada por el reparto agrario que se realizó durante el
gobierno del general Lázaro Cárdenas. Pero, comparado con otros
estados del país, tal reparto fue insignificante en Chiapas: 450 000
hectáreas que beneficiaron a 30 000 campesinos. La situación de los
peones acasillados tampoco varió. Todavía a principios de 1994 habían
indígenas sometidos a ese régimen de trabajo.
A partir de los años treinta, los gobiernos federal y estatal
estimularon el desarrollo de la ganadería en la región, otorgando
importantes apoyos a los finqueros. El modelo favorecido fue el
extensivo, que consistía en la utilización de grandes superficies de
tierras dedicadas a pastizales. La expansión de la ganadería en
Chiapas, que llegó a ocupar el tercer lugar en el país por el número
de reses en existencia, se realizó a un costo social y ecológico muy
alto: invasiones y despojos de tierras comunales; apropiación de zonas
de bosques y selvas; erosión de tierras; desplazamiento de cultivos de
consumo básico, etcétera.
Este modelo económico sería la fuente de serios conflictos sociales y
agrarios, particularmente a partir de los años sesenta, cuando se dio
el mayor impulso a la ganadería en el estado. Los peones expulsados de
las fincas que reorientaron su producción hacia la ganadería, se
sumaron a las filas de los demandantes de tierras.
Para eludir el problema de la estructura agraria en Chiapas y diluir
las presiones de los indígenas sobre la tierra, el gobierno federal
fomentó la colonización de la Selva Lacandona. Aunque el flujo de
migrantes hacia la selva se había iniciado en los años treinta, a
partir de los sesenta se incrementó de manera importante. Indígenas
tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y zoques procedentes de los
valles de Ocosingo, del Norte, de los Altos, de los Llanos y de los
Valles Centrales de Chiapas fueron colonizando la Selva Lacandona.
También llegaron campesinos e indígenas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y
el Distrito Federal. Para 1970, se habían asentado en la región
alrededor de 100 000 colonos, organizados en ejidos. El ejido
constituyó un cambio importante en la vida de los colonos, y sería un
elemento importante en la formación de una nueva identidad.
El arribo a la Selva, sin embargo, no significó estabilidad para los
colonos. Aunque a finales de los sesenta el presidente Díaz Ordaz
había firmado un decreto que dotaba de tierras a los ejidos de las
Cañadas, el presidente Luis Echeverría firmó, en 1972, otro decreto
por el cual se creaba la Comunidad Lacandona. Éste último entregaba
614 321 hectáreas de selva a 66 familias lacandonas. El súbito interés
por los lacandones contrastaba con el desinterés mostrado hacia los
reclamos de otros pueblos indígenas de Chiapas y, en particular, hacia
los derechos sobre la tierra de los colonos indígenas que ocupaban
formal y legalmente partes de la zona que este decreto afectaba. Como
se mostró más tarde, el gobierno no estaba tan preocupado por
"restituir" a los lacandones sus tierras, como se argumentó, sino por
contener el avance de los colonos en la selva y, sobre todo, pasar el
control y la explotación de los bosques a una empresa estatal. En
efecto, al poco tiempo, Nafinsa, a través de Cofolasa, firmó un
contrato con los lacandones por el cual se comprometían 35 000 metros
cúbicos de madera al año, por un plazo de diez años.
El Decreto de la Comunidad Lacandona afectaba a colonos de 37
comunidades asentadas en las cañadas de Avellanal, Amador, Agua Azul,
San Quintín, Patihuitz. La población se enteró de la existencia del
decreto cuando se les informó que debían abandonar sus tierras y
reubicarse en otras zonas.
En el Primer Congreso Indígena de Chiapas, realizado en San Cristóbal
en octubre de 1974, los delegados indígenas de todo el estado
centraron las discusiones en el tema de la lucha por la tierra y las
acciones a seguir. A raíz de este encuentro se fueron conformando
dirigencias indígenas y organizaciones regionales y comunales
independientes.
El 14 de diciembre de 1975 se registró la primera organización de la
Selva con el nombre de Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (en
tzeltal, Unidos por Nuestra Fuerza), que llegó a contar con 51 ejidos.
Gran parte de los ejidos habían sido afectados por el Decreto de la
Comunidad Lacandona. Los principales objetivos de Quiptic serían la
regularización de la tenencia de la tierra y el acceso a servicios
básicos.
