"No matamos ni secuestramos, estamos presos por defender el agua",
aseguran los seis nahuas de Tlanixco condenados a 50 años de prisión, en
la primera entrevista que conceden en la cárcel
Gloria Muñoz Ramírez
5 octubre 2018 0
Almoloya de Juárez, Estado de México. Es un sábado de septiembre y el
patio principal de la cárcel de Santiaguito luce repleto. Es día de
visita y largas filas de hombres y mujeres con bolsas de plástico y de
mandado esperan su turno para entrar. Adentro es una romería, un grupo
musical pone el ambiente cumbiero y decenas de parejas se ponen a
bailar. Hileras de presos exponen sus artesanías en el suelo, mientras
otro tanto las ofrece de mesa en mesa. En un rincón se sientan en dos
mesas Dominga, Rómulo, Pedro, Marco Antonio, Teófilo y Lorenzo, nahuas
defensores del agua de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de
Tenango del Valle, Estado de México. Es la primera vez en 15 años que
ofrecen una entrevista.
El primero de abril del 2003 la vida toda se transformó para la
comunidad de Tlanixco, en el valle de Toluca. Ese día se escucharon
fuerte las campanas de la iglesia en el centro de la comunidad, como
suenan en todos los pueblos indígenas cuando hay alguna urgencia o algo
importante que les compete a todos. A mediodía ingresaron a su
territorio 11 empresarios floricultores del municipio vecino de Villa
Guerrero, encabezados por su líder Alejando Isaak Basso, quienes,
cuentan, con insultos y agresiones físicas acusaron a la comunidad de
ensuciar el agua del río. Al repique de las campanas acudieron más de
300 personas para defender el agua que los floricultores les disputan
desde el 2002, y para exigir que salieran de su comunidad.
En la parte conocida como El Salto, los floricultores atacaron
verbalmente a la población nahua, "indios pendejos", les dijeron, y los
pobladores insistieron en que el agua del río Texcaltengo les pertenece
por derecho. En medio de la acalorada discusión, señala la defensa
encabezada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el
ingeniero Isaak Basso "cayó en una barranca, lo que le ocasionó la
muerte", y de ese acontecimiento el Estado acusa justo a los seis
representantes visibles de la defensa del agua.
Dominga González Martínez, de 61 años, es "chaparrita y morenita", dos
características que la tienen presa. Un hombre dijo que una mujer con
ese perfil asesinó a Alejandro Isaak Basso, líder de los empresarios de
la flor de Villa Guerrero, con quien la comunidad mantenía una disputa
jurídica por el río río Texcaltengo, también llamado río Grande, que
nace en su territorio y que los floricultores requieren para el riego de
sus invernaderos. Fue detenida desde hace 11 años en un operativo en el
que, recuerda, privó "la violencia y la tortura" ejercida por más de 100
judiciales "armados y encapuchados" que llegaron en 35 vehículos y
allanaron la casa que habitaba con sus hijas y la familia de su hermano.
"Me subieron a un vehículo y me llevaron a un cuarto muy feo, ahí me
agredieron y amenazaron con violarme", recuerda esta mujer de cabello
largo y tranzado, enfundada en un vestido azul, el color impuesto en el
penal para quienes están en proceso de sentencia o de resultado de
apelación. De beige visten "los confirmados" o, mejor dicho, los condenados.
Dominga no duda: "detuvieron a los que participamos en la lucha por la
defensa del agua y armaron una cacería de brujas en el pueblo. Nosotros
estamos aquí por defender el agua de Tlanixco, mi comunidad". Ella
obtuvo una concesión para uso del agua porque es ejidataria "y con mi
título fui a defender lo que nos pertenece, pero en la Agraria, con la
lucha jurídica, no matando a nadie".
