RvsR: Denuncia la compañera Eva Palma negligencia del IMSS, al negar
material para la recuperación del compañero Kuy.
Ciudad de México a 31 de marzo del 2013
La compañera Eva Palma nos pide difundir la siguiente denuncia.
El día jueves 28 de marzo por la mañana, el compañero Kuy, en un
reflejo natural de su recuperación, realizó un movimiento de su mano
derecha y por accidente se arrancó la sonda que le permite recibir sus
alimentos y medicinas. Al compañero se le trasladó del Hospital
Colonia al de Los Venados (ambos del IMSS), ahí permaneció de las
12:00 a las 16:00 horas sin ser atendido; cuando se le paso a
revisión, a Kuy le colocaron una zonda que es utilizada para drenar la
orina, por lo que es difícil que los alimentos y las medicinas sean
suministrados correctamente. El argumento del personal es que no se
cuenta con el material requerido para estos casos. Durante todo este
tiempo que permaneció en espera, nuestro compañero Kuy no recibió
alimento, ni medicamento alguno, lo cual es sumamente delicado debido
a la situación por la que atraviesa.
Las consecuencias de esta negligencia se dan el día de hoy (domingo
28), al compañero Kuy se le tapa la sonda que se le colocó para
alimentarlo, el personal médico del IMSS, se obstina en sostener que
no cuentan con el material que se necesita.
Es preciso subrayar, que en estos casos de emergencia, el Centro
Médico Nacional Siglo XXI, se ha negado a recibir a nuestro compañero,
además de no proporcionar el material que en estos momentos se está
necesitando. Lo inadmisible de esto, es que fue esta misma
dependencia, la que a mediados de febrero, le realizó la cirugía al
Kuy y le colocó la sonda que ahora necesita.
En estos momentos nuestro compañero continúa en el Hospital Colonia.
Exigimos que las autoridades y personal ´médico del Instituto Mexicano
de Seguro Social, actúen con responsabilidad y proporcionen lo
necesario para la pronta recuperación de nuestro compañero.
¡JUSTICIA PARA KUY!
¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Correo electrónico: redcontralarepresion@gmail.com
Página: http://www.redcontralarepresion.org/
facebook.com/redcontralarepresion
http://twitter.com/RvsRepresion
Teléfono: 55 78 07 75 y 55 78 47 11
Dirección: Dr. Carmona y Valle # 32, colonia Doctores, Del.
Cuauhtémoc, México D. F. C.P. 06720
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lunes, 1 de abril de 2013
Las mazmorras del sexenio pasado
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Las mazmorras del sexenio pasado
ANABEL HERNÁNDEZ
30 DE MARZO DE 2013 · 48 COMENTARIOS
REPORTAJE ESPECIAL
Genaro García Luna, extitular de la SSP. Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
Brenda Quevedo Cruz, una de las personas acusadas por Isabel Miranda de Wallace del secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace, fue torturada en 2010, cuando estaba presa en el penal de las Islas Marías y, por lo tanto, bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Genaro García Luna. Un año después la CNDH evaluó a la mujer y, de acuerdo con los parámetros del Protocolo de Estambul, concluyó que había padecido castigos crueles, inhumanos y degradantes, un informe que la propia CNDH ocultó. Pero el historial de García Luna y su gente durante el sexenio pasado abarca otros casos de abuso de autoridad, maltrato y tortura.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El viernes 15 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra Genaro García Luna y otros exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) por las violaciones a los derechos humanos de la francesa Florence Cassez.
Pero el caso de Cassez es sólo uno en el historial de García Luna. Bajo su mando, la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal violaron de manera constante los derechos humanos. Han comenzado a documentarse abusos de autoridad y torturas en algunos complejos penitenciarios administrados por la SSP durante el sexenio pasado. Algunos ya están siendo investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Proceso tiene copia del resultado de la evaluación realizada a Brenda Quevedo Cruz –acusada del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace– bajo los términos del Protocolo de Estambul (Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes).
El resultado –hasta ahora inédito– de la evaluación hecha por la CNDH en 2011 prueba que Brenda Quevedo fue brutalmente torturada en el complejo penal federal de las Islas Marías estando bajo custodia de la SSP.