La situación de los habitantes de la Selva se complicó con la
publicación del "Decreto de la Reserva Integral de la Biosfera de
Montes Azules", firmado por el presidente López Portillo en 1978. Este
decreto se sobreponía a los otros decretos presidenciales y afectaba a
numerosas comunidades que se habían establecido en la zona declarada
como reserva. La decisión presidencial resultó en una mayor
conflictividad. Cuando los pobladores de los viejos y nuevos
asentamientos reclamaban la regularización de sus tierras, el gobierno
federal aumentaba la presión para que las comunidades establecidas en
el área de la Comunidad Lacandona y en la Reserva de Montes Azules se
reconcentraran en Frontera Corozal y Palestina. El Ejecutivo pretendía
contener y revertir la migración y la colonización de la selva a
través de la creación de reservas ecológicas. Pero, como señalaron
algunos especialistas, los indígenas tzeltales, choles y tzotziles que
migraban a la selva eran expulsados de las zonas agrícolas por la
expansión de los ganaderos. La problemática agraria en la Selva,
afirmaban, no se iba a resolver si no se resolvían "primero los
problemas del latifundio ganadero" en Chiapas, y se creaba "una nueva
forma de desarrollo agropecuario en el Sureste". No sirvieron las
recomendaciones. El gobierno mantuvo su plan inicial, pues bajo el
discurso "ecologista" se encubría el interés en los yacimientos de
petróleo y de uranio encontrados en la Selva, y la presencia de
asentamientos humanos obstaculizaban la explotación de esos recursos.
El temor al desalojo y la decisión de luchar por la defensa de los
derechos agrarios, llevó a los ejidatarios del Norte y Este de
Ocosingo a fortalecer su organización. A finales de los setenta se
crearon la Unión de Ejidos Lucha Campesina, formada en su mayoría por
tojolabales de Las Margaritas, y la Unión de Ejidos Tierra y Libertad.
Estas organizaciones, junto con otros grupos de pequeños productores
de las regiones de los Altos, Selva y Frontera, y la Unión de Ejidos
Quiptic formaron en 1980 La Unión de Uniones Ejidales y Grupos
Campesinos Solidarios de Chiapas. Esta fue la primera organización
campesina independiente del estado con fuerte representatividad: 180
comunidades de once municipio.
Hacia 1982, la Unión de Uniones entró en crisis por las diferencias
internas entre los asesores y dirigentes. La ruptura fue inevitable
cuando se constituyó, en octubre de 1982, la Unión de Créditos Pajal
Ya Kactic, formada por los pequeños productores de la región de los
Altos y Fronteriza. Quiptic y otras Uniones de Ejidos resolvieron
romper la alianza y cambiar el nombre a la organización nacida en
1980, por Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de
Producción de Chiapas. La ruptura debilitó la organización y
desmoralizó a sus miembros. Con el tiempo los dirigentes lograron
reconstituir los lazos políticos entre las comunidades y darle una
nueva reorientación a la organización, creando en marzo de 1988 la
ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo) Unión de Uniones. La
adopción de esta nueva figura significó un drástico viraje
programático. Ya no se trataba principalmente de organizar a los
campesinos para luchar por la tierra, sino para enfrentar la
problemática productiva y de servicios. Así, la Unión de Uniones
pasaba de la lucha por la tierra a la lucha por la "apropiación del
proceso productivo".
El gobierno federal respaldó esa decisión. Al año siguiente, por
resolución presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se concedió la
dotación y ampliación de sus ejidos a las 26 comunidades de las
Cañadas afectadas por el Decreto de la Comunidad Lacandona. Este
triunfo no lo pudieron compartir otras comunidades de la Selva, cuya
situación agraria seguiría sin resolverse.
Desde finales del decenio de los setenta estaban operando en la región
otras organizaciones campesinas como la CIOAC y la OCEZ. La OCEZ
(Organización Campesina Emiliano Zapata), se constituyó en 1982 con
comunidades tzotziles de Venustiano Carranza y de los Altos. La CIOAC
(Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos), vinculada
al Partido Comunista Mexicano, tenía presencia en las regiones de la
Selva, en la zona fronteriza y el Norte. Ambas organizaciones
campesinas fueron muy activas en la lucha por los derechos laborales y
agrarios de los peones acasillados; la negativa de las autoridades
estatales para atender los reclamos laborales de éstos, los llevó a
optar por la lucha agraria a través de la toma de tierras. En 1984, el
gobierno federal creó el Plan de Rehabilitación Agraria, con el cual
se "planteó solucionar los conflictos recurriendo a la compra de
tierras tomadas por los campesinos de las distintas organizaciones
(como la CIOAC, OCEZ, CNC, UNTA, CCI, Unión de Uniones, etc.) para
incorporarlas al régimen ejidal. En los hechos el PRA se constituyó en
un medio para restarle fuerza a las organizaciones campesinas
independientes y revitalizar el aparato corporativo de la CNC", así
como para dividir y enfrentar a las organizaciones campesinas.
El PRA se aplicó durante el gobierno de Absalón Castellanos, miembro
de una de las familias más poderosas de Chiapas. Como se mostró en un
estudio sobre los resultados del PRA, el problema agrario no sólo no
se había resuelto sino agravado. Mientras que en 1983 existían en el
estado 203 predios invadidos, "al finalizar el mandato de Absalón
Castellanos Domínguez, en 1988, esta cifra había llegado a las 428
invasiones de tierras".
Absalón pretendió acallar las demandas de tierras por medio de la
represión contra los dirigentes y militantes de las organizaciones
campesinas independientes y contra la población solicitante de
tierras. Como consecuencia, en su gobierno se perpetraron las mayores
violaciones a las garantías individuales y los derechos humanos de la
población indígena del estado.
