lunes, 2 de noviembre de 2009

Anuncia SME dos controversias por el decretazo

Anuncia SME dos controversias por el decretazo

PROCESO

ROSALíA VERGARA

MÉXICO, D. F., 2 de noviembre (apro).- El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, anunció hoy que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el municipio de Tetepango, Hidalgo, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas controversias constitucionales contra la decisión del gobierno de Felipe Calderón de liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC).


         En conferencia de prensa, Esparza dijo que mientras piden al máximo tribunal del país que analice la ilegalidad del decreto, esperarán a que la Cámara de Diputados defina si promoverá por su cuenta otra controversia constitucional.

         De acuerdo con el líder del SME, Felipe Calderón decretó la extinción de LFC porque quiere privatizar la industria eléctrica, no porque quiera mejorar el servicio de luz o la calidad de las instalaciones.

"Detrás está el tema del control de las telecomunicaciones y terminar con los contratos colectivos de los sindicatos", puntualizó.

         Ante ello, añadió, solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ponga orden en la restitución del orden constitucional para mantener la paz social en la nación, pues "nadie podría gobernar con la Policía Federal y el Ejército en las calles, como lo está haciendo Calderón".

         Asimismo, señaló que mañana acudirá a una audiencia a los tribunales para discutir sobre la toma de nota, ya que la semana pasada un juzgado en materia laboral dio entrada al amparo presentado por los abogados del gremio.

Esparza aseguró que los trabajadores de LFC demostrarán el abuso de autoridad con el que actuó el director del Registro de Asociaciones para negar la toma de nota, dado que violó la propia Ley Federal del Trabajo (LFT).

Y advirtió que después de la SCJN, el siguiente paso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde exhibirán al gobierno calderonista en lo que respecta su actuación con los sindicatos, violando las garantías de los trabajadores.