México, DF. Medios públicos y sociales debilitados, derechos de las audiencias al arbitrio de las empresas privadas, contenidos cada vez peores y una regulación casi ausente para radio y televisión serán algunas de las consecuencias de la ley de telecomunicaciones, que reglamenta la reforma constitucional en la materia aprobada en abril de 2013, de acuerdo con Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), y con Elfego Rivera, comunicador de
Radio Teocelo.
La desaparición o disminución de medios comunitarios y públicos hará que no exista contrapeso a los mensajes "adormecedores" de los medios comerciales, por lo que en el fondo se trata de mantener el control de la población, afirma el radialista Rivera. Con esta ley, agrega, se agravian los derechos a la información y a comunicar por medios propios a más de cien millones de mexicanos, que se quedan sin la opción de poder difundir mensajes con óptica e intencionalidad ciudadana, distintos a los de medios públicos –que muchas veces responden a intereses oficiales- y los comerciales, que responden a las empresas. "Lo que veremos será una explosión de medios libres que invadirán el espectro radioeléctrico. La gente no esperará a que haya una reforma incluyente, porque tiene la necesidad", predice.
La propuesta de ley favorece fundamentalmente al sector de la radiodifusión, señala a
Desinformémonos Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). "Hay una regulación muy puntual para telecomunicaciones -telefonía móvil fundamentalmente, lo que es positivo debido a los abusos de América Móvil-, y escasa en los puntos más importantes de la radiodifusión, con muy pocos cambios respecto de la legislación actual", analiza.
La ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, en discusión en el Senado de la República, debió estar aprobada desde el 9 de diciembre de 2013. La AMEDI señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le apuesta a que la iniciativa se debata con poco tiempo y no existe una discusión seria de su contenido. "La apuesta es sacarla en este primer periodo legislativo para mantener la situación de privilegio al sector de la radiodifusión", denuncia Ramírez.
Esta propuesta de ley que, denuncian organizaciones civiles, va incluso contra la reforma constitucional, llegó fundamentalmente por las presiones del sector de la radiodifusión, considera Agustín Ramírez. El especialista explica que aunque ahora estos empresarios señalan que no les gusta mucho la ley, se trata simplemente de juegos de palabras. "Si no, no se explica cómo desde hace un mes se les repartió exactamente esta misma versión y no dijeron nada, hasta ahora".
"Los derechos de los ciudadanos deben prevalecer por encima de los intereses corporativos de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones", afirma la AMEDI en su comunicado.
Con la propuesta de ley, los ciudadanos quedan en una situación desventajosa, advierte el presidente de la AMEDI. Como usuarios, "lo único que está es lo que ya sabemos, que tenemos derecho a que en el contrato sean muy puntuales con respecto a los plazos. Pero en la parte de audiencias no hay derechos específicos. Lo que hay –y es un retroceso enorme- es que la promoción de los derechos de las audiencias estará en los códigos de ética de los concesionarios, queda a su juicio, y es un elemento que va contra los ciudadanos y favorece a las empresas dedicadas a la radio y la televisión abierta".
"En México se está considerando al ciudadano simplemente como un sujeto de las empresas que van a comercializar los tiempos y tienen poder de instalar las antenas de telefonía; no nos están dando a estos 115 millones de personas el poder de comunicar por medios propios, nos están haciendo a un lado", abunda Elfego Rivera.
Principales afectaciones
La AMEDI advierte que la propuesta está lejos de satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como las condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. "Ni siquiera existe una definición expresa sobre su naturaleza como servicios públicos de interés general", resalta en un comunicado.
Para las organizaciones ciudadanas, uno de los puntos criticables es que la Secretaría de Gobernación (Segob) conserva la supervisión de los contenidos de los servicios de radio y televisión. "Nos pone de policía vigilante a la Segob", define el radialista, quien considera que la situación es una vuelta a la década de los ochentas –cuando a
Radio Teocelo, por ejemplo, le llegó una llamada de la Secretaría cuando transmitieron un mensaje del entonces candidato opositor Heberto Castillo. En cambio, los empresarios de radio y televisión siempre han estado conformes con esta "regulación", afirma Ramírez.
Además, enumera la AMEDI, la ley permite la interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, violando principios básicos de derechos humanos, diluye la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias y a la propiedad cruzada y deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos que corresponden al Estado.
El planteamiento de la ley, en sentido contrario a la reforma constitucional aprobada en 2013, ignora los derechos de las audiencias, aseguran los entrevistados. "No basta enlistar un reducido catálogo de principios generales, y mucho menos señalar que la promoción y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estarán en los códigos de ética de los concesionarios", lanzó la AMEDI.
Además, ignora la importancia de los medios públicos y de uso social. "Desestima los principios –referidos en el artículo décimo transitorio- para que cuenten con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales", enumera la Asociación.
En cambio, "se establece un régimen francamente entreguista para los medios comerciales, a los que se les otorgan incentivos en materia de publicidad, contenidos y multiprogramación, entre otras cosas, además de promover la subasta como mecanismo para decidir al ganador de una licitación", contrasta la AMEDI.
