Foto: Cuartoscuro
Varias organizaciones y colectivos en Chiapas rechazaron "enérgicamente" los diez decretos firmados por el gobierno federal en los que se modifica el estatus de veda que protegía 300 cuencas de agua en todo el país, lo que consideraron como "un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua".
"Es la única salida que ha encontrado (Peña Nieto) para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la "ley Korenfeld" en 2015 como el "borrador Pichardo" en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana", explicaron.
Las organizaciones también aseguraron que la consulta gubernamental fue una "simulación", pues no se tomó en cuenta ni a los núcleos agrarios ni a las comunidades indígenas para emitir los diez decretos el pasado 5 de junio.
A continuación, el comunicado completo:
A la sociedad civil de Chiapas y México,
A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A los candidatos a la presidencia de la República,
Al Congreso de Chiapas,
A los candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Chiapas,
Como integrantes de varias organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas, les manifestamos que rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.
En estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio. Es la única salida que ha encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la "ley Korenfeld" en 2015 como el "borrador Pichardo" en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana.
Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.
Cuestionamos dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos: el aspecto técnico y la consulta. Las preguntas son:
1) Para el caso de la Cuenca Trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroclimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos; por lo tanto, los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua también son poco creíbles. ¿Cómo hacer una proyección en los próximos cincuenta años con datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y caos por el fenómeno de cambio climático?
2) ¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una expertise técnica para dar una buena opinión?
Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan. Así también, la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. Se viola para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por lo anterior, se coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio; en Chiapas, muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua.
El uso doméstico (público-urbano), al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos, puede traducirse de facto en concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento. Es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que "declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, para hacerlos más eficientes". Aquí en Chiapas, bien sabemos de las intenciones de la empresa Proactiva, filial de Veolia, que tiene los ojos puestos en los sistemas de agua de la capital Tuxtla Gutiérrez pero que la sociedad civil logró detener.
Además, con la supresión de las vedas, los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.
Además, el artículo 7 del decreto abre la puerta a cualquier otro tipo de concesión al especificar que "los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación". No somos incrédulos. No es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reserva de agua es la nuestra, ya que es aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas.
Es evidente que con las políticas orientadas al desarrollo neoliberal y corporativista, impulsadas por el gobierno mexicano desde hace 36 años, por detrás de los decretos de veda está el interés de canalizar el agua hacia megaproyectos como la minería, fracking, hidroeléctricas, proyectos turísticos, entre otros. Es una vergüenza que en México el agua aún no sea un derecho para todos y todas, sino primeramente para las empresas. Urge que los próximos gobiernos se comprometan a cambiar este paradigma, revocando los decretos del 6 de junio y adoptando la Ley de Aguas Ciudadana propuesta por la coalición Agua para todos desde el 2012.
En términos prácticos y concluyentes, en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de "Veda" corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.
¡Señores neoliberales tecnocratas-plutocratas, necesitan leer la historia de Chiapas en torno al despojo y la rebelión desde el siglo XVI a la fecha; el pueblo de Chiapas cuando se levanta cimbra las estructuras de poder!
Firmamos:
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Amigos de San Cristóbal A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE)
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.
Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Sistema de Agua Chupactic, San Cristóbal de Las Casas
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali
Colonia Maya
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez
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