En las Cañadas los indígenas fueron asumiendo el plan de formar grupos
de autodefensa para enfrentar las amenazas de desalojo y represión por
parte de las autoridades chiapanecas, las cuales pretendían hacer
efectivos los decretos sobre la Comunidad Lacandona y las reservas
ecológicas; también para defenderse de las acciones de despojo de los
finqueros, quienes contrataban pistoleros y se servían del apoyo de
las fuerzas de seguridad pública del estado para arrebatarle a los
indígenas las tierras. Con los grupos de autodefensa, como lo diría
más tarde la propia dirigencia zapatista, nacería el EZNL. En otros
lugares, el descontento popular se manifestó en las tomas de las
presidencias municipales.
Con el gobierno de Patrocinio González la represión contra la
población inconforme se pretendió legalizar mediante las reformas al
Código Penal de Chiapas, aprobadas por el Congreso local. En estas
reformas se tipificaban como motín, sedición, asonada y daño al
patrimonio estatal las acciones públicas, con penas de cuatro años de
cárcel. Muchas voces señalaron que esas reformas convertían cualquier
manifestación de protesta o de carácter reivindicativo en un acto
delictivo, afectando el ejercicio de los derechos constitucionales. A
resultas de ello, durante el mandato de Patrocinio González, casi
todos los dirigentes campesinos estaban presos. En la Marcha por la
Paz y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Xi Nich, formada
por indígenas tzeltales, zoques y choles de los municipios de
Palenque, Ocosingo y Oxchuc, entre otros, se denunció la
inconstitucionalidad del Código Penal de Chiapas.
Las reformas al Código Penal también pretendían detener las tomas de
tierras. En 1989, el gobernador decidió que la lucha por la tierra
estaba cancelada en la región del Norte, después de ordenar los
desalojos de ex peones que tenían tomadas algunas fincas. En adelante,
dijo, sólo se iban a apoyar los programas de producción y
productividad. La postura del gobernador se adelantaba a la reforma
salinista al artículo 27 de la Constitución, que fue aprobada en el
Congreso de la Unión el 6 de enero de 1992. Esta reforma daba por
terminado el reparto agrario.
Las manifestaciones de protesta contra las reformas al 27
Constitucional se sucedieron en diversos puntos del estado. Las bases
de las organizaciones campesino-indígenas vieron en la reforma al
artículo 27 la cancelación de la lucha legal y pacífica por la tierra.
Con esta reforma y el fraude electoral de 1988, diría más tarde
Marcos, muchos indígenas pasaron a engrosar las filas del EZLN.
En 1991 se había creado la Alianza Nacional Campesina Independiente
Emiliano Zapata (ANCIEZ), que agrupaba a 600 comunidades de las
regiones de la Selva, fronteriza, el Norte y los Altos. La mayoría de
los miembros de esta organización formaba parte del EZNL. La ANCIEZ
surgió en un momento de gran debilidad del movimiento indígena y
campesino. Tal debilidad derivaba tanto de la sistemática represión
gubernamental contra los dirigentes de las organizaciones
independientes, como de la crisis que enfrentaban las propias
organizaciones ante los cambios en la política agraria, económica y de
apertura del mercado, impulsados por el gobierno de Salinas de
Gortari. Como resultado, las bases de las organizaciones que sintieron
que no encontraban en ellas respuesta a sus necesidades e intereses se
incorporaron al EZNL. De hecho, las bases del EZNL fueron durante un
tiempo prácticamente las mismas que la de la Unión de Uniones, la
CIOAC y la OCEZ.
Construcción del sujeto político
El levantamiento zapatista fue la conclusión de todo un proceso de
afirmación, de toma de conciencia, de organización, de lucha y de
construcción del sujeto político que se propuso, mediante la acción
armada, la emancipación de los indígenas y de la nación. Para el
gobierno eso era inconcebible. Atrapado en su propia práctica política
y discriminatoria hacia los indígenas, no podía concederle
autenticidad a la rebelión zapatista. En su lógica los indígenas eran
incapaces de constituirse en sujetos políticos, por lo cual concluyó
que habían sido manipulados por grupos externos. Pretendió rehusar su
responsabilidad en las causas que habían conducido a los indígenas a
rebelarse, culpando a la diócesis de San Cristóbal y a los militantes
mestizos del EZNL de haber llevado a los indígenas a tomar las armas.
El gobierno mexicano siempre ha visto con desagrado la vinculación de
los indígenas con otros sectores de la sociedad mexicana; en su
concepción, los indígenas deben estar exclusivamente bajo la dirección
y el control del Estado.
El contacto entre las comunidades indígenas, particularmente de la
Selva, y los grupos mestizos implicó:
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La aceptación por parte de las comunidades indígenas de una
interacción con los mestizos bajo el principio del respeto. Por
ejemplo, tanto la diócesis como los maoístas y cuadros del EZNL
tuvieron que comprender y respetar la particularidad étnica de las
comunidades indígenas, condición para que su presencia fuera aceptada
por éstas. Cuando uno de los grupos maoístas ignoró ese principio, la
ruptura fue inevitable.