La defensa de ríos y manantiales en Tlanixco no es nueva. Más de 18 años
tienen los nahuas defendiendo sus derechos territoriales sobre las aguas
que nacen en su localidad. En 1999, explica Carlos González, abogado de
la comunidad, la Asociación de Usuarios de Riego de Villa Guerrero,
representada Isaak Basso, obtuvo una concesión sobre las aguas
superficiales del río Texcaltenco, que dejó a la población indígena sin
posibilidades de tomar una gota de agua del afluente. El primer amparo
contra esta disposición se metió en 2001, pero en 2003 se desató una
fuerte cacería de brujas en la comunidad que terminó con el
encarcelamiento de seis de los defensores y la implantación del terror
en todo el territorio.
Es curioso, dice Dominga "en mi comunidad tenemos ríos y manantiales,
pero en las casas no tenemos agua porque se la llevan los empresarios de
Villa Guerrero. Con pipas se recibe cada semana el agua y hay veces que
ni para lavar los trastes tenemos, cuando ahí está el río que es de
nosotros".
Y por su defensa, insiste, fue encarcelada a los 49 años y sentenciada a
pasar el resto de su vida en prisión, pues la condena es de 50. Los días
tras las rejas "pasan tristes" y, para que pasen más rápido teje y borda
servilletas, cojines y manteles. Está enferma de la presión y tiene
diabetes, lleva tres cirugías bajo prisión y desde aquí lloró la muerte
de su madre y de su padre. Su único motor, dice, es imaginar su libertad
y regresar con sus tres hijas, su hijo y sus nueve hermanos y hermanas.
Sus compañeras de celda le dicen que no se desespere, que va a salir, y
su humildad le ha ganado el respeto hasta de las custodias. Dominga no
sabe leer ni escribir, no fue a la escuela pero sí aprendió las tablas
de multiplicar. Las palabras, dice, "se me hace difícil rejuntarlas".
Antes de que la detuvieran, Dominga se dedicaba a recolectar plantas
medicinales para hacer trueque con ellas. Intercambiaba gordolobo,
yerbabuena, manzanilla y también trabajaba como jornalera en la cosecha
de maíz, donde le pagaban 60 pesos diarios por trabajar de las siete de
la mañana a las cuatro de la tarde. Como muchas mujeres de su pueblo,
Dominga también se empleó en casas particulares como trabajadora
doméstica, pero, dice, le gusta más el campo.
La mujer nahua, pequeñita de estatura, preparó para el día de visita un
mole de olla. Su hija la fue a visitar y recarga su cuerpo sobre ella.
No duda. Si recobra su libertad seguirá defendiendo el agua "pues sin
ella se acaba la vida".
-¿Ha valido la pena?
– Una parte sí, porque defendemos lo nuestro. Pero estando aquí una
pierde todo. Viene la familia pero se va y volvemos a nuestra realidad,
a los dormitorios, a la tristeza.
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*Lo que nosotros queremos para sobrevivir, otros lo quieren para
enriquecerse: Marco Antonio Pérez González*
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Marco Antonio apenas tenía un año de casado cuando lo detuvieron en la
Ciudad de México, donde trabajaba como ayudante de albañil. Tenía
entonces 26 años, hoy tiene 38, de los cuales 12 ha estado tras las
rejas, condenado a 50 años de prisión por privación de la libertad y
homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak.
Un día antes de que llegaran los floricultores de Villa Guerrero, Marco
Antonio y su esposa bautizaron a su hijo Juan Carlos. El día que sonaron
las campanas "estaba ayudando a arreglar la casa" cuando pasó una señora
y les avisó que habían llegado los de Villa Guerrero y querían desviar
el agua. Marco Antonio en encaminó hacia el lugar, pero ni siquiera
llegó "ya luego me entero que el señor cayó al barranco".
Lo detienen tres años después, el 12 de diciembre del 2006, en su lugar
de trabajo en una obra en la Ciudad de México. Estaba en la misa de la
Virgen de Guadalupe "cuando llegaron los judiciales y me dijeron 'ya te
cayó la chingada'. Me preguntaban 'quién mató al ingeniero' y luego me
llevaron a la Procuraduría del DF y más tarde, rápido, a Santiaguito".
