domingo, 4 de mayo de 2014

Atenco a ocho años del mayo rojo

Atenco a ocho años del mayo rojo


03-05-2014




Marcha del FPDT 3 Mayo 2014. Desde la comunidad de Nexquipayac a San Salvador Atenco. Foto. Unam en Rebeldía


Hay imágenes dolorosas y terriblemente inolvidables como las que hace ocho años, en San Salvador Atenco, se suscitaron. Miles de policías ocuparon el poblado; allanaron viviendas, llenaron de terror el amanecer; golpearon desquiciadamente a hombres y mujeres. Veintisiete mujeres fueron humilladas y sexualmente abusadas, vivieron largas horas de maltrato a manos de los uniformados. Dos jóvenes fueron asesinados. Atenco se transformó en un verdadero infierno para sus pobladores. El 3 y 4 de mayo del 2006 fueron días de zozobra, de llanto, de incertidumbre; días de desesperación, de persecución, de gritos; días de delirio para el poder político del estado de México. El operativo policial tenía como objetivos principales, por un lado, la desaparición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y, por otro, sembrar el miedo que propiciara la parálisis total en aquellos que, por más de una década, han impedido a pie firme el despojo de sus tierras.

Los pueblos de las comunidades de Texococ y Atenco están en alerta por la nueva amenaza de despojo que pretende arrebatarles el territorio, el agua y la calidad de vida.

El FPDT, luego de la épica resistencia que echó abajo el decreto de expropiación emitido por Vicente Fox en 2001, se convirtió en un referente ejemplar del México bravío. La capacidad de agrupar en torno suyo a las más disimiles posiciones políticas; la solidaridad real con otras luchas; la firmeza como estrategia política; la inteligencia táctica en el espacio mediático; la honestidad de sus liderazgos, su inquebrantable amor por la tierra y los suyos, hicieron del FPDT una organización de la que el movimiento social del país tiene mucho que aprender. El operativo del 2006, buscó resquebrajarlo completamente y, con ello, terminar con el mal ejemplo de irreverencia y terquedad ante la clase política del país. Destruyendo al FPDT, Enrique Peña Nieto se anotaría una de las victorias más añoradas para el poder empresarial y político de México. Desaparecer la organización atenquense significaba, por fin, avanzar en la dirección correcta para la construcción del aeropuerto en esos suelos. Sembrando el miedo, se garantizaba mermar cualquier oposición real al proyecto aeroportuario. La persecución contra miembros destacados de la organización campesina, así como la cárcel perpetua para dos de sus líderes más representativos-Ignacio Del Valle y Felipe Álvarez-, eran elementos imprescindibles que sellaban el triunfo innegable de la política peñanietista. Con ello servía, en bandeja de sangre, las tierras de Atenco a los magnates empresariales y se presentaba, al mismo tiempo, como el único político con la capacidad de poner en cintura a los necios macheteros.

Ejidatarios de las comunidades de la rivera del Lago de Texcoco denuncian el despojo que Enrique Peña Nieto y sus operadores siguen maniobrando en los ejidos.

El 15 de junio de 2006, en una gira que buscaba la inversión extranjera en el estado de México, Peña Nieto se congratuló de ser el responsable directo del operativo en Atenco. David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, apunta que sobre las violaciones cometidas contra las mujeres Peña Nieto afirmó: "Hay que dar la dimensión al tema. Parece que para todo se pretende afirmar que a partir de los sucesos de Atenco la policía tiene por norma las violaciones... También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato". (La Jornada, 16 de junio de 2006) De tal manera las víctimas se convierten, cuando no en mentirosas, en parte de una táctica de martirologio. Los victimarios son, en cambio, guardianes del orden que solamente cumplen con su deber. Lo relevante de esas palabras es, por supuesto, la justificación de los acontecimientos. No existe culpa alguna, cualquier denuncia es parte de "manuales de los grupos radicales", por tanto la responsabilidad del operativo, y sus consecuencias, no sólo son loables sino, sobre todo, indispensables e incluso legales como burdamente el "intelectual" de Atlacomulco pretendió establecer al presentarse en la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo del 2012. En esa lógica está el peligro que, nuevamente, planea en Atenco.

Ofrenda en memoria de Alexis Benhumea estudiante asesinado en el operativo del Mayo Rojo en San Salvador Atenco.