Otro caso: en febrero de 2012 la familia de Javier Herrera Valles, excomisionado de la Policía Federal, principal crítico de la gestión de García Luna y quien fue encarcelado con base en testimonios falsos, presentó una queja ante la CNDH por la golpiza que asegura sufrió, meses antes de ser puesto en libertad, en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, también bajo custodia de la SSP.
Aún más: Proceso recabó declaraciones de familiares de presos del Centro Federal de Readaptación Social número 3, Noreste, localizado en Matamoros, Tamaulipas, quienes se quejan de trato inhumano, vejaciones y abusos sexuales de custodios y comandantes contra presos durante el sexenio anterior (el penal de las Islas Marías, otras cuatro cárceles federales y un centro federal de rehabilitación psicosocial estaban bajo la administración, custodia y operación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que dependía de la SSP, encabezada por García Luna).
Brenda Quevedo
En el complejo federal penitenciario de las Islas Marías –donde por ley sólo pueden estar presos los sentenciados–, Brenda Quevedo Cruz, acusada y aún no sentenciada por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, estaba apartada del resto de la población femenil en un área conocida como La Borracha.
La madrugada del 13 de octubre de 2010 el comandante de custodios Javier Jiménez Santana y las custodias Verónica Chávez Rojas y Eneyda Pérez sacaron a Quevedo de La Borracha y la subieron a una camioneta.
El vehículo avanzó por una carretera que bordea la isla María Madre (la mayor del archipiélago y que alberga la prisión), según consta en la declaración hecha por Brenda el 30 de junio de 2011 en el consultorio del Centro Femenil Noroeste, en Tepic, durante la evaluación aplicada por la visitadora adjunta adscrita a la Tercera Visitaduría General de la CNDH.
Fue ese día cuando la CNDH pudo entrevistar directamente a Quevedo y escuchar su denuncia. Ahí se corroboró la tortura de la que fue víctima la joven, cuando la SSP, con García Luna como titular, era responsable de la administración y manejo del centro penitenciario. La directora del anexo femenil del penal de las Islas Marías era María Teresa López Aboites.
Brenda, expareja de Jacobo Tagle, fue extraditada de Estados Unidos el 26 de septiembre de 2009 acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien según su madre, Isabel Miranda de Wallace, ocurrió el 11 de julio de 2005. Miranda de Wallace acusa a Quevedo, Tagle, César Freyre, Juana Hilda González y a los hermanos Tony y Alberto Castillo de haber hecho desaparecer a su hijo.
–¿A dónde me llevan? –preguntó Brenda.
–No tienes derecho a decir nada, sabes que estás en un caso muy fuerte y unas personas quieren hablar contigo.
–No me dejen sola…
–Nadie va a tocarte –dijo Jiménez Santana. Esa promesa no la cumplió.
La dejaron sola en una casa en obra negra donde había muchas ratas. La metieron a un cuarto pequeño donde no había muebles, sólo una cobija en el suelo. La puerta no tenía cerradura.
Hacia la una de la tarde del 14 de octubre de 2010 llegó al lugar una camioneta de la que bajaron cinco o seis hombres encapuchados con pantalones de mezclilla y camisas blancas.
–¡Chingaste a tu madre otra vez!, ¡creíste que no nos volverías a ver! –gritó uno de ellos al entrar al cuartito.
Le vendaron los ojos, la envolvieron con una cobija a la altura del torso y la ataron con cinta para inmovilizarla. La tiraron al piso boca arriba, le quitaron los zapatos y las calcetas y le pusieron en el dedo gordo de un pie un alambre. Le echaron agua en la cara; sin poder moverse Quevedo sentía que se ahogaba. También mojaron la cobija.
–¡Ahora sí pides perdón, perra! Vamos a hacerte respetar a la gente –le dijo uno de los hombres.
La golpearon con los codos en el pecho, le pegaron en las orejas y la amenazaron con dañar a su madre, la señora Enriqueta Cruz, y a su hermano.
–Te crees edecán pero eres una prostituta. Un perro vale más que tú –la insultaban.
Uno de los hombres le bajó el pantalón, le separó las piernas y le metió el puño en la vagina. Lo hizo varias veces.
–¿Qué se siente? –le preguntaba mientras repetía la acción.
Después le dieron toques eléctricos con el alambre que le pusieron en el pie.