Marco Antonio pisó la cárcel "y aquí me sentí triste, derrotado,
angustiado. Todo se te cae. Aquí te das cuenta de que las leyes no son
para nosotros. Se ensañaron porque defendemos el agua, porque somos
indígenas, porque lo que nosotros queremos para sobrevivir, otros lo
quieren para enriquecerse".
Al año de que lo encarcelaron, murió la mamá de Marco Antonio, "más que
enfermedad fue de tristeza". Actualmente hace artesanías, cuadros,
servilleteros, rompecabezas, portarretratos, todo de madera, que luego
se esposa vende afuera para las fiestas. Ella trabaja haciendo el
quehacer en casas en Toluca y él estudia en el penal la preparatoria.
El agua, finaliza, "para nosotros es la vida, es sagrada, sin ella no
somos nada. Me dicen ahora que no hay en el pueblo ni para lavar. Y yo
digo, 'ah, chinga, si yo estoy aquí por eso'".
"Defender nuestros derechos no es un delito", remata.
*"Que el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se de cuenta de
que llega a un país con presos políticos indígenas": Pedro Sánchez
Berriozábal*
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"La cárcel es una bomba de tiempo. Es muerte. Estado vegetal. Convivimos
con gente asesina, gente que no tiene valor de la vida, violadores,
secuestradores, sicarios, enfermos mentales. Hay hasta un caníbal que
mató a su esposa y se la comió. Yo, en cambio, estoy aquí por defender
el agua", afirma Pedro Sánchez, de 52 años, campesino y comerciante,
defensor del agua, esposo de Marisela y padre de cinco hijos. Lleva 15
años en prisión y está condenado a 50. Viste de beige, pues tiene
sentencia confirmada.
"Las personas que me acusan", dice, "no quieren justicia por el muerto,
sino someternos para que la lucha por el agua desaparezca". Por eso,
explica, "no es casualidad que a los tres participantes en la defensa
del agua nos dieran las penas más altas. Dijeron que nosotros habíamos
pateado al ingeniero, pero los que nos inculpan han acomodado sus
declaraciones. Uno de ellos hasta declaró que la hermana del ingeniero
Basso lo preparaba para las declaraciones como testigo".
Pedro es ejidatario de Tlanixco. El 1 de abril del 2003 no escuchó el
repique de las campanas porque no se oye en la tortillería que tenía,
pero como apenas ocho días antes fungía como vocal del Comité del Agua
Potable, pasaron por él. "Cuando me avisaron fui a donde estaba el
presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero; su
representante legal, de nombre Adolfo y su comitiva. La gente les
reclamaba que porqué estaban ahí, profanando nuestros lugares sagrados.
Ellos decían que iban a entubar el agua porque estaba sucia. Entonces yo
me regresé para el pueblo. Un niño comentó que el ingeniero se
desbarrancó y así me entero".
Tres meses después, un 22 de julio de 2003, lo detienen a las 11 de la
mañana. Se dirigía al campo, a recoger una cargada de claveles para
vender en el mercado. Hombres armados, encapuchados y sin identificarse
interceptaron su camioneta, lo subieron a su vehículo y se lo llevaron
al Ministerio Público de Tenango del Valle. Luego lo trasladaron a la
Procuraduría, donde le pidieron que firmara una hoja en blanco "y yo le
puse rayas a la hoja". La siguiente parada, ese mismo día, fue Santiaguito.
"En el asunto del agua", explica, "el Estado siempre favoreció a los
empresarios de Villa Guerrero. El gobierno le echaba más lumbre al
conflicto, no quería arreglarlo por intereses económicos de los
floricultores. El gobernador Arturo Montiel los favoreció siempre con el
arroyo Río Grande. No hay pruebas para habernos sentenciado como
culpables y menos para las penas que nos dieron. Hoy, tantos años
después, no se trata de que nos disminuyan las sentencias, queremos la
absolución. Somos inocentes", dice tajante.
