Militares resguardan aeropuertos, carreteras y puentes para contener
las protestas
Ocho regiones en Perú en paro general para rechazar proyecto minero de
Grupo México
Ap y Dpa
Periódico La Jornada
Arequipa.
Ocho regiones peruanas amanecieron el miércoles en huelga tras el paro
anunciado por sindicatos y asociaciones en protesta por los planes de
la empresa minera Grupo México de extraer cobre durante 18 años de un
valle agrícola del sur del país.
Militares resguardaban aeropuertos, carreteras y puentes claves en
Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y
Tacna, en una medida inédita del gobierno de Ollanta Humala para
ayudar a la policía y mantener el orden durante las protestas
convocadas por 48 horas.
Los agricultores del valle de Tambo, que abastecen de arroz y papa al
sur del país, se oponen al proyecto llamado Tía María, de mil 400
millones de dólares, porque consideran que la mina a tajo abierto para
extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan
sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico
procesada en una planta desalinizadora, que una vez utilizada será
devuelta al mar.
A mediados de mayo el Grupo México, el más importante en la minería de
ese país, suspendió por 60 días el proyecto para explicar su plan a
los campesinos. Perú afronta otros 93 conflictos mineros, 22
relacionados con hidrocarburos y nueve energéticos, según un reporte
de la Defensoría del Pueblo.
La resistencia contra la mina Tía María es protagonizada desde hace
dos meses por los habitantes de Islay, unos 60 mil, que estiman que
los trabajos de la Southern Perú Copper Corporation del Grupo México
SAB causarán daños ecológicos irremediables en una zona históricamente
dedicada a la agricultura.
La Southern dice contar con estudios ambientales que descartan los
riesgos, pero los pobladores de Islay no los admiten y sólo aceptan la
cancelación del proyecto.
Las manifestaciones en la provincia, que dejan ya cinco muertos y más
de 120 heridos, han despertado simpatías hacia los islaínos, sobre
todo en zonas donde también hay problemas con la minería, que
constituye la matriz productiva de Perú.
La explotación de Tía María es apoyada por el gobierno nacional,
fuerzas de derechas y la mayoría de habitantes de Lima, que estiman
que quienes se oponen a la actividad extractiva impiden el desarrollo
y son manipulados por organizaciones de izquierda.
En el norte del país, otro millonario proyecto minero de la
estadunidense Newmont que pretende extraer más de 200 toneladas de oro
de cuatro lagunas ha sido frenado por ganaderos. La minería constituye
62 por ciento del total de las exportaciones de Perú. El país, un
importante exportador global de minerales, es el tercer productor
mundial de cobre y el sexto de oro.
El general Enrique Blanco, jefe policial de Arequipa, anunció a
periodistas que quienes lleven piedras, palos o armas punzocortantes
serán detenidos. En protestas desde marzo hasta el fin de semana han
muerto tres manifestantes por disparos y un policía falleció por
fracturas en el cráneo que le ocasionaron piedras lanzadas por los
civiles. En 2011 tres manifestantes contra la minera mexicana murieron
por disparos de la policía.
viernes, 29 de mayo de 2015
Agrupaciones campesinas piden a la OIT intervenir en San Quintín
En el acuerdo con autoridades hay temas en el aire, indican
Agrupaciones campesinas piden a la OIT intervenir en San Quintín
Repudian que delegado del INE busque suspender reunión sobre
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
El movimiento El Campo es de Todos hizo un llamado a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para que intervenga en defensa de los
derechos de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California,
y denostó que el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en la
entidad, Donaciano Muñoz Loyola, manifestara públicamente que la
reunión del próximo 4 de junio de los agricultores con autoridades
federales y estatales para tratar el tema del salario, se suspenda
porque pone en riesgo el proceso electoral del 7 de junio.
En conferencia de prensa, integrantes de la agrupación exigieron a las
autoridades que cumplan los compromisos adquiridos y asentaron que
acudirán como observadores a la reunión programada para el 4 de junio.
En el acuerdo de 13 puntos no hay compromisos certeros; temas como
salud, vivienda, trabajo infantil y derechos de las mujeres quedaron
en el aire, asentó Carlos Ramos, de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala (CNPA).
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones
Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social, dijo que a lo
expresado por el representante estatal del INE se han sumado el
secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, y el
Consejo Agropecuario. No hemos recibido ningún comunicado oficial de
la suspensión de la reunión, pero hay presiones para ello. Nuestra
postura es que se cumpla el acuerdo de los 13 puntos y el tema del
salario de 200 pesos por ocho horas de trabajo, expresó vía telefónica
durante la conferencia de prensa.