#
El establecimiento de un diálogo intercultural, que supone
transformaciones tanto en los indígenas como en los mestizos. Esto es,
los actores externos aportan a las comunidades indígenas ciertos
conocimientos que son reinterpretados y apropiados por la propia
población indígena. A su vez, los actores externos aprenden en el
contacto con los indígenas y modifican sus conocimientos y estrategias
iniciales.
Por lo que se refiere a la diócesis de San Cristóbal, su estrategia
pastoral buscaba articular lo religioso con la vida cotidiana de los
indígenas, procurando que éstos tomaran conciencia de su dignidad
humana y del valor de su propia cultura; igualmente, que descubrieran
las causas por las que vivían en condiciones de miseria y sufrimiento,
subrayando que éstas podían ser modificadas a través de la acción
política. La interpretación bíblica serviría de instrumento en ese
proceso de cambio y de lucha. Las historias de liberación de los
pueblos oprimidos, contenidas en las narraciones de los Evangelios, se
relacionaban con las experiencia de los pueblos indígenas. En suma,
con la acción pastoral se propuso aportar a los feligreses elementos
para su valoración humana y su liberación individual y colectiva en la
tierra.
La evangelización se convirtió en un medio de expresión de las
comunidades, y en un elemento más de cohesión étnica. Los indígenas
hicieron una interpretación creativa del Evangelio, adaptando las
historias bíblicas a las creencias, las costumbres y la historia de la
colectividad. Este tránsito mental, de búsqueda y creación de una
nueva identidad, favoreció el desarrollo de una subjetividad colectiva
y la construcción de un nuevo sujeto social capaz de dirigir su propio
destino. Los indígenas se fueron apropiando del proceso religioso
hasta echar los cimientos de una iglesia autóctona indígena, con sus
propios diáconos y catequistas. Desde 1974, las comunidades habían
planteado a la diócesis de San Cristóbal la necesidad de tener su
propio sacerdocio. La diócesis se opuso, argumentando que los
indígenas, por sus costumbres, no podrían mantener el celibato
sacerdotal. Pero propuso la creación de los tuhuneles o servidores,
quienes podían realizar funciones parecidas a los diáconos. Los
indígenas aceptaron y eligieron a sus tuhuneles. La petición de formar
sacerdotes indígenas se siguió planteando.
Paralelamente a la acción pastoral, se fue desarrollando la
organización política de las comunidades de la Selva. En este esfuerzo
los indígenas de las Cañadas y de los valles contaron con el apoyo de
algunos militantes de organizaciones de izquierda, como la Unión del
Pueblo (dividida en dos tendencias: guevarista y maoísta) y Política
Popular (también con dos tendencias: Línea de Masas y Línea
Proletaria). Fueron los militantes de las tendencias maoístas de ambas
organizaciones las que se vincularon con los dirigentes indígenas de
la Selva. Los de la Unión del Pueblo llegaron a Chiapas en 1974 y los
de Línea Proletaria a finales de 1977. Su asesoría se concentró en la
organización y fortalecimiento de las bases de la Unión de Ejidos
Quiptic. También apoyaron la formación política de los cuadros
indígenas de la organización. A partir de 1983, la mayoría de estos
asesores fueron abandonando la organización y el estado de Chiapas. La
ruptura entre las comunidades y los maoístas, particularmente con
Adolfo Orive y su equipo, se debió precisamente a los intentos de
éstos de manipular a las organizaciones indígenas y de negociar con el
gobierno a sus espaldas.
Muchos de los catequistas, quienes se habían convertido en figuras
claves en las comunidades, por sus conexiones con el exterior y su
manejo del idioma español, asumieron la dirigencia de la organización.
El proceso organizativo de las comunidades de la Selva (como de la
región del Norte bajo la influencia de otras corrientes políticas de
izquierda) implicó la promoción de vínculos entre diversas comunidades
y la construcción de identidades políticas y sociales de carácter
regional; asimismo, la revaloración de las identidades étnica y su
utilización como elemento de cohesión y unidad. También supuso un
trabajo previo de reflexión crítica de las condiciones sociales y
económicas de la población.
Posteriormente, en la misma lucha fueron aprendiendo las
características del sistema político, social, económico y cultural de
Chiapas y del país. En este aprendizaje también sus demandas se fueron
ampliando. Por ejemplo, la lucha por la tierra, que fue el motivo
inicial de las organización, se agregó a otro tipo de reclamos, como
el mejoramiento de las condiciones de vida (salud, educación,
créditos, comercialización), el respeto y vigencia de los derechos
humanos, justicia, democracia, participación política, libertad.
Fue este movimiento indígena politizado y con una larga experiencia de
lucha, el que se encontró con el grupo guerrillero de las Fuerzas de
Liberación Nacional. El subcomandante Marcos, al reflexionar sobre la
historia del EZNL, explicaba que la organización político-militar que
arribó a la Selva Lacandona a principios de los años ochenta era
marxista-leninista, "con un corte muy cercano en su perfil militar —no
político, sino militar— al de las organizaciones guerrilleras de
liberación nacional de Centroamérica y Sudamérica. Una organización
que se planteaba que la lucha pacífica estaba agotada, que era
necesario enfrentar, por medio de una guerra popular, al poder,
derrotarlo e instaurar un gobierno hacia el socialismo y hacia la
implantación de la dictadura del proletariado y del comunismo. Y en
este sentido se planteaba una guerrilla en términos muy cercanos al
foco guerrillero".En cuanto a la concepción sobre los indígenas, las
FLN no consideraban que se tratara de un sector de la sociedad
mexicana con características especificas, sino que era parte del
"pueblo explotado, campesinos, y que había que tratarlos como
campesinos", organizarlos y "mostrarle el camino".
