(CNNMéxico) — La acusación en contra del expresidente Ernesto Zedillo
por delitos contra la humanidad se basa en 12 evidencias que han hecho
públicas los demandantes a través del sitio Acteal97.
El Plan Chiapas 94, título de un presunto informe militar, detalla los
planes del Ejército para entrenar a grupos paramilitares para combatir
la estructura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es
la principal prueba.
También hay artículos periodísticos, cables de inteligencia
presuntamente emitidos por agencias de Estados Unidos y
correspondencia privada.
Zedillo dijo a CNN que las acusaciones son falsas y calumniosas. “Las
imputaciones no sólo son falsas, también calumniosas y responderé en
consecuencia ante las autoridades pertinentes”.
Con base en el informe Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado
presuntamente en la VII Región Militar y firmado en octubre de 1994,
la demanda plantea que el gobierno mexicano promovió la existencia de
grupos paramilitares que combatieran al EZLN.
En el punto 6 del apartado G explica que habrá tareas de
“asesoramiento” a organizaciones de las fuerzas de "autodefensa" y se
fija como principal tarea la “destrucción o neutralización” de
guerrillas locales, milicianos y comandos.
El "Plan de asesoramiento" incluye actividades de “adiestramiento y
apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones
paramilitares” en las cuales se basarían las movilizaciones militares.
“En caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas”,
describe el plan de combate.
La segunda evidencia es un artículo del número 1105 del semanario
Proceso, publicado 4 de enero de 1998, que hace un recuento de las
acciones que las fuerzas militares tenían planeadas para sofocar la
insurgencia del EZLN mediante el Plan de Campaña Chiapas 94.
“La matanza de Acteal se aviene a una estrategia contrainsurgente
precisa, diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de la Defensa
Nacional”, escribió el periodista Carlos Marin al inicio del reportaje
La tercera prueba es una nota periodística del diario La Jornada del 5
de enero de 1998, donde el Ejército —a través de un comunicado— niega
la existencia en sus registros de dicho documento, luego de haberse
difundido el reportaje de Proceso y pocos días después de la masacre
de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
El diferendo que existió en 1999 entre el entonces secretario de
Gobernación, Francisco Labastida, y el comisionado para la paz en
Chiapas, Manuel Camacho Solís, es aportado como otra prueba más de la
responsabilidad de autoridades federales en el caso Acteal.
En una nota del diario La Jornada, fechada el 14 de abril de 1999,
Labastida acusaba públicamente a Camacho de “torpezas” en el manejo
del grupo pacificador, que derivaron en el crecimiento de las fuerzas
del EZLN.
Ante ello, Camacho Solís reviró la acusación en el diario indicando
que el gobierno federal desestabilizaba los esfuerzos por la paz con
la incursión de “duros” y movilización de “instrumentos no legales” en
alusión al empleo de grupos de choque para controlar a comunidades
simpatizantes con el EZLN.
Esta semana, Camacho relató a CNNMéxico que hubo dos líneas a seguir
en esos días: "por un lado, el diálogo y la paz, evitar lo que había
pasado con las guerrillas centroamericanas... y después hubo todo un
debate de si seguir con acciones represivas o seguir con la vía del
diálogo". Sin embargo, se negó a afirmar si hubo grupos de choque por
no tener evidencias "de fondo", explicó.
Un reporte de mercados emergentes del Chase Bank, una institución
financiera de Estados Unidos, dio cuenta de la situación en México a
principios de 1995, y es aportado como prueba por los acusadores de
Ernesto Zedillo.
En un memorándum "interno", señala la demanda, su autor Riordan Roett,
explica que el gobierno mexicano no actuó con mayor presión en contra
del EZLN debido a la crisis económica que vivía el país.
El analista del Chase Bank informó a sus directivos: “El gobierno
necesita eliminar los Zapatistas para demostrar su efectivo control
del territorio nacional y su seguridad”.
En las conclusiones del comunicado se explica que la resolución de
este conflicto se “pospone inevitablemente hasta que la situación
económica se normalice”.
Un boletín de noticias llamado CounterPunch, editado en Estados Unidos
en febrero de 1995, hace referencia al memorándum del Chase Bank:
“Importante banco de E.U. insta a acabar con los Zapatistas”.
Sus autores, K. Silverstein y A. Cockburn, además de reseñar el
comunicado interno del Chese Bank, señalan que en México un grupo de
18 empresarios habían presionado al presidente Zedillo para que se
“lanzara una ofensiva en Chiapas”.
A ellos se les habían sumado algunos altos oficiales militares,
quienes “de acuerdo a reportes”, dice el texto, enviaron tropas a
entrenarse en Argentina y Chile, “dos de los ejércitos más brutales de
Latinoamérica en los setenta”, señalan, como medida para acabar con
los zapatistas.
En un cable clasificado como “secreto”, del Departamento de Defensa de
EU, sin precisdar qué área, hacen un resumen sobre la situación de
Chiapas y el actuar del Ejército de México en esos días.