Es bien conocida la derrota que el FPDT propinó a Peña Nieto. La organización de los rebeldes atenquenses no desapareció, el miedo no fue impedimento para continuar en la resistencia social; logró, gracias a la solidaridad de miles, la libertad de sus presos luego de cuatro años. Pero la amenaza del aeropuerto, más que disiparse, se avecina con toda su fuerza. El FPDT así lo ha denunciado en reiteradas ocasiones. El pasado 28 de abril, en conferencia de prensa, los campesinos de Atenco señalaron algunos aspectos de la táctica gubernamental que busca, de una buena vez, derrotarlos y apropiarse de sus tierras.[1]
Dos aspectos son relevantes en esta nueva ofensiva. Primero: a diferencia del 2001, del 2006, y del propio 2010, el PRI tiene todo el poder consigo. El gobierno del estado de México pertenece a su partido, el gobierno federal está en sus manos y las autoridades municipales de Atenco responden también a los intereses del hijo predilecto de Arturo Montiel. Hasta ahora, a pesar de ciertos brotes de resistencia ante las reformas aprobadas por el engominado golden boy, no ha existido una fuerza capaz de plantarle cara e impedir el avance arrollador de su proyecto. Con esa inercia, Peña Nieto avanza sin demasiados sobresaltos y las tierras a la orilla del agua están en su mira. Segundo: la estrategia seguida por la administración priista, además de haberse sostenido ininterrumpidamente desde el 2006 mismo, pretende hacer creer que sólo un grupo reducido de campesinos es el que se opone al aeropuerto.
Por tanto, contando con todo el andamiaje político y mediático, la represión al estilo del 2006 se presenta como un requisito indispensable, hasta legítimo en su lógica. Si Peña Nieto no tuvo empacho en hacerse el "héroe" cuando gobernaba el estado de México, menos lo tendrá ahora que es el mandamás del país. Todos saben, desde luego, que el FPDT jamás se arredra, que peleará hasta el último aliento por su tierra. Nadie, en cambio, desea ver otra vez las imágenes que tanto reivindica el chacal de la silla presidencial. Nadie, en cambio, desea las violaciones, ni la muerte, ni la persecución. Nadie, en cambio, desea la cárcel para los campesinos. Los atenquenses, sin embargo, están dispuestos a todo con tal de conservar lo que la lucha, la necedad, y el amor les heredaron.
Para no vivir, nuevamente, el horror y el dolor, necesitan anticipadamente la cosecha del amor y la solidaridad que, durante tantos años, sembraron en cada digno rincón de este suelo llamado México.
Nota:
[1] Ver http://www.atencofpdt.blogspot.mx/


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Cherán: una burbuja en Michoacán

Cherán: una burbuja en Michoacán

Desde hace tres años, un pequeño municipio indígena enclavado en el corazón de la Meseta Purépecha se declaró autónomo. Dijo no a los partidos políticos. Dijo no al gobierno convencional. Dijo no a la violencia. Hoy en Michoacán, Cherán, el único municipio que no se gobierna bajo las leyes institucionales, vive en paz

Por J. Jesús Lemus - Lunes 28 de abril de 2014


El despojo de tierras, la tala ilegal de árboles, el robo del ganado y el rapto de mujeres, eran cosa de todos los días
El juez menor es el encargado de transmitir al Concejo Mayor los reclamos y propuestas de la población
12 Personas integran el Concejo Mayor
4 Barrios tiene la localidad de Cherán
3 Consejeros representan a cada barrio
1 Juez menor tiene cada uno de los barrios, aparte de los consejeros

Enclavada en el corazón de la Meseta Purépecha, la población indígena de Cherán era una de las más castigadas por la violencia y el saqueo. 

El índice de homicidios era casi uno por semana. Cientos de pobladores emigraron a otras localidades de la región dejando abandonadas sus viviendas y parcelas.

Hoy la historia es distinta.

Desde hace tres años, el pequeño municipio indígena se declaró autónomo. Dijo no a los partidos políticos. Dijo no al gobierno convencional. Dijo no a la violencia. 

Cherán se desligó del gobierno estatal y se convirtió en una burbuja en medio de la tempestad.

Hoy, mientras Michoacán se sume en una ola de violencia y desgobierno, Cherán se mentiene inmune a los problemas sociales que afrontan más de 4 millones de michoacanos. 

Esta población –con sus casi 16 mil habitantes– resalta en la geografía del estado al ser el único lugar en donde, desde hace más de 2 años, no se registra un solo delito.