Cuando algunos de los miembros de este grupo político-militar, formado
en su mayoría por mestizos miembros de la clase media, llegaron al
estado de Chiapas, establecieron relaciones con una pequeña "élite
política indígena". Ambos grupos coincidieron en la necesidad de la
lucha armada y de preparar un ejército, no "un grupo guerrillero".
También decidieron instalar su campamento en lo más profundo de la
Selva Lacandona, donde fundaron el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, en noviembre de 1983. Durante los primeros años no tuvieron
ningún vínculo con las comunidades indígenas. Fue la élite indígena la
que inició los primeros contactos con algunos jefes de las
comunidades, a quienes se les planteó la idea de la lucha armada.
Este "primer contacto entre las comunidades indígenas y el grupo
político-militar", por intermedio de los jefes y la élite indígenas,
coincidió con "un auge de las guardias blancas y de los hechos
represivos, sobre todo en la Selva y el Norte de Chiapas". Ante esta
situación, los jefes de las comunidades consideraron necesario el
entrenamiento para la lucha armada, pero en un principio se planteó
sólo como un medio para la autodefensa. El "pacto" que establecieron
con la organización político-militar fue también en su inicio de
intercambio: instrucción militar a las comunidades a cambio de apoyo
logístico a la guerrilla. Los jefes indígenas (tzeltales, choles,
tzotziles, tojolabales), quienes llegarán a convertirse en los
"intermediarios entre el Ejército Zapatista y las comunidades", hablan
con sus familiares y éstos "deciden enviar a sus hijos más jóvenes a
la montaña a hacerse guerrilleros". Como producto de esa decisión, los
indígenas se "convertirán en mayoría" en el EZNL, a un año de su
creación.
La convivencia entre los guerrilleros indígenas y mestizos produjo el
"primer choque cultural". Unos debieron de aprender y asimilar los
elementos políticos y culturales del otro. Los mestizos de la
organización político-militar, como señala Marcos, descubrieron el
mundo indígena y la especificidad de la cuestión indígena a través del
"viejo Antonio", de los jefes de las comunidades, de los líderes
políticos y de los guerrilleros indígenas. También se dieron cuenta de
que estaban tratando "con un movimiento indígena de mucha tradición de
lucha, con mucha experiencia, muy resistente, muy inteligente también,
al que simplemente le servíamos de algo así como brazo armado." Del
reconocimiento y aceptación de esa realidad por parte de la
organización político-militar, dice Marcos, nació el EZNL que salió el
primero de enero de 1994. Si el EZNL no hubiera aceptado esa realidad,
"se hubiera aislado, hubiera quedado pequeño, hubiera desaparecido".
Los guerrilleros indígenas no sólo tradujeron a los mestizos del EZNL
la cultura y experiencia política de las comunidades indígenas;
también transmitieron a éstas la perspectiva del cambio revolucionario
que habían asimilado de la organización político-militar. En este
proceso de asimilación y traducción por parte de la guerrilla
indígena, se produjo una transformación de la idea y el sentido de la
revolución. Las comunidades indígenas hicieron su propia aportación
con "elementos humanitarios, éticos, morales". La revolución, señala
Marcos, "se transforma en algo esencialmente moral", y en "el garante
de que la dignidad se cumpla, se respete". Con este intercambio de
ideas, los guerrilleros indígenas convierten la "relación entre la
guerrilla y los pueblos en una relación política, y la construyen en
una relación orgánica".
En esa relación política "se empieza a dar el proceso de
transformación del EZNL, de un ejército de vanguardia revolucionaria a
un ejército de las comunidades indígenas, un ejército que es parte de
un movimiento indígena de resistencia, dentro de otras formas de
lucha". Así, cuando el EZNL "se imbrica con las comunidades, pasa a
ser un elemento más dentro de toda esa resistencia, se contamina y es
subordinado a las comunidades. Las comunidades se lo apropian y lo
hacen suyo, lo colocan bajo su férula".