Sobre la postura de los propietarios de los campos de cultivo de
aumentarle 15 por ciento a los jornaleros, por lo que sus ingresos
serían de 115 pesos, y que la cantidad restante para alcanzar 200
pesos por día trabajado, lo ponga el gobierno a través de programas,
asentó: No vamos a aceptar ningún intercambio por programas, queremos
que el salario entre directo a nuestras casas.
Jesús Gutiérrez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional (CNPA MN), calificó de preocupante que el representante del
INE en Baja California pida la cancelación de la reunión programada y
que el presidente de éste, Lorenzo Córdova, no se haya manifestado al
respecto, sobre todo por no haber atendido la petición de algunos
partidos políticos de pedir la cancelación del juego de futbol del 7
de junio entre México y Brasil. También llama la atención que el
Consejo Agropecuario afirme que Alberto Muñoz –quien firmó el acuerdo–
sólo fue en calidad de observador. Es claro que hay una resistencia de
los propietarios de los campos agrícolas a cumplir con lo pactado.
Los integrantes del movimiento El Campo es de Todos asentaron que una
comisión acudirá el 4 de junio para respaldar a los jornaleros
agrícolas. También demandaron que se retiren las acusaciones en contra
de los 14 jornaleros libres bajo fianza, así como garantizar la
seguridad de los trabajadores para evitar más actos de intimidación y
represión en las comunidades de San Quintín.
Agrupaciones campesinas piden a la OIT intervenir en San Quintín
Repudian que delegado del INE busque suspender reunión sobre
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
El movimiento El Campo es de Todos hizo un llamado a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para que intervenga en defensa de los
derechos de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California,
y denostó que el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en la
entidad, Donaciano Muñoz Loyola, manifestara públicamente que la
reunión del próximo 4 de junio de los agricultores con autoridades
federales y estatales para tratar el tema del salario, se suspenda
porque pone en riesgo el proceso electoral del 7 de junio.
En conferencia de prensa, integrantes de la agrupación exigieron a las
autoridades que cumplan los compromisos adquiridos y asentaron que
acudirán como observadores a la reunión programada para el 4 de junio.
En el acuerdo de 13 puntos no hay compromisos certeros; temas como
salud, vivienda, trabajo infantil y derechos de las mujeres quedaron
en el aire, asentó Carlos Ramos, de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala (CNPA).
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones
Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social, dijo que a lo
expresado por el representante estatal del INE se han sumado el
secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, y el
Consejo Agropecuario. No hemos recibido ningún comunicado oficial de
la suspensión de la reunión, pero hay presiones para ello. Nuestra
postura es que se cumpla el acuerdo de los 13 puntos y el tema del
salario de 200 pesos por ocho horas de trabajo, expresó vía telefónica
durante la conferencia de prensa.
Sobre la postura de los propietarios de los campos de cultivo de
aumentarle 15 por ciento a los jornaleros, por lo que sus ingresos
serían de 115 pesos, y que la cantidad restante para alcanzar 200
pesos por día trabajado, lo ponga el gobierno a través de programas,
asentó: No vamos a aceptar ningún intercambio por programas, queremos
que el salario entre directo a nuestras casas.
Jesús Gutiérrez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional (CNPA MN), calificó de preocupante que el representante del
INE en Baja California pida la cancelación de la reunión programada y
que el presidente de éste, Lorenzo Córdova, no se haya manifestado al
respecto, sobre todo por no haber atendido la petición de algunos
partidos políticos de pedir la cancelación del juego de futbol del 7
de junio entre México y Brasil. También llama la atención que el
Consejo Agropecuario afirme que Alberto Muñoz –quien firmó el acuerdo–
sólo fue en calidad de observador. Es claro que hay una resistencia de
los propietarios de los campos agrícolas a cumplir con lo pactado.
Los integrantes del movimiento El Campo es de Todos asentaron que una
comisión acudirá el 4 de junio para respaldar a los jornaleros
agrícolas. También demandaron que se retiren las acusaciones en contra
de los 14 jornaleros libres bajo fianza, así como garantizar la
seguridad de los trabajadores para evitar más actos de intimidación y
represión en las comunidades de San Quintín.
Acciones de boicot a elecciones, señalan Exigen Ceteg, MPG y Cetig presentar a los 43
Acciones de boicot a elecciones, señalan
Integrantes de tres grupos guerrerenses toman oficinas públicas
Exigen Ceteg, MPG y Cetig presentar a los 43
Sergio Ocampo Arista
Periódico La Jornada
Chilpancingo, Gro.