No hay robos. No hay riñas, y los homicidios son parte de la historia. El mando de usos y costumbres les ha funcionado bien. Se basa en la confianza de la gente hacia sus autoridades, y en el servicio de las autoridades hacia su gente.

Un gobierno a mano alzada

Antes de que el mando de usos y costumbres se instaurara, al municipio comenzaron a llegar grupos del crimen organizado atraídos por la riqueza de los bosques. 

El despojo de tierras, la tala ilegal de árboles, el robo del ganado y el rapto de mujeres, eran cosa de todos los días. 

Por las calles y caminos de ese poblado, las camionetas cruzaban el lugar a toda velocidad con vidrios polarizados y hombres armados, intimidando a los vecinos. Se buscó la ayuda de las autoridades, pero en ninguna parte se escuchó el reclamo.

Durante gran parte del 2010, los indígenas despojados de sus bienes, bosques y tierras, hicieron antesala en las oficinas del gobierno municipal de Cherán (PRI), del estatal de Michoacán (PRD) y del federal de la República (PAN), para pedir apoyo. 

No hubo respuesta en ninguna de las instancias, solo promesas de investigación sobre los delitos denunciados.

Cansados del abandono de las autoridades, al margen de su gobierno local impuesto desde Morelia, los pobladores de Cherán buscaron organizarse y declararse independiente del gobierno estatal. 

Decidieron tomar el problema de la seguridad de los bienes de todos los vecinos en sus propias manos. El gobierno estatal ni siquiera advirtió las manifestaciones de hartazgo que se daban en esa localidad indígena.

El 15 de abril del 2011 se declararon autónomos.

Como primer acto, en repudio a la corrupción de las autoridades, se expulsó a los representantes del gobierno de Michoacán. 

Prefirieron quedarse sin policía. Se establecieron barricadas a las entradas del pueblo y se decretó un gobierno constituido democráticamente, en base al uso tradicional de elección a mano alzada. El evento de elección del Concejo Mayor se realizó en la plaza principal, con la participación de todos los del municipio.

Desde entonces, los vecinos de esa localidad comenzaron a cuidarse entre ellos. Con representantes de todos los barrios se eligieron a 12 personas para integrar el concejo. 

Cada uno de los cuatro barrios seleccionó y constituyó un juez menor, que es el que dictamina en primera instancia sobre los mandatos de autoridad. Disolvieron los partidos políticos. Decidieron no participar en elecciones y formar sus propias brigadas de seguridad mediante una policía comunal.

Fue en ese momento, en Cherán, donde surgió por primera vez el concepto de autodefensa comunitaria. 

Se conformó una fuerza de 75 policías comunitarios en Cherán, mientras que en Ostula 27 personas se armaron para defenderse entre ellos. Todos ellos usaron carabinas de chispa, machetes y palos.

El consejo del Subcomandante

El 3 de marzo del 2001, el subcomandante Marcos y su movimiento zapatista visitó la comunidad indígena de Cherán.

Tras escuchar las quejas de abandono de las autoridades y saqueo de los criminales, Marcos convidó a los pueblos purépechas a crear una policía propia en base a sus usos y costumbres, alejada de la corrupción del gobierno. 

El consejo funcionó.

La organización fue copiada en forma inmediata por los vecinos de la comunidad indígena de San Luis Acatlán en Guerrero, a donde fue llevado el modelo por los enlaces de comunitarios que esparció por la zona el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

La policía comunal que opera en Cherán, a diferencia de los grupos de autodefensa que proliferan en la entidad, se encuentran armados con palos, machetes y armas de fuego de calibre menor. 

Las pocas armas de grueso calibre que utilizan los policías comunales son las que dejó vacantes la policía municipal cuando fue disuelta.

Viven bajo sus propias reglas

Desde que se decretó un gobierno constituido democráticamente, en base al uso tradicional de elección a mano alzada en Cherán, lejos quedaron las cuotas de sangre que los vecinos de esa localidad pagaban al crimen organizado. 

No hay violencia, robos, asaltos o riñas. Todo parte de que el Concejo Mayor no permite la entrada a extraños a esa población.

Se han prohibido los vidrios polarizados en autos, así como el consumo de alcohol en la vía pública. Hay tolerancia cero a la tala inmoderada de árboles. Se mantiene un estricto control sobre los caminos que conducen a esa localidad y hacia las zonas agrícolas, ganaderas y boscosas de la zona. 