Aunque la sede del EZNL se encontraba en los campamentos de la Selva
Lacandona, habían pequeños grupos guerrilleros en la región de los
Altos haciendo trabajo político. En 1988, la guerrilla estaba formada
por cientos de combatientes, apoyados por algunas familias de las
comunidades indígenas. Al año siguiente se dio un ingreso masivo al
EZNL tanto de combatientes como de pueblos y comunidades indígenas. En
1992, en el contexto de las celebraciones y contracelebraciones del
quinto centenario del "descubrimiento" de América, los jefes indígenas
de las comunidades y regiones zapatistas plantearon que había que
iniciar la guerra. Se decidió hacer una consulta, que se realizó en
los últimos meses del año, en unas 500 comunidades de las etnias
tzotzil, tzeltal, chol y tojolabal, de las regiones de los Altos,
Selva y el Norte. La mayoría se inclinó por iniciar la guerra. Con
ello comienza una nueva fase organizativa en lo político y militar. Se
decide "cambiar la estructura de la dirección" del EZNL, que
formalmente seguía "estando en la organización político-militar", y
pasar a los representantes de las comunidades indígenas el mando del
EZNL. Así, en enero de 1993, los representantes de las etnias
mencionadas en las distintas zonas, pueblos y regiones bajo influencia
zapatista, se constituyen en comandantes del EZNL. Con estos
comandantes indígenas se crea el Comité Clandestino Revolucionario
Indígena-Comandancia General del EZNL (CCRI-CG), que será la dirección
colectiva suprema. De esa manera, "la organización político-militar
urbana es desplazada del poder por una organización colectiva,
democrática, indígena y plural".
Propuesta política
El día primero de enero de 1994, el EZNL dio a conocer en la Primera
Declaración de la Selva Lacandona las causas y los objetivos de su
insurrección armada. Los zapatistas fundaron la legitimidad de la
insurrección contra el gobierno en la forma en que había accedido al
poder el presidente (mediante el fraude electoral) y en el carácter
injusto y opresivo del régimen. También establecieron las metas de la
rebelión. Por una parte, exigieron la destitución del presidente de la
República y llamaron a que los otros poderes de la nación (el
Legislativo y el Judicial) "se aboquen a restaurar la legalidad y la
estabilidad de la Nación deponiendo" al mandatario. Este
planteamiento, que desconoce al Ejecutivo y reconoce a los otros
poderes, junto con la disposición de los zapatistas de que en las
zonas liberadas por ellos se permitiría a la población civil "elegir,
libre y democráticamente a sus propias autoridades", fue señalado como
una ruptura con "los patrones tradicionales de los movimientos
armados". Sin embargo, por otra parte, el EZNL se mantuvo en la
perspectiva de esos movimientos con su declaración de guerra al
gobierno y al ejército federal mexicano, como "pilar básico de la
dictadura", y su determinación dea "avanzar hacia la capital del país
venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance
liberador a la población civil", así como con su decisión de no dejar
"de pelear hasta el cumplimiento" de las once "demandas básicas de
nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y
democrático".
En diversas entrevistas y comunicados realizadas en los días que
siguieron al levantamiento, la dirigencia zapatista se deslindó de
ciertas inferencias de este último planteamiento, dejando en claro
varios puntos centrales: a) que el EZNL no quería el poder ni que se
instalara un gobierno suyo; b) que no se consideraba la vanguardia; c)
que el camino que eligieron, el de la lucha armada, fue el que les
dejaron las autoridades gubernamentales, pero que no era el único
válido para la lucha por el cambio en el país, y d) que se abrían "a
otras corrientes y a otras formas de lucha, en el afán de generar un
movimiento realmente nacional y revolucionario que concilie estas dos
demandas fundamentales, libertad y democracia".
Los zapatistas mantuvieron como eje central de su planteamiento
político el reclamo de un gobierno de transición a la democracia, como
la vía adecuada para arribar a un régimen democrático en México. Sin
embargo, en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, de enero de
1996, los zapatistas revisan su propuesta original. La idea del
gobierno de transición fue transformada por la propuesta de construir
"el proyecto de la transición a la democracia", que sería un proyecto
de nación distinto y opuesto al que sostienen el PRI y el PAN. No
obstante este señalamiento, el EZNL no fijó una posición clara con
respecto al PRD, con el que podría tener ciertas afinidades. Por otra
parte, sólo enunció los principios del proyecto a construir, cuando en
sus propuestas anteriores había trazado las características más
importantes que debía adoptar el gobierno de transición.
Propuestas organizativas
A partir del cese al fuego el 12 de enero de 1994, el EZNL se adaptó a
la nueva situación, reajustando su estrategia política y enlazándose
con la llamada "sociedad civil", la cual se presentaba como su
principal interlocutor, retaguardia política y convocante en sus
diversas iniciativas de organización.
El EZNL intentó un primer acercamiento con la llamada sociedad civil a
través de la convocatoria a participar en la Convención Nacional
Democrática (CND). La CND se llevó a cabo del seis al nueve de agosto
de 1994, en el Aguascalientes de la Lacandona. Los asistentes
intentaron definir los términos, las condiciones y perspectivas de la
lucha para la desarticulación del sistema político autoritario y la
construcción de un nuevo sistema democrático. Con ese objeto, la CND
debía convertirse en una organización de lucha civil y pacífica.
Sin embargo, los propósitos de la CND no fructificaron. Mencionemos
algunas dificultades internas que llevaron a su fracaso:
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Las organizaciones que quedaron incluidas en la CND y los
representantes que ocuparon la presidencia no estaban preparados para
llevar a cabo las metas que se trazó la Convención.