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
en Guerrero (Ceteg), del Movimiento Popular (MPG) y de la Coordinadora
Estatal de Transportistas Independientes (Cetig), tomaron las
instalaciones de la subsecretaría de Administración y Finanzas y
protestaron en la dirección de Transportes, como parte del boicot a
las elecciones del próximo 7 de junio y para exigir la presentación de
los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la mañana, en el centro de la ciudad, miembros de la Ceteg y del
MPG atacaron con piedras un camión que transportaba policías estatales
antimotines al que destrozaron los cristales. La policía estatal
reportó que varios de sus elementos se transportaban en la unidad,
pero se retiraron por una falla mecánica. Sin embargo, algunos
testigos señalaron que los policías huyeron al percatarse de la
presencia de los maestros, quienes apedrearon la unidad.
Del plantón que mantienen los integrantes de la Ceteg, algunos
mentores salieron hacia las oficinas de la subsecretaría de
Administración y Finanzas, otros a la dirección de Transportes, donde
exigieron a los directivos la entrega de concesiones y la cancelación
para quienes no cumplieron los requisitos de antigüedad.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los normalistas
de Ayotzinapa, informó que con alumnos del plantel se trasladaron a
Iguala, donde hace ocho meses desaparecieron sus hijos los días 26 y
27 de septiembre. Realizaron un mitin y colocaron una ofrenda floral
en memoria de dos estudiantes que fueron muertos en ese lugar.
El director de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Rivera
Hernández, confirmó que se tiene asegurada la matrícula, para el ciclo
escolar 2015-2016. Tenían espacio para 140 alumnos. Sin embargo, se
otorgó una prórroga de dos días y llegaron 153 aspirantes, sabemos que
en otras normales no se alcanzó a cubrir la matrícula escolar, a
diferencia de Ayotzinapa, comentó
Bloqueo en la Autopista del Sol
Los cuatro carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco estuvieron
cerrados por una hora. Los alumnos exigieron el pago de becas para
cerca de 5 mil alumnos. Participaron de enfermería, ciencias de la
educación y derecho, entre otras áreas de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
Integrantes de tres grupos guerrerenses toman oficinas públicas
Exigen Ceteg, MPG y Cetig presentar a los 43
Sergio Ocampo Arista
Periódico La Jornada
Chilpancingo, Gro.
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
en Guerrero (Ceteg), del Movimiento Popular (MPG) y de la Coordinadora
Estatal de Transportistas Independientes (Cetig), tomaron las
instalaciones de la subsecretaría de Administración y Finanzas y
protestaron en la dirección de Transportes, como parte del boicot a
las elecciones del próximo 7 de junio y para exigir la presentación de
los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la mañana, en el centro de la ciudad, miembros de la Ceteg y del
MPG atacaron con piedras un camión que transportaba policías estatales
antimotines al que destrozaron los cristales. La policía estatal
reportó que varios de sus elementos se transportaban en la unidad,
pero se retiraron por una falla mecánica. Sin embargo, algunos
testigos señalaron que los policías huyeron al percatarse de la
presencia de los maestros, quienes apedrearon la unidad.
Del plantón que mantienen los integrantes de la Ceteg, algunos
mentores salieron hacia las oficinas de la subsecretaría de
Administración y Finanzas, otros a la dirección de Transportes, donde
exigieron a los directivos la entrega de concesiones y la cancelación
para quienes no cumplieron los requisitos de antigüedad.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los normalistas
de Ayotzinapa, informó que con alumnos del plantel se trasladaron a
Iguala, donde hace ocho meses desaparecieron sus hijos los días 26 y
27 de septiembre. Realizaron un mitin y colocaron una ofrenda floral
en memoria de dos estudiantes que fueron muertos en ese lugar.
El director de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Rivera
Hernández, confirmó que se tiene asegurada la matrícula, para el ciclo
escolar 2015-2016. Tenían espacio para 140 alumnos. Sin embargo, se
otorgó una prórroga de dos días y llegaron 153 aspirantes, sabemos que
en otras normales no se alcanzó a cubrir la matrícula escolar, a
diferencia de Ayotzinapa, comentó
Bloqueo en la Autopista del Sol
Los cuatro carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco estuvieron
cerrados por una hora. Los alumnos exigieron el pago de becas para
cerca de 5 mil alumnos. Participaron de enfermería, ciencias de la
educación y derecho, entre otras áreas de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
La dirigente comunitaria Nestora Salgado cumple 23 días en huelga de hambre y tres sin ingerir líquidos
La dirigente comunitaria cumple 23 días en huelga de hambre y tres sin
ingerir líquidos
Adelantan el traslado de Nestora Salgado al Centro de Readaptación de Tepepan
En el penal federal de Tepic reportan que su estado de salud es bueno
para la función y la vida
Fabiola Martínez y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero,
será trasladada a un penal de la ciudad de México en las próximas
horas. Es posible que para este jueves ya esté en la capital del país.