–Vas a sentir como que te vas quemando poco a poco –le dijo uno de ellos.
El propósito de la tortura era obligarla a confesar que había participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La madre de éste, María Isabel Miranda, excandidata del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, era muy cercana al entonces presidente Felipe Calderón y al titular de la SSP, Genaro García Luna. Quevedo no confesó y en todo el proceso se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
La tortura duró cerca de tres horas. Después los encapuchados la desataron y se fueron. Brenda Quevedo se quedó hasta la madrugada del 15 de octubre en esa casa. Al amanecer de ese día Jiménez Santana fue por ella y la llevó de regreso a La Borracha.
Ningún médico certificó el estado de salud de Brenda Quevedo pese a que estaba visiblemente lastimada, tenía sangrado vaginal y un absceso en el seno derecho. Estuvo incomunicada de su familia durante un mes, hasta que finalmente pudo hablar con su madre, Enriqueta Cruz, quien recurrió a la CNDH. Brenda actualmente está recluida en el penal federal de Tepic.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación)
ANABEL HERNÁNDEZ
30 DE MARZO DE 2013 · 48 COMENTARIOS
REPORTAJE ESPECIAL
Genaro García Luna, extitular de la SSP. Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
Brenda Quevedo Cruz, una de las personas acusadas por Isabel Miranda de Wallace del secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace, fue torturada en 2010, cuando estaba presa en el penal de las Islas Marías y, por lo tanto, bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Genaro García Luna. Un año después la CNDH evaluó a la mujer y, de acuerdo con los parámetros del Protocolo de Estambul, concluyó que había padecido castigos crueles, inhumanos y degradantes, un informe que la propia CNDH ocultó. Pero el historial de García Luna y su gente durante el sexenio pasado abarca otros casos de abuso de autoridad, maltrato y tortura.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El viernes 15 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra Genaro García Luna y otros exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) por las violaciones a los derechos humanos de la francesa Florence Cassez.
Pero el caso de Cassez es sólo uno en el historial de García Luna. Bajo su mando, la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal violaron de manera constante los derechos humanos. Han comenzado a documentarse abusos de autoridad y torturas en algunos complejos penitenciarios administrados por la SSP durante el sexenio pasado. Algunos ya están siendo investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Proceso tiene copia del resultado de la evaluación realizada a Brenda Quevedo Cruz –acusada del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace– bajo los términos del Protocolo de Estambul (Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes).
El resultado –hasta ahora inédito– de la evaluación hecha por la CNDH en 2011 prueba que Brenda Quevedo fue brutalmente torturada en el complejo penal federal de las Islas Marías estando bajo custodia de la SSP.
Otro caso: en febrero de 2012 la familia de Javier Herrera Valles, excomisionado de la Policía Federal, principal crítico de la gestión de García Luna y quien fue encarcelado con base en testimonios falsos, presentó una queja ante la CNDH por la golpiza que asegura sufrió, meses antes de ser puesto en libertad, en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, también bajo custodia de la SSP.
Aún más: Proceso recabó declaraciones de familiares de presos del Centro Federal de Readaptación Social número 3, Noreste, localizado en Matamoros, Tamaulipas, quienes se quejan de trato inhumano, vejaciones y abusos sexuales de custodios y comandantes contra presos durante el sexenio anterior (el penal de las Islas Marías, otras cuatro cárceles federales y un centro federal de rehabilitación psicosocial estaban bajo la administración, custodia y operación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que dependía de la SSP, encabezada por García Luna).
Brenda Quevedo
En el complejo federal penitenciario de las Islas Marías –donde por ley sólo pueden estar presos los sentenciados–, Brenda Quevedo Cruz, acusada y aún no sentenciada por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, estaba apartada del resto de la población femenil en un área conocida como La Borracha.
La madrugada del 13 de octubre de 2010 el comandante de custodios Javier Jiménez Santana y las custodias Verónica Chávez Rojas y Eneyda Pérez sacaron a Quevedo de La Borracha y la subieron a una camioneta.
El vehículo avanzó por una carretera que bordea la isla María Madre (la mayor del archipiélago y que alberga la prisión), según consta en la declaración hecha por Brenda el 30 de junio de 2011 en el consultorio del Centro Femenil Noroeste, en Tepic, durante la evaluación aplicada por la visitadora adjunta adscrita a la Tercera Visitaduría General de la CNDH.