En Santiaguito trabajó durante mucho tiempo como artesano y actualmente
estudia la preparatoria. "El encierro es muy rudo, te tira. Vivimos con
la ilusión de que a los compañeros que están esperando la apelación,
como Dominga, se les resuelva favorablemente, conforme a derecho y que
se respete su condición indígena. El Estado sabe que tuvo la culpa de
hacer crecer esta situación, pero no pierdo la esperanza, pues me sé
inocente".
Pedro es claro en su demanda: "que el nuevo presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, se de cuenta que llega a un país con presos
políticos indígenas".
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*"Yo ni siquiera estuve en el lugar":* *Teófilo Pérez González*
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Aquél primero de abril del 2003, Teófilo no alcanzó a llegar al lugar en
el que los floricultores de Villa Guerrero, encabezados por su líder
Alejandro Basso, discutían con la gente de la comunidad que les exigía
que salieran. Lleva 15 años presos, dice, por "defender un recurso de mi
pueblo, el agua que nos pertenece".
Teófilo Pérez tiene 47 años, 15 preso, sentenciado a 50 de prisión. Es
de oficio albañil, pero trabajó 10 años como policía, luego se fue a
trabajar como migrante en Carolina del Norte, donde sembraba flores y
pasto en casas particulares. Regresó en 2002 a Tlanixco y empezó con la
albañilería, dos meses se compró un taxi y trabajaba la ruta Tenango
del Valle-Tlanixco.
En noviembre de 2002, una asamblea del pueblo lo nombró miembro del
Comité de Agua para abastecer a las casas de agua potable. En febrero
del 2003 asumió el cargo tradicional, sin pago alguno. "El primero de
abril de ese año me fui a trabajar a San Bartolo, Villa Guerrero, estaba
pegando unas ventanas en una casa. No había cemento y nos regresamos a
Tlanixco, luego me fui a darle de comer a unos cerdos que tenía y estaba
ahí a mediodía cuando escuché las campanas. Llegó mi esposa y me avisó
que llegó la gente de Villa Guerrero. Yo estaba arreglando un cable de
luz y a las 3 o 4 de la tarde decido ir al río, me voy por el camino, no
por la vereda. Vi gente reunida a lo lejos, pero llevaba hambre y me fui
para mi casa. Al otro día me fui a trabajar en el taxi. O sea que yo ni
siquiera estuve en el lugar".
En los días posteriores, cuenta, "nos mandó llamar el Secretario de
Gobierno del Estado de México, en Toluca. Nos dijeron que se haría un
estudio del agua para que no nos faltara. Y así quedamos. Pero el 22 de
julio vinieron por mi como a las 6:30 de la mañana. Iba yo por el
crucero de Tengo del Valle y se me cerró una pick up como con ocho
personas armadas. Me bajaron de mi taxi y me subieron a su camioneta.
Eran judiciales pero nunca se identificaron. Me llevaron a la
Procuraduría sin orden de aprehensión. Nada".
Dos horas después lo subieron a otro vehículo, ahí vio a su compañero
Pedro, y junto a él lo trasladan a Santiaguito. "A las 72 horas me
dictaron el auto de formal prisión acusado de homicidio, y tres años
después recibí la sentencia de 50 años, que luego me confirmaron".
Teófilo no pierde el tiempo en prisión. Es parte del coro de la iglesia,
aprendió a tocar guitarra, teclados y acordeón y se apegó a la lectura
de la biblia. Elabora portarretratos, lámparas y cuadros que su esposa
vende afuera. También colabora en la clínica de personas enfermas de sus
facultades mentales, a quienes lleva música como terapia. Cursa la
preparatoria, graba música norteña, hace meditación y fue elegido para
el curso de justicia restaurativa. "Yo le entro a todo porque trato de
mantenerme ocupado, pues la cárcel es muy dura. Vienes de un pueblo
indígena con otras costumbres, otra forma de pensar, y te ves aquí con
secuestradores y con asesinos confesos. Es duro".