El proceso se demoró porque las autoridades penitenciarias del
Distrito Federal no tenían todas las condiciones necesarias para su
internación en el Centro de Readaptación Social de Tepepan.
Aunque el viaje estaba programado para jueves o viernes, ayer por la
tarde se agilizaron las adecuaciones en Tepepan a fin de que se
concretara en la noche del miércoles o las primeras horas del jueves,
acorde con fuentes de los gobiernos federal y local.
Leonel Rivero Rodríguez, abogado de la dirigente comunitaria, dijo que
la tardanza en el traslado fue por un problema de cupo en el penal de
Tepepan.
Salgado continuará en el Distrito Federal el proceso penal por delitos
clasificados en el fuero común por secuestro agravado y privación
ilegal de la libertad, según tres expedientes judiciales (196/2013-I,
05/2014-I, 048/2014-II)
El abogado de la dirigente lamentó la falta de sensibilidad y poco
profesionalismo de las autoridades del penal federal de Tepic,
Nayarit, al emitir un escueto reporte médico de quien inició huelga de
hambre el pasado 5 de mayo: estado de salud bueno para la función y la
vida.
Nestora se encuentra en ayuno desde hace 23 días –y desde hace tres
tampoco ingiere líquidos– en protesta por la violación a sus derechos
y como vía para exigir su liberación inmediata.
Hay una seria preocupación, subrayó Rivero Rodríguez, por el estado de
salud de la señora; es por ello que su representada sería interna de
la torre médica del penal de Tepepan.
El 3 de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares
para preservar la vida e integridad personal de la coordinadora de la
policía comunitaria de aquel municipio guerrerense.
Etapa final
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián, dijo al respecto: Estamos en la etapa final; el
gobierno de la ciudad de México planteó que para hacer todo lo
necesario, para el cupo de Nestora en la cárcel del Distrito Federal,
requería un par de días y estamos en la etapa final.
Al preguntarle acerca del estado de salud de la interna precisó que el
traslado será posible en condiciones de seguridad.
Desde la reunión con los familiares de Salgado, la Secretaría de
Gobernación ha cumplido con sus compromisos, dijo el funcionario.
Nestora estaba a disposición del Poder Judicial y la primera parte de
la tarea fue reunirnos con los jueces.
Les solicitamos el traslado de una prisión federal a una local;
después trabajamos con el fiscal (de Guerrero), porque podía oponerse
a la decisión de los jueces, pero estuvo de acuerdo también con el
traslado. Ya se hicieron los trámites con el área de Readaptación
Social (del Distrito Federal) y se ha hecho ya la solicitud al
gobierno de la ciudad de México para que concrete el traslado, comentó
en entrevista, realizada en Gobernación.
La participación de esta dependencia se desprende de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH, y en atención a una solicitud de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual ha jugado un papel
determinante, muy importante en este caso, añadió el funcionario.
ingerir líquidos
Adelantan el traslado de Nestora Salgado al Centro de Readaptación de Tepepan
En el penal federal de Tepic reportan que su estado de salud es bueno
para la función y la vida
Fabiola Martínez y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero,
será trasladada a un penal de la ciudad de México en las próximas
horas. Es posible que para este jueves ya esté en la capital del país.
El proceso se demoró porque las autoridades penitenciarias del
Distrito Federal no tenían todas las condiciones necesarias para su
internación en el Centro de Readaptación Social de Tepepan.
Aunque el viaje estaba programado para jueves o viernes, ayer por la
tarde se agilizaron las adecuaciones en Tepepan a fin de que se
concretara en la noche del miércoles o las primeras horas del jueves,
acorde con fuentes de los gobiernos federal y local.
Leonel Rivero Rodríguez, abogado de la dirigente comunitaria, dijo que
la tardanza en el traslado fue por un problema de cupo en el penal de
Tepepan.
Salgado continuará en el Distrito Federal el proceso penal por delitos
clasificados en el fuero común por secuestro agravado y privación
ilegal de la libertad, según tres expedientes judiciales (196/2013-I,
05/2014-I, 048/2014-II)
El abogado de la dirigente lamentó la falta de sensibilidad y poco
profesionalismo de las autoridades del penal federal de Tepic,
Nayarit, al emitir un escueto reporte médico de quien inició huelga de
hambre el pasado 5 de mayo: estado de salud bueno para la función y la
vida.