Fechado en mayo de 1999, el asunto del comunicado dice:
“Involucramiento del Ejército en Chiapas con grupos paramilitares”.
Informa que “durante la masacre de Acteal en diciembre de 1997,
oficiales de inteligencia del Ejército estuvieron involucrados en
mantener a grupos armados en los Altos de Chiapas”, donde se ubica
Acteal.
También explica cómo se integraban los grupos especiales, siempre con
la ayuda de personas locales que dominaran la lengua de los indígenas
chiapanecos. Y señala que, aunque la prensa y grupos de derechos
humanos acusaron de ello al Ejército, nunca se responsabilizó a ningún
militar.
Una carta escrita por habitantes de Chenalhó, municipio donde se ubica
Acteal, y dirigida al entonces presidente Ernesto Zedillo, marcada
como recibida con un sello de la Presidencia en octubre de 1997,
plantea conflictos de seguridad que se habían generado en sus
comunidades desde semanas anteriores: desaparición de personas,
asesinatos, actos vandálicos y provocaciones.
Por ello, pedían que “las autoridades judiciales realicen las
investigaciones exhaustivas correspondientes” para aclarar las
denuncias que presentaban. Y aceptaban que algunas personas poseían
armadas en la comunidad, pero que aludían al artículo 10 de la
Constitución, el cual permite la posesión de armas, no prohibidas,
para la legítima defensa.
Una carta del obispo auxiliar de Chiapas, Raúl Vera, al secretario de
Gobernación del presidente Zedillo, Emilio Chuayffet, también es
utilizada como evidencia de la responsabilidad del Ejecutivo.
Escrita el 18 de octubre de 1997, narra hechos que le han generado
“preocupación” y que quiere hacer del conocimiento del responsable de
política interior, como el secuestro por parte de hombres armados de
sacerdotes en algunas comunidades, y la prohibición del culto católico
en algunas zonas del estado.
“La información que hemos conseguido de nuestra gente, es que estas
tácticas son bien conocidas y usadas por grupos paramilitares, que se
están implementando. (…) los grupos paramilitares continúan
multiplicándose, ahora en el área norte de los Altos de Chiapas (ha
habido enfrentamientos en Chenalhó y Panteló)”, externa el obispo con
preocupación al secretario Chuayffet.
La carta, traducida por los acusadores, no indica si fue recibida por
el secretario Chuayffet. En la acusación se incluye como prueba la
traducciónd e la carta y una imagen ilegible del artículo con respecto
a la carta publicado en el diario La Jornada.
El Departamento de Estado del gobierno estadounidense emitió, según la
demanda, un cable “secreto” acerca de la situación posterior a la
masacre de indígenas tzotziles de Chiapas en Acteal, cuya copia es
aportada como otra prueba.
Realiza una reseña del despliegue militar posterior a la masacre. En
“máxima alerta” se encontraba el Ejército en la zona, por lo que
miembros de inteligencia estadounidense dieron cuenta a su gobierno de
la situación.
De acuerdo a fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos,
citadas en el documento, “unidades militares en la zona no
respondieron a la solicitud de auxilio de ciudadanos para intervenir
en el enfrentamiento y asesinato de indígenas tzotziles”, a pesar de
que cinco horas antes de la masacre habían comenzado los disparos.
El cable nombra al grupo paramilitar “Movimiento Revolucionario
Indígena Anti-zapatistas” como uno de los involucrados en el
hostigamiento a tzotziles que se habían declarado a favor del EZLN en
la zona de los Altos de Chiapas.
Los acusadores también hacen referencia a la agenda que tuvo el
presidente Ernesto Zedillo el 22 y 23 de diciembre, el día de la
matanza de Acteal y el día posterior.
En un reporte de la agenda del Presidente de la República, solicitado
por la defensa al gobierno mexicano, se muestra que el presidente tuvo
programadas entrevistas el día de la matanza con líderes de los
partidos políticos como Felipe Calderón, presidente del PAN, y Carlos
Castillo Peraza; más tarde con Mariano Palacios Alcocer, presidente
del entonces gobernante PRI; y con la líder sindical Elba Esther
Gordillo.
El día siguiente tuvo actividades privadas la mayor parte del día,
hasta las 18 horas, cuando se reunió con el gabinete de seguridad de
su gobierno.
En la demanda, se sugiere que se reunió con importantes figuras
públicas.
La última prueba presentada públicamente refiere la sustitución que se
dio en Chiapas en 2008 del fiscal encargado del caso Acteal, Noé Maza
Albores, quien antes de que fuera removido del cargo, declaró que 26
indígenas encarcelados por la matanza de Acteal podrían ser inocentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció, en 2009, que los
juicios en contra de 20 indígenas inculpados habían sido manipulados a
favor del Estado, por lo que ordenó su liberación.
“El previo fiscal, el Lic. Noé Maza, fue despedido después que indico
que él creía que algunas de las personas previamente convictas podían
ser inocentes”, indica la demanda.
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/09/26/la-agenda-del-presidente
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