Fue ese día cuando la CNDH pudo entrevistar directamente a Quevedo y escuchar su denuncia. Ahí se corroboró la tortura de la que fue víctima la joven, cuando la SSP, con García Luna como titular, era responsable de la administración y manejo del centro penitenciario. La directora del anexo femenil del penal de las Islas Marías era María Teresa López Aboites.
Brenda, expareja de Jacobo Tagle, fue extraditada de Estados Unidos el 26 de septiembre de 2009 acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien según su madre, Isabel Miranda de Wallace, ocurrió el 11 de julio de 2005. Miranda de Wallace acusa a Quevedo, Tagle, César Freyre, Juana Hilda González y a los hermanos Tony y Alberto Castillo de haber hecho desaparecer a su hijo.
–¿A dónde me llevan? –preguntó Brenda.
–No tienes derecho a decir nada, sabes que estás en un caso muy fuerte y unas personas quieren hablar contigo.
–No me dejen sola…
–Nadie va a tocarte –dijo Jiménez Santana. Esa promesa no la cumplió.
La dejaron sola en una casa en obra negra donde había muchas ratas. La metieron a un cuarto pequeño donde no había muebles, sólo una cobija en el suelo. La puerta no tenía cerradura.
Hacia la una de la tarde del 14 de octubre de 2010 llegó al lugar una camioneta de la que bajaron cinco o seis hombres encapuchados con pantalones de mezclilla y camisas blancas.
–¡Chingaste a tu madre otra vez!, ¡creíste que no nos volverías a ver! –gritó uno de ellos al entrar al cuartito.
Le vendaron los ojos, la envolvieron con una cobija a la altura del torso y la ataron con cinta para inmovilizarla. La tiraron al piso boca arriba, le quitaron los zapatos y las calcetas y le pusieron en el dedo gordo de un pie un alambre. Le echaron agua en la cara; sin poder moverse Quevedo sentía que se ahogaba. También mojaron la cobija.
–¡Ahora sí pides perdón, perra! Vamos a hacerte respetar a la gente –le dijo uno de los hombres.
La golpearon con los codos en el pecho, le pegaron en las orejas y la amenazaron con dañar a su madre, la señora Enriqueta Cruz, y a su hermano.
–Te crees edecán pero eres una prostituta. Un perro vale más que tú –la insultaban.
Uno de los hombres le bajó el pantalón, le separó las piernas y le metió el puño en la vagina. Lo hizo varias veces.
–¿Qué se siente? –le preguntaba mientras repetía la acción.
Después le dieron toques eléctricos con el alambre que le pusieron en el pie.
–Vas a sentir como que te vas quemando poco a poco –le dijo uno de ellos.
El propósito de la tortura era obligarla a confesar que había participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La madre de éste, María Isabel Miranda, excandidata del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, era muy cercana al entonces presidente Felipe Calderón y al titular de la SSP, Genaro García Luna. Quevedo no confesó y en todo el proceso se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
La tortura duró cerca de tres horas. Después los encapuchados la desataron y se fueron. Brenda Quevedo se quedó hasta la madrugada del 15 de octubre en esa casa. Al amanecer de ese día Jiménez Santana fue por ella y la llevó de regreso a La Borracha.
Ningún médico certificó el estado de salud de Brenda Quevedo pese a que estaba visiblemente lastimada, tenía sangrado vaginal y un absceso en el seno derecho. Estuvo incomunicada de su familia durante un mes, hasta que finalmente pudo hablar con su madre, Enriqueta Cruz, quien recurrió a la CNDH. Brenda actualmente está recluida en el penal federal de Tepic.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación)
La batalla por la educación
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La batalla por la educación
John M. Ackerman
Los maestros de Oaxaca y Guerrero tienen razón. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto no busca fortalecer la educación pública ni acabar con el corporativismo, sino reconfigurar el charrismo sindical en función de los intereses del nuevo PRI y colocar el sistema de enseñanza nacional al servicio de las grandes corporaciones domésticas e internacionales. Existen múltiples formas para llevar a la práctica las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Pero la única manera de garantizar un desenlace positivo para la sociedad es mediante la participación de los maestros de base y el sindicalismo democrático en la elaboración de las leyes secundarias y en el nombramiento de las nuevas autoridades educativas.