Elfego Rivera señala que ellos aún no entienden la lógica de presentar primero una propuesta y luego una versión muy distinta, "pero en los dos casos, el mensaje es el mismo: son reformas que agravian a los ciudadanos". El comunicador lo equipara con otros cambios legislativos privatizadores. En este caso, "se impide que los ciudadanos tengan derechos a comunicar por medios propios, y se favorece una mayor concentración de frecuencias de radio y televisión en unas cuantas manos".
Medios comunitarios, al cajón del olvido
La AMEDI explica que, en contra de la obligación legal de introducir un régimen favorable para el desarrollo de los medios públicos, comunitarios e indígenas, se les asfixia con requisitos discrecionales, "propios de un sistema autoritario", además de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento. Específicamente, no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un régimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario, al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público.
"No hay un régimen especial para obtener las concesiones. La Constitución dice que las de uso público y social deben asignarse de manera directa, y que habrá un proceso transparente. Ahora resulta que se les prohíbe de una manera tajante los patrocinios, la comercialización, y se dice que la única fuente alterna de financiamiento que pueden tener son las aportaciones de la comunidad", señala Ramírez. "Es totalmente absurdo. La pretensión de la iniciativa es seguirlos manteniendo en un esquema de marginalidad todavía mayor a la que viven en este momento, porque además se les piden una serie de requisitos como la obligación de demostrar el origen de los recursos con los cuales van a entrar a operar. No es lo mismo un consorcio que una comunidad, entonces se les trata de una forma totalmente asimétrica".
Todos los medios pasan a ser concesionarios. La concesión única se dividirá en cuatro ramas: pública, comercial, privada y social (en esta última entrarían las indígenas). "Nos meten en un último cajón, como que no importan, porque no está pensado para que el ciudadano sea sujeto del derecho de comunicar, sino un simple consumidor de contenidos", especifica el comunicador de
Radio Teocelo.
Para los medios comunitarios, "será muy difícil sobrevivir en una competencia de altos niveles", afirma Rivera.
Radio Teocelo, por ejemplo, necesitará cerca de 5 millones de pesos para salvar el apagón analógico. "Como medio no gubernamental, no comercial, impedido para tener acceso a fuentes de financiamiento que nos permitan crecer y modernizar la planta, no por lucro sino por servicio a la comunidad, estamos en la circunstancia de no saber qué hacer en 2016", lamenta el comunicador.
A los medios públicos tampoco se les da la suficiente plataforma tecnológica y financiera para subsistir, "y mucho menos para hacer contrapeso a los contenidos comerciales y adormecedores de la conciencia, con lo cual también estamos hablando, en el fondo, de tener el control de la gente por medio de los instrumentos de comunicación masiva", señala Rivera.
El radialista señala que los medios comunitarios no están diseñados para lucrar, pero que sí necesitan poder allegarse recursos suficientes ya sea por patrocinios o por comercialización de tiempos para su funcionamiento, y que los remanentes se inviertan en adquirir equipos más modernos para una mejor señal en zonas urbanas, rurales o indígenas donde se requiere "otra manera de hacer comunicación".
Los medios comunitarios, hasta el momento, sobreviven en su mayoría por recursos de fundaciones y organizaciones sociales, las donaciones de la audiencia y sobre todo, por el trabajo voluntario. Desde décadas anteriores, los concesionarios comerciales –agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT- alegaron "competencia desleal" para impedir el acceso de los medios de uso social a patrocinio y comercialización de tiempos.
Nadie se da por aludido
Elfego Rivera señala que en el caso de otras reformas estructurales, los afectados han salido a las calles de forma diferenciada: en la educativa, grandes contingentes de profesores protestaron; algo similar –aunque minoritario si se compara con el tamaño de agravio- sucedió con la energética. "Pero en el caso de las telecomunicaciones, nadie se da por aludido. Es un tema sólo invocado por un selecto grupo de intelectuales, legisladores o especialistas, pero no hay una base social que le esté reclamando al Estado", lamenta.
El comunicado r señala que es estratégico que haya medios de comunicación creíbles, con ética y responsabilidad social para equilibrar la oferta comercial adormecedora. "Tampoco se están invocando los estándares internacionales de libertad de expresión para decir que el Estado atenta contra la libertad de expresión y el derecho a comunicar de las personas", abunda.
Ramírez explica que la AMEDI presentó una iniciativa de ley, que por obligación debe ser analizada al igual que la del ejecutivo. "Tendrán que razonas los legisladores por qué no les gusta la iniciativa ciudadana, y ahí habrá elementos para la discusión", expone. Otra opción para impedir sus efectos será interponer un recurso de constitucionalidad, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie.
Si nada de esto sucede, acendraremos "un sector de la radiodifusión, particularmente televisión, con los mismos contenidos deplorables que actualmente tenemos, sin posibilidad de las audiencias de buscar beneficios, sin la opción de los medios públicos –porque se les deja de lado", finaliza el presidente de la AMEDI.
Original Page:
http://desinformemonos.org/2014/03/para-la-ley-de-telecomunicaciones-los-ciudadanos-son-simples-consumidores/ 