Nestora se encuentra en ayuno desde hace 23 días –y desde hace tres
tampoco ingiere líquidos– en protesta por la violación a sus derechos
y como vía para exigir su liberación inmediata.
Hay una seria preocupación, subrayó Rivero Rodríguez, por el estado de
salud de la señora; es por ello que su representada sería interna de
la torre médica del penal de Tepepan.
El 3 de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares
para preservar la vida e integridad personal de la coordinadora de la
policía comunitaria de aquel municipio guerrerense.
Etapa final
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián, dijo al respecto: Estamos en la etapa final; el
gobierno de la ciudad de México planteó que para hacer todo lo
necesario, para el cupo de Nestora en la cárcel del Distrito Federal,
requería un par de días y estamos en la etapa final.
Al preguntarle acerca del estado de salud de la interna precisó que el
traslado será posible en condiciones de seguridad.
Desde la reunión con los familiares de Salgado, la Secretaría de
Gobernación ha cumplido con sus compromisos, dijo el funcionario.
Nestora estaba a disposición del Poder Judicial y la primera parte de
la tarea fue reunirnos con los jueces.
Les solicitamos el traslado de una prisión federal a una local;
después trabajamos con el fiscal (de Guerrero), porque podía oponerse
a la decisión de los jueces, pero estuvo de acuerdo también con el
traslado. Ya se hicieron los trámites con el área de Readaptación
Social (del Distrito Federal) y se ha hecho ya la solicitud al
gobierno de la ciudad de México para que concrete el traslado, comentó
en entrevista, realizada en Gobernación.
La participación de esta dependencia se desprende de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH, y en atención a una solicitud de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual ha jugado un papel
determinante, muy importante en este caso, añadió el funcionario.
Denuncian amenaza de muerte a familia de ex alumno del CCH
Denuncian amenaza de muerte a familia de ex alumno del CCH
Por este medio nos solidarizamos con el compañero José Luis Ramírez
Alcántara, quien siendo estudiante del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) Naucalpan, fue expulsado hace más de dos años por su
participación contra las políticas neoliberales que se aplican en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en particular en la
reforma al plan de estudios del CCH.
José Luis fue absuelto penalmente por una supuesta participación en
hechos del 2 de octubre de 2013, la cual nunca se le pudo comprobar;
sin embargo, desde entonces ha sido criminalizado sistemáticamente por
distintos diarios y medios televisivos que lo han puesto en la mira de
la represión estatal. Esta escalada llegó ya a una situación en que
corre peligro su vida, así como la de sus familiares, pues el pasado
miércoles 13 de mayo se presentaron en la casa de sus padres cuatro
personas portando armas largas y amenazando de muerte a toda su
familia.
Denunciamos esta situación como parte del clima de terror que impulsa
el Estado, creando un escenario en que desde el gobierno se proyecta
el discurso de una criminalidad fantasmal, para justificar el uso de
la fuerza letal contra toda persona que no se someta a la ideología
dominante.
Profesores de la UNAM de la Asamblea Universitaria Académica, amigos y
familiares de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, Colectivo Chanti Ollin,
Komuna 23, León Chávez Texeiro, Colectivo Ollin Compani, Sector de
Trabajadores Adherentes a las Sexta, Sindicato de Trabajadores de
Uniroyal y Teatro Che
Por este medio nos solidarizamos con el compañero José Luis Ramírez
Alcántara, quien siendo estudiante del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) Naucalpan, fue expulsado hace más de dos años por su
participación contra las políticas neoliberales que se aplican en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en particular en la
reforma al plan de estudios del CCH.
José Luis fue absuelto penalmente por una supuesta participación en
hechos del 2 de octubre de 2013, la cual nunca se le pudo comprobar;
sin embargo, desde entonces ha sido criminalizado sistemáticamente por
distintos diarios y medios televisivos que lo han puesto en la mira de
la represión estatal. Esta escalada llegó ya a una situación en que
corre peligro su vida, así como la de sus familiares, pues el pasado
miércoles 13 de mayo se presentaron en la casa de sus padres cuatro
personas portando armas largas y amenazando de muerte a toda su
familia.
Denunciamos esta situación como parte del clima de terror que impulsa
el Estado, creando un escenario en que desde el gobierno se proyecta
el discurso de una criminalidad fantasmal, para justificar el uso de
la fuerza letal contra toda persona que no se someta a la ideología
dominante.
Profesores de la UNAM de la Asamblea Universitaria Académica, amigos y
familiares de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, Colectivo Chanti Ollin,
Komuna 23, León Chávez Texeiro, Colectivo Ollin Compani, Sector de
Trabajadores Adherentes a las Sexta, Sindicato de Trabajadores de
Uniroyal y Teatro Che
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