Su esposa Silvia antes sólo trabajaba en la casa, ahora se emplea como
trabajadora doméstica en otras casas. Tiente cuatros hijos: Omar,
Viviana, Jaqueline y Ángel, de 26, 24 y 20 años lo últimos dos, y de
ellos "agarro la fuerza para seguir aquí".
*"Me dijeron que me había metido con una persona importante del Estado
de México": Lorenzo Sánchez Berriozábal *
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"Me dijeron que me había metido con una persona importante del Estado de
México. En las primeras declaraciones los testigos ni mencionan mi
nombre, pero a la gente de Villa Guerrero les dieron un periódico donde
aparezco en una reunión del pueblo, y de ahí el testigo, hasta su
tercera declaración, amplió su imputación a mi. Dice que yo le dije al
ingeniero que ya nos tenía hasta la madre", cuenta Lorenzo Sánchez. Y
aclara: "pero yo no hice nada, por ser del pueblo, como todos, tenemos
la obligación de cuidar los recursos, pero no atenté contra ese señor".
Lorenzo tiene 54 años, 11 tiene en prisión y está condenado a pasar ahí
medio siglo. El 1 de abril del 2003 estaba atendiendo su tienda de
materiales para la construcción. Acudió al llamado de las campañas
porque, dice, "ésa es la costumbre del pueblo nahua, juntarnos cuando se
requiere". Y añade: "Para nosotros el agua es sagrada. Por ella vivimos.
Somos de ella".
Lorenzo fue al manantial de los Chicamulos y al bajar encontró a muchas
personas. "La gente de mi pueblo le preguntaba al hoy occiso a qué había
ido y él contestaba con groserías y decía que estaba en tierras
federales. Le dijimos que tenía que haber pedido permiso para entrar,
porque para nosotros el manantial es sagrado. Mucha gente le pedía
llegar a un acuerdo", recuerda Lorenzo.
Junto a él, con libreta y pluma en mano su cuñado pedía su nombre a las
11 personas que acompañaban al líder de los floricultores. "Les pedimos
que públicamente informaran al pueblo a qué habían ido, pues así es
nuestra costumbre. Luego me adelanté al pueblo a conseguir una máquina
para levantar el acta, pero como la gente no llegaba me fui al
auditorio. A los 11 que estaban en la Delegación los llevamos a la
autopista para que se fueran, y antes les dimos de comer. Después me
enteré que el ingeniero estaba muerto en el barranco. No supe que pasó
porque yo no estaba ahí, estaba en el pueblo".
A Lorenzo lo detuvieron el 11 de abril del 2006 en la colonia Portales,
en la Ciudad de México, donde trabajaba como ayudante de topógrafo.
"Llegaron los judiciales, me taparon con una chamarra y me subieron a un
carro, ahí me golpearon duro, golpes por todo el cuerpo, pero por encima
de la chamarra para que no se hicieran moretones. Me llevaron a un
Ministerio Público de la delegación Benito Juárez y de ahí luego luego a
Santiaguito, sin siquiera orden de aprehensión".
Comerciante, obrero y defensor del agua, Lorenzo advierte que para los
floricultores, el agua es un gran negocio y que "la hermana del difunto
no quiere justicia, no le importa si alguien lo mató, sino que alguien
pague. Todo el proceso se basa en la declaración de un niño fantasma,
pues nunca apareció, que según dijo que vio que las personas lo
aventaron al barranco, no hay nada más".
"Que los magistrados no pasen por alto que somos indígenas nahuas y
pertenecemos a una comunidad. Nos dieron la sentencia más alta y no nos
respetaron la presunción de la inocencia", dice Lorenzo, esposo de
Yolanda y padre de un hijo de 28 años, que se dedica en la prisión a
hacer artesanías y a lavar trastes de otros presos "para tener dinero y
no depender de la familia".