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Los intentos de hegemonizar, de controlar, de dirigir excluyendo, de
imponer puntos de vista, de marginar al supuesto adversario o a aquél
con el que se tenían diferencias reales o supuestas, y otras viejas
prácticas y vicios que se asentaron en la CND, la pusieron rápidamente
en crisis. Quizás por todo lo anterior, no se comprendió con
profundidad el carácter de la coyuntura que estaba viviendo el país.
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Las ambigüedades en torno al proceso electoral del 21 de agosto de
1994: se estableció distancia respecto al proceso electoral; pero, por
otra parte, se apostaba al triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y, por esa
vía, a la posibilidad de transitar a la democracia. El desenlace
conocido, con independencia de los hechos fraudulentos, produjo
efectos de desaliento, desconcierto y decaimiento en la CND.
Finalmente, las pugnas entre fracciones y el sectarismo terminaron por
darle la puntilla.
En la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas
lanzaron una nueva propuesta. Llamaron a los diversos sectores
sociales "que luchan por la democratización de la vida nacional, a la
formación de un Movimiento para la Liberación Nacional"(MLN), el cual
concibieron como "un frente amplio de oposición". Los zapatistas
invitaban a la CND y a Cuauhtémoc Cárdenas a que encabezaran el
movimiento. El EZNL propuso como objetivos del MLN, la lucha "de común
acuerdo, por todos los medios y en todos los niveles, por la
instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una
nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado".
Los mismo objetivos que se habían planteado para la CND. Por otra
parte, el EZNL invitaba a diversos sectores sociales a incorporarse en
la CND, si no tenían partido, y al MLN "si militan en alguna de las
fuerzas de oposición". Esto es, la CND se concebía como el espacio de
los sin partidos, y el MLN de los militantes de organizaciones de
oposición.
En febrero de 1995, en la ciudad de Querétaro, se intentó echar los
cimientos del MLN. Pero la CND no sólo no se había consolidado como
organización, sino que estaba en crisis; y los conflictos con algunos
de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, que
constituía la principal fuerza política con la que en principio se
construiría el MLN, entre otros motivos, hicieron que esa nueva
propuesta quedara también en el camino.
A los pocos días de que concluyó aquel encuentro en Querétaro, el
nueve de febrero, el gobierno de Ernesto Zedillo emprendió un
operativo policiaco contra la dirigencia zapatista y de cerco militar
de los rebeldes y bases civiles de apoyo. La sociedad civil se
movilizó nuevamente para a detener la guerra y retomar la vía política
y de diálogo con el EZNL. El once de marzo de 1995, entró en vigor la
Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y el
nueve de abril se reunieron las partes en conflicto para dar inicio a
una nueva fase de diálogo.
A finales de septiembre, los rebeldes lanzaron una nueva iniciativa:
el Diálogo Nacional entre el EZNL y la sociedad civil. Los zapatistas
invitaban a formar Comités Civiles de Diálogo para participar en la
Mesa Civil de Diálogo Nacional. Definieron las características del
temario y los participantes, los cuales no debían ser partidarios ni
clandestinos.
En la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, de enero de 1996, el
EZNL invitó a la sociedad civil a participar en la construcción del
Frente Zapatista de Liberación Nacional, que sería la organización
independiente, civil y política del EZNL. Los integrantes de este
frente debían rechazar la búsqueda del poder; asimismo, no debían
aspirar "a desempeñar cargos de elección popular o puestos
gubernamentales en cualquiera de sus niveles". Esta propuesta fue
materia de numerosas polémicas. Hasta ahora, los resultados no han
sido muy alentadores. La razón principal, probablemente, radica en el
hecho de que, a partir de las elecciones de 1988 (en las que la
candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo la
preferencia del electorado) y, sobre todo, después del triunfo de
julio de 1997 en el Distrito Federal, la vía electoral —con obvias
intenciones de acceder al poder político— recibió un nuevo aire. Por
lo demás, las organizaciones y los movimientos locales han luchado por
la democracia y el poder municipal desde hace mucho tiempo. En
consecuencia, la iniciativa del FZLN como fuerza política que no busca
el poder, ha resultado poco atractiva para esos sectores y grupos en
vieja lucha por la democracia.