Hoy la Carta Magna señala que el Estado debe garantizar la calidad de la educación pública. Esta obligación se debe cumplir por medio del establecimiento de un servicio profesional docente y con la ampliación de las facultades y el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Pero la historia nos ha demostrado que, sin una amplia participación social, los esfuerzos de profesionalización de servidores públicos y de construcción de organismos autónomos no hacen más que recubrir y legitimar las prácticas corruptas de siempre.
La fallida aplicación del Servicio Profesional de Carrera es un excelente botón de muestra. Este 10 de abril la ley federal en la materia cumple 10 años, sin haber generado condiciones para una verdadera profesionalización del gobierno federal. Vicente Fox, Felipe Calderón y cada uno de los grises políticos designados como secretarios de la Función Pública encontraron una variedad de maneras para soslayar la ley por medio de reglamentos y acuerdos que garantizaban la celebración de concursos de oposición a modo y la colocación de miles de puestos fuera del alcance de la norma. No existe un solo experto en la materia que celebre la manera en que se ha aplicado esta ley que, en su momento, fue presumida por los gobiernos panistas como una gran contribución a la democratización del país.
Peña Nieto ha continuado con la tendencia a la desprofesionalización del gobierno federal. Las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal eliminan de un plumazo la Secretaría de la Función Pública, institución creada en 2003 precisamente para implementar el servicio profesional. El nuevo Presidente también logró la aprobación de reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera que excluyen a miles de directores generales del gobierno federal de la norma y dejan el espacio libre para la colocación de sus cómplices y aliados.
La forma de nombramiento de los integrantes de la junta de gobierno del nuevo INEE también busca garantizar la continuidad del manejo faccioso de la educación pública. La Carta Magna indica que la decisión se tomará a puerta cerrada por el propio Peña Nieto y sus amigos, sin convocatoria o auscultación pública alguna para los candidatos. Después de este arreglo cupular donde se hará la verdadera selección, una terna falsa se llevará al Senado para que los representantes populares tengan la oportunidad de fingir que escogen libremente al candidato previamente decidido en Los Pinos. Y si por alguna razón los legisladores no actuaran dentro de 30 días o sorpresivamente tuvieran la audacia de rechazar las ternas del presidente, la reforma incluye el candado de que el Presidente podrá designar de manera directa y unilateral a los nuevos funcionarios.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acertadamente ha denunciado los impulsos privatizadores de la reforma. La nueva autonomía de las escuelas para
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicas
tiene el evidente fin de legalizar y expandir la práctica de obligar a las familias más humildes a realizar
aportaciones voluntarias
para garantizar condiciones mínimas para la educación de sus hijos. Esta autonomía también abre la puerta para, a imagen y semejanza de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, generar una enorme diferencia de financiamiento entre las escuelas públicas que sirven a los sectores más prósperos y aquellas otras ubicadas en los barrios y poblaciones más humildes. Los terribles efectos de este tipo de privatización y segregación escolar han sido ya ampliamente documentados por los expertos en la materia.
Es cierto que nadie podrá reponer las incontables horas perdidas por los miles de vacacionistas que se dirigían a Acapulco el pasado viernes, 22 de marzo. Ellos no son los culpables de la regresión autoritaria que hoy se vive en el país y no tendrían que haber pagado los platos rotos de la cerrazón política de las autoridades. Pero la manera de evitar futuras interrupciones no es con la represión de los disidentes y la exclusión de las opiniones discrepantes, sino con su plena inclusión en el debate y la elaboración de las políticas públicas.
Nuestro sistema educativo no debe apuntar a formar obreros obedientes listos para vender a precio de remate su mano de obra a la oligarquía nacional y el capital internacional, sino a generar ciudadanos críticos que buscan participar plenamente en las decisiones políticas nacionales y luchar por la justicia social. Defendamos nuestro derecho a una educación verdaderamente de calidad.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
John M. Ackerman
Los maestros de Oaxaca y Guerrero tienen razón. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto no busca fortalecer la educación pública ni acabar con el corporativismo, sino reconfigurar el charrismo sindical en función de los intereses del nuevo PRI y colocar el sistema de enseñanza nacional al servicio de las grandes corporaciones domésticas e internacionales. Existen múltiples formas para llevar a la práctica las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Pero la única manera de garantizar un desenlace positivo para la sociedad es mediante la participación de los maestros de base y el sindicalismo democrático en la elaboración de las leyes secundarias y en el nombramiento de las nuevas autoridades educativas.