Los integrantes del Concejo Mayor no perciben salario alguno. Su función es de servicio a la población.

No hay agencias del ministerio público ni comandancia de policía. La función de la policía comunal es preventiva y de advertencia. 

Si alguien es sorprendido en la comisión de un delito –cosa que no ocurre desde hace más de dos años– sería llevado ante la presencia de un juez menor. Si el juez menor se declara incompetente para sancionar la conducta, el caso se turna al Concejo Mayor. Allí se deciden las sanciones.

Las sanciones que puede imponer el Concejo Mayor, tras una deliberación, van desde el trabajo colectivo, la reparación del daño, la exhibición pública, la reprimenda pública, los azotes, el arraigo domiciliario y el arraigo carcelario, hasta la expulsión y el destierro de la comunidad, dependiendo de la gravedad del delito.

Todas las partes en un conflicto tienen el derecho de ser escuchadas por el concejo.

A pesar de haber recibido la oferta de algunos grupos de autodefensa para fortalecer la seguridad en esa localidad, el Concejo Mayor de Cherán ha decidido seguir manteniendo la seguridad pública con su policía comunitaria.

Se han fortalecido los filtros de control de acceso a la ciudad, para evitar que de nueva cuenta ingresen a ese poblados miembros del crimen organizado.

Asilo indígena

Debido a las condiciones de seguridad que se mantienen dentro del poblado de Cherán, muchos de los vecinos de otras localidades indígenas cercanas, azotadas por la violencia y el crimen organizado, han buscado asilo en esa población. 

Eso ha hecho que Cherán sea el principal municipio indígena de Michoacán con una población creciente.

Hasta hace tres años, esa localidad registraba una población cercana a los 10 mil habitantes, ahora son más de 16 mil. El índice de emigración local asciende a más de 700 personas por año, en promedio. 

Todos los asilos a pobladores de otras localidades indígenas, siempre que demuestran ser personas de trabajo, son avalados por el Concejo Mayor.

La llegada de pobladores de otras localidades indígenas de la Meseta Purépecha ha hecho que las labores artesanales se diversifiquen en Cherán, en donde la principal actividad económica es el tallado de madera, bordado de telas y tejido de canastas y cestos de mimbre. También el renglón de la prestación de servicios ha ido a la alza en los últimos años, reconocen los propios pobladores.

¿Cómo se maneja un gobierno por Concejo?

La forma de gobierno que ha dado resultado en Cherán, no la abandera ningún partido político ni es propuesta de algún candidato. Son los usos y costumbres de mando que por siglos sirvió al pueblo Purépecha para organizarse. Es el gobierno a base de Concejos.

Los Concejos son los que asumen el control de la administración de los servicios al pueblo, de la vigilancia pública y de la impartición de justicia, siempre con la encomienda de operar atendiendo la demanda de la mayoría.

El otro Michoacán

La violencia y el desgobierno siguen permeando a Michoacán. 

El pasado fin de semana, en el municipio de Arteaga fueron detenidos cuatro policías municipales acusados de brindar protección a células delincuenciales, mientras, en la capital del estado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que Michoacán superará la etapa de crisis que afronta.

La presencia de Osorio Chong en Michoacán se llevó a cabo en medio de una huelga generalizada por parte del sindicato de empleados al servicio del ejecutivo estatal, quienes reclamaban un incremento salarial que el gobierno local no puede otorgarles.

Además, continúa en toda la región la tensa calma por el próximo vencimiento del nuevo plazo que puso el Gobierno Federal para el desarme de los grupos de autodefensas –pactado para el 10 de mayo-.

Se estima que aún prevalecen células del crimen organizado que no han podido ser desarticuladas, prueba de ello son los ataques que durante la semana pasada encararon  Fuerzas Federales desplegadas en la entidad.

El líder de los civiles armados, José Manuel Mireles, sigue claro en su postura: se entregarán el armamento solo si el Gobierno Federal cumple con la promesa de liberar a aquellos autodefensas que han sido detenidos por el delito de portación de arma de fuego. 

También, a manera de avance en las negociaciones, se sabe que al menos 56 de los 98 autodefensas presos en cárceles federales, ya fueron trasladados a cárceles de mediana seguridad en Michoacán.

El acuerdo de desarme a cambio de liberar a los presos, no beneficia al líder de las autodefensas de la Ruana, Hipólito Mora Chávez, ni al líder de las autodefensas de Yurécuaro, Enrique Hernández, ambos acusados de homicidio.


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