VACIO POLITICO
El proceso de elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más allá de las formas institucionales que implica, incentivó la participación ciudadana de una forma muy particular e interesante.
Antes, habrá que decir que la percepción generalizada es que los avances en esta materia, en nuestro país, han sido a cuenta gotas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su creación en 1992, no ha logrado consolidar un rumbo claro en su misión, en un país con graves desigualdades, y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La figura del ombudsman, por lo menos en la administración saliente, con José Luis Soberanes al frente, lejos de lograr una identificación con la ciudadanía, dejó una estela de graves omisiones, entre las que se puede mencionar el caso de la encarcelación de la indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial y dos mujeres más. También se cuentan los casos de Atenco y Oaxaca, entre tantos más.
Jorge Carrasco Araizaga, opina en su artículo publicado en Proceso: CNDH, el fiasco “…la Comisión no ha estado a la altura del reto que representa la sistemática violación a los derechos humanos en el país”. (…)”Las graves violaciones a los derechos humanos en Atenco y Oaxaca, acreditadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostraron también la inoperancia de la CNDH. En todo ello lo acompañó (a José Luis Soberanes) su ahora sucesor, así es que nada nuevo se podrá esperar de la CNDH”.
Pero, decíamos que gran parte de la sociedad civil se interesó e involucró en este proceso, y habrá que tratar de entender el “porqué”. No es que sea de interés nuevo para la sociedad mexicana el tema de los derechos humanos; lo que sí resultó novedoso fue el involucramiento de más de mil organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del país, de norte a sur, en torno a una figura: la de Emilio Álvarez Icaza.
Lo que motivó ese involucramiento ciudadano, se fundó en la destacada labor que hizo el Mtro. Icaza al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la cual demostró que es posible impulsar la creación de un modelo de gestión que privilegie la autonomía, la participación ciudadana, la transparencia, la profesionalización, la integridad y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Desafortunadamente, como suele ocurrir en México, los asuntos torales para el país, los de interés nacional, lo deciden las cúpulas de los partidos políticos ―las más de las veces― sin escuchar a la ciudadanía, y anteponiendo sus intereses, y a veces hasta sus prejuicios, al interés público.
Ciro Gómez Leyva nos ilustra al respecto, en un artículo publicado en Milenio:
“El rechazo de los senadores del PAN a la posibilidad de que Emilio Álvarez Icaza presidiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue fulminante de principio a fin: cualquiera, menos él. ¿Qué hizo Álvarez Icaza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para merecer esa ofensiva, esa ofensa? Defender al Estado laico. Simplemente:
• Determinó, como presidente de la CDHDF, no ejercer la acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea Legislativa para despenalizar plenamente el aborto. La Suprema Corte de Justicia terminó dándole la razón, y no al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.
• Afirmó que el Estado debe reconocer el derecho de las mujeres para decidir en libertad sobre su cuerpo.
• Expresó que la peor vía para resolver el problema es penalizar a la mujer que aborte”.
Es una pena ―y debemos de lamentarlo todos en el país― que el Senado haya hecho tal desfiguro, ahora desechando perniciosamente la oportunidad de recuperar terreno vital en materia de derechos humanos en México, eso significaba la opción de Álvarez Icaza. Exceptuando a los 32 que votaron a favor de él, los senadores del PRI y del PAN llevarán a cuestas el peso de haber votado por la continuidad de un grupo cuya incapacidad, en una tarea tan delicada, está documentada.