Hoy la Carta Magna señala que el Estado debe garantizar la calidad de la educación pública. Esta obligación se debe cumplir por medio del establecimiento de un servicio profesional docente y con la ampliación de las facultades y el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Pero la historia nos ha demostrado que, sin una amplia participación social, los esfuerzos de profesionalización de servidores públicos y de construcción de organismos autónomos no hacen más que recubrir y legitimar las prácticas corruptas de siempre.
La fallida aplicación del Servicio Profesional de Carrera es un excelente botón de muestra. Este 10 de abril la ley federal en la materia cumple 10 años, sin haber generado condiciones para una verdadera profesionalización del gobierno federal. Vicente Fox, Felipe Calderón y cada uno de los grises políticos designados como secretarios de la Función Pública encontraron una variedad de maneras para soslayar la ley por medio de reglamentos y acuerdos que garantizaban la celebración de concursos de oposición a modo y la colocación de miles de puestos fuera del alcance de la norma. No existe un solo experto en la materia que celebre la manera en que se ha aplicado esta ley que, en su momento, fue presumida por los gobiernos panistas como una gran contribución a la democratización del país.
Peña Nieto ha continuado con la tendencia a la desprofesionalización del gobierno federal. Las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal eliminan de un plumazo la Secretaría de la Función Pública, institución creada en 2003 precisamente para implementar el servicio profesional. El nuevo Presidente también logró la aprobación de reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera que excluyen a miles de directores generales del gobierno federal de la norma y dejan el espacio libre para la colocación de sus cómplices y aliados.
La forma de nombramiento de los integrantes de la junta de gobierno del nuevo INEE también busca garantizar la continuidad del manejo faccioso de la educación pública. La Carta Magna indica que la decisión se tomará a puerta cerrada por el propio Peña Nieto y sus amigos, sin convocatoria o auscultación pública alguna para los candidatos. Después de este arreglo cupular donde se hará la verdadera selección, una terna falsa se llevará al Senado para que los representantes populares tengan la oportunidad de fingir que escogen libremente al candidato previamente decidido en Los Pinos. Y si por alguna razón los legisladores no actuaran dentro de 30 días o sorpresivamente tuvieran la audacia de rechazar las ternas del presidente, la reforma incluye el candado de que el Presidente podrá designar de manera directa y unilateral a los nuevos funcionarios.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acertadamente ha denunciado los impulsos privatizadores de la reforma. La nueva autonomía de las escuelas para
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicas
tiene el evidente fin de legalizar y expandir la práctica de obligar a las familias más humildes a realizar
aportaciones voluntarias
para garantizar condiciones mínimas para la educación de sus hijos. Esta autonomía también abre la puerta para, a imagen y semejanza de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, generar una enorme diferencia de financiamiento entre las escuelas públicas que sirven a los sectores más prósperos y aquellas otras ubicadas en los barrios y poblaciones más humildes. Los terribles efectos de este tipo de privatización y segregación escolar han sido ya ampliamente documentados por los expertos en la materia.
Es cierto que nadie podrá reponer las incontables horas perdidas por los miles de vacacionistas que se dirigían a Acapulco el pasado viernes, 22 de marzo. Ellos no son los culpables de la regresión autoritaria que hoy se vive en el país y no tendrían que haber pagado los platos rotos de la cerrazón política de las autoridades. Pero la manera de evitar futuras interrupciones no es con la represión de los disidentes y la exclusión de las opiniones discrepantes, sino con su plena inclusión en el debate y la elaboración de las políticas públicas.
Nuestro sistema educativo no debe apuntar a formar obreros obedientes listos para vender a precio de remate su mano de obra a la oligarquía nacional y el capital internacional, sino a generar ciudadanos críticos que buscan participar plenamente en las decisiones políticas nacionales y luchar por la justicia social. Defendamos nuestro derecho a una educación verdaderamente de calidad.
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TEXTO: Frente Autónomo Xochimilco
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