Este desfase programático puede deberse a que el EZNL intentó (después
de su Primera Declaración) desligar sus reclamos de la toma del poder
(para separarse de las guerrillas tradicionales y ampliar el apoyo
social a su causa, más allá de ciertos sectores de izquierda). Pero en
ese cambio de postura, válida, desvinculó la lucha por la democracia
de la lucha por el poder; en cambio, otras organizaciones democráticas
han ido articulando la lucha por la democracia con la lucha por la
conquista de los espacios de poder (municipal, regional, estatal,
federal), revalorándola. Al desencuentro contribuye, sin duda, que la
difusión de los significados más profundos de la postura neozapatista
frente a la cuestión del poder ha sido confusa y conducida con notable
incompetencia por sus diversos intérpretes. Traducciones simplistas
han alimentado viejos sectarismos. Por otra parte, en sus inicios el
EZNL supo articular muy bien la cuestión étnica con la cuestión
nacional. Pero a partir de la Cuarta Declaración, en el discurso
zapatista se empezó a notar una tensión entre lo étnico y lo nacional:
en ocasiones realzaba lo nacional sobre lo étnico, y en otros momentos
invertía el énfasis. Paradójicamente, en el momento en que se discutía
en el diálogo de San Andrés el tema sobre Derechos y Cultura Indígena,
y los dirigentes de las organizaciones indígenas más importantes del
país —invitados por el EZNL como sus asesores en el diálogo—
construían los consensos en torno al proyecto de autonomía,
articulando lo étnico con lo nacional (democracia, pluralidad,
descentralización, reformas a la Constitución, reforma profunda del
Estado, nuevo federalismo, etc.), el EZNL lanzaba su Cuarta
Declaración que, en varios sentidos, se distanciaba de lo que se
estaba discutiendo. Por ejemplo, en la declaración mencionada se
asumía que no había un proyecto de transición democrática, cuando en
el diálogo los indígenas estaban construyendo parte muy importante de
lo que habría de contener ese proyecto. También se planteaba en esa
declaración formar un frente con individuos y organizaciones que no
aspiraran al poder, cuando en el diálogo los asesores indígenas
estaban discutiendo los espacios de poder político que históricamente
se les había negado a los pueblos indígenas. En fin, el énfasis puesto
en la organización del frente terminó por diluir lo étnico y los
contenidos mínimos de un nuevo régimen democrático en el país. Lo
étnico-nacional se presentaba dislocado, o al menos ya no aparecía
como en el primer año de vida pública del EZNL. Posteriormente, con la
suspensión del diálogo a finales de 1996, debido a la falta de
cumplimiento por parte del gobierno federal de lo pactado en el
diálogo de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, lo étnico
aparece en el discurso zapatista en primer plano, pero desarticulado
de los cambios nacionales que ello implicaba.
Significado de la rebelión zapatista
El significado de la rebelión zapatistas ha residido fundamentalmente
en tres cuestiones: 1) impugnó seriamente el proyecto "modernizador"
del salinismo; 2) impulsó el consenso en torno a la impostergable
transición a la democracia en el país, y 3) colocó la cuestión
indígena en su dimensión nacional y le dio proyección política a los
reclamos de autonomía de los pueblos indios.
El levantamiento zapatista coincidió con la entrada en vigor del TLC,
lo que le imprimió un carácter simbólico. El mensaje fue que la
supuesta modernización y entrada de México al primer mundo era una
farsa: el país seguía siendo subdesarrollado puesto que millones de
mexicanos, particularmente los pueblos indios, vivían en la miseria, y
sus necesidades básicas no estaban resueltas. El modelo neoliberal, en
lugar de solventar esas carencias, había agravado las condiciones de
vida de la mayoría de los mexicanos y frustrado cualquier esperanza de
mejoría. El TLC no significaba para esos mexicanos la superación de su
situación, sino su liquidación.
Antes del levantamiento zapatista, el gobierno salinista había
sostenido que las reformas económicas recetadas por el neoliberalismo
eran prioritarias para superar la crisis económica, y que las reformas
democráticas que exigía la oposición podían esperar. ¿Hasta cuándo?
Nunca se dijo, aunque era claro que las reformas neoliberales sólo
podrían aplicarse manteniendo el régimen autoritario. Con la rebelión
zapatista, el fastidio latente de la sociedad contra el régimen afloró
y la exigencia de democracia se extendió.
El problema de la reforma electoral se colocó de nuevo en el centro
del debate político nacional. La reforma electoral de 1996, que
incorporó gran parte de los reclamos de los partidos de oposición y
también del EZNL, aunque no cubrió cabalmente todas sus propuestas, en
gran medida tiene su origen en la presión ejercida por el grupo armado
y el descontento social desatado. El EZNL pudo, con toda razón,
adjudicarse el mérito de los cambios experimentados a raíz del proceso
electoral del seis de julio de 1997; pero en lugar de ello se puso al
margen. Nadie le hubiera disputado su gran contribución.
La impugnación del sistema político mexicano por parte del EZNL, y sus
propuestas de cambio de la vida política del país, definidas en
términos de democracia, igualdad de derechos y libertades de
individuos y colectividades étnicas, despertó la simpatía de los
mexicanos. Así, los indígenas, que habían sido considerados el sector
más atrasado y tradicionalista, se colocó de pronto al frente de la
lucha por la democracia, las libertades y justicia. Reforzados por el
zapatismo, los indígenas cuestionaron la política excluyente y
homogeneizadora del Estado. México era una nación conformada por
diversas etnias o pueblos indios, que reclamaban respeto a su
existencia y la igualdad de trato. El país, señalaban, no podría
alcanzar la democracia y justicia si no se reconocían los derechos de
estos pueblos. De modo que la atención puesta en las demandas
zapatistas ha impulsado un debate nacional en torno a la legitimidad
de los derechos de los pueblos indios, en particular su derecho a la
autodeterminación y a la autonomía como ejercicio concreto de ese
derecho, como no se había dado en el país en todo lo que llevamos de
vida independiente. Al margen de lo que ocurra en el futuro inmediato,
este es un mérito histórico de los insurgentes zapatistas.
http://html.rincondelvago.com/ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional_2.html