*"Queríamos rescatar nuestros ríos y nuestros arroyos. A nosotros nos
nombró el pueblo para eso": Rómulo Arias*
En el patio del Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito,
los presos ofrecen, para ganarse unos pesos, desde la ayuda para cargar
las enormes bolsas de alimentos, hasta el apartado de una mesa, una
canción o un ramo de flores. Los rostros son duros, las miradas
perdidas, pero también hay bullicio y música en vivo. De pronto parece
un tianguis.
Rómulo Arias tiene 48 años, 13 de los cuáles ha estado en prisión. Es el
que carga con la condena más alta: 54 años por homicidio calificado y
privación de la libertad. Viste de color beige, es un "confirmado",
pero, aclara, "yo no maté ni secuestré a nadie".
A Rómulo lo detuvieron en el 2006 acusado también de asesinar a
Alejandro Isaak Basso aquella tarde del 1 de abril del 2003. El día que
llegaron los judiciales estaba en su casa desayunando con su hermano
Felipe, a quien golpearon junto a sus hijos. A Rómulo lo sometieron 40
judiciales y se lo llevaron a la fiscalía de Tenango del Valle, donde lo
torturaron.
"Cuando entras a la cárcel, entras a otro mundo. La moral se va hasta
abajo. Te quitan todos tus derechos y se viene humillación tras
humillación, me trataron peor que a cualquier delincuente", dice Rómulo,
quién en Santiaguito ha trabajado como herrero, haciendo las luminarias
de las plazas públicas; después fue cocinero del comedor de vigilancia,
también maquilador de ropa interior para /Vicky Form/, y actualmente da
clases en el taller de mecánica de la prisión, tarea que compagina con
sus clases de tercer grado de primaria. "Vivo entre asesinos,
narcotraficantes, violadores. Todo está revuelto aquí y pues aprendes a
no dejarte", lamenta el nahua originario de Tlanixco.
Desde muy pequeño empezó a colaborar en el taller mecánico de una
familia de cuatro hermanos, uno de los cuales falleció en estos años de
encarcelamiento, al igual que su padre, a quién no pudo ver más. ¿Su
delito? Ser tesorero del Comité del agua de su comunidad. "Queríamos
rescatar nuestros ríos y nuestros arroyos. A nosotros nos nombró el
pueblo para eso. Son cargos tradicionales, no pagados, y por esa defensa
estoy aquí".
Aquél 3 de abril, recuerda, "resonaron las campanas, una costumbre
arraigada del pueblo para dar avisos a la comunidad. Ese día repicaron
fuerte, anunciando algo importante. Yo estaba trabajando en mi taller
mecánico cuando las oí y fui para El Salto, donde estaban las personas
extrañas de la comunidad vecina de Villa Guerrero".
Los empresarios de Villa Guerrero, explica, cultivan rosas, gladiolas,
lilis, tulipanes, "pura flor de importación que se va para Estados
Unidos y otros países". Incluso hay gente de Tlanixco y de otras
comunidades que trabajan en sus invernaderos como jornaleros "pues
tienen que trabajar para comer". La justicia, dice, "es sólo
para los que tienen dinero. A lo indígenas que defendemos los derechos y
los recursos de nuestros pueblos, no nos la aplican". Pero, aún así,
"tengo esperanza de salir de aquí. Nos apoya la gente, saben que somos
inocentes".
Su esposa Tomasa labora actualmente como trabajadora doméstica en una
casa de la Ciudad de México. Sus hijos Joel, Lizbet y Lalo, de 28, 22 y
19 años de edad respectivamente, lo visitan regularmente. "No me dejan",
dice sentado en una mesa del rincón del patio penitenciario.
Termina la hora de visita. De pie frente a la última puerta, se
aglomeran decenas de presos para pedir dinero. "Yo no tengo familia",
dicen, "jefita, deje usted algo por acá". Dominga despide a su hija y a
su hermana en la escalera, les da las últimas servilletas que bordó para
que las vendan afuera. "Este es el peor momento, cuando todos se van", dice.
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