martes, 13 de septiembre de 2011

Lo que hay detrás de la detención de los twiteros en Veracruz

Lo que hay detrás de la detención de los twiteros en Veracruz



Cuando estalló el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, la mayoría de los 'expertos' en seguridad nacional coincidieron en vaticinar su derrota militar y política en cuestión de días. Confiados en la vieja estrategia de tender un cerco informativo que ocultara la represión militar y desacreditara a los alzados, nunca imaginaron que lograran conformar un movimiento social que sigue más vigente que nunca. Una de las claves para comprender este hecho fue que gracias a la existencia de redes sociales ubicadas en el ciberespacio, que se dedicaron a difundir información a todo el mundo generada por los zapatistas, burlando así la censura impuesta a los medios electrónicos y la prensa nacional. 

Fue por ello que Manuel Castells, conocido estudioso de las nuevas tecnologías de la información, calificara al EZLN como una guerrilla informacional. Por primera vez, gracias a la existencia de Internet, un movimiento social de esta naturaleza superó la censura, difundiendo a todo el mundo sus ideales y su objetivos, neutralizando la campaña de difamación orquestada desde el poder y echando abajo la posibilidad de borrarlo del mapa para siempre. Carlos Salinas tuvo que decretar una amnistía no por respeto a los indígenas chiapanecos sino para proteger su imagen internacional y a su engendro preferido: el TLCAN. El estado había perdido un elemento clave para el control de las sociedad, el monopolio de la información, que le permitía manipularla para favorecer los intereses de sus patrones. La sociedad, por su parte, aprendió de la experiencia zapatista y poco a poco, conforme Internet comenzó a popularizarse, la empezó a utilizar para articular una información alternativa a la generada por los medios de comunicación, pilares fundamentales de la dominación. Si bien el papel de la televisión, la radio y la prensa se ha fortalecido -el poder cada vez depende más de ellos para imponer el control social- la capacidad de los ciudadanos para evadir el control de la información también ha crecido. 

Tanto así que en nuestros días algunos han llegado a relacionar directamente el éxito, por ejemplo, de las revueltas en Egipto con 
Facebook, lo cual me parece exagerado aunque sin negar la importancia de las redes sociales en el derrocamiento de Mubarak. Por otro lado, los estados nacionales y sus gobiernos no ignoran lo anterior, al grado de que el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, propuso la aprobación de una ley por la cual el gobierno tendría la facultad de obligar a las compañías de telecomunicaciones, en particular las que ofrecen servicios de telefonía móvil e internet, para apagar sus señales en momentos de crisis política o rebeliones populares como la que recientemente sucedió en Londres. Resulta evidente la razón por la cual los gobiernos desconfían de las redes sociales. Por un lado, debilitan su capacidad para controlar la información, como resultado directo de la posibilidad real de que cualquier ciudadano pueda generar información alternativa y crítica; por el otro, fortalece el potencial autogestivo de la sociedad, abriéndole los ojos a una nueva realidad, a una nueva concepción de la vida social, de la política, donde los gobiernos son vistos como parte del problema y no como parte de la solución. Y esto representa, sin duda, un peligro mayor para los poderosos que la pérdida del control del a información.

En México, recientemente María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez fueron acusados por el gobierno de Veracruz de terrorismo y sabotaje por publicar en
 twitter rumores sobre posibles ataques de la delincuencia organizada en escuelas primarias de la ciudad de Veracruz. El clima de histeria colectiva que se vive en el puerto jarocho sirvió de caldo de cultivo para que los mensajes provocaran que numerosos padres de familia retiraran a sus hijos de las escuelas que, en consecuencia, fueron cerradas. Este hecho bastó para que las autoridades estatales y buena parte de la opinión pública veracruzana, criticaran a los acusados en todos los medios de comunicación, generando un clima de linchamiento y de temor para los usuarios de las redes sociales. El procurador del estado de Veracruz, justificó las detenciones debido a que causaron caos vial, poniendo en peligro la vida de las personas de manera deliberada. Lo anterior es una muestra clara de lo incómodo que le resulta al poder que los ciudadanos miembros de redes sociales generen información alternativa a la que el gobierno controla. 

Para nadie es un secreto que frente a la negativa del gobierno veracruzano a informar con oportunidad y veracidad, las redes sociales se han convertido en el espacio preferido por las personas para saber lo que realmente está pasando en su comunidad –como sucede en otras zonas del país azotadas por la violencia criminal. En su afán por ocultar las dimensiones de su fracaso, el gobierno estatal realiza enormes esfuerzos para evitar que la ciudadanía se percate de las consecuencias de la militarización del estado. Una perla que demuestra lo anterior resulta de la petición del propio gobernador a los medios de comunicación –sobre los que mantiene un férreo control- para que en lugar de que utilicen la palabra "balaceras" para describir los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre la Marina y los narcotraficantes y de éstos últimos entre sí, se use la palabra "operativos". Esta trampa semántica pretende tapar el sol con un dedo y ocultar el clima de terror necesario para mantener la impunidad y el amplio margen de maniobra del militarismo rampante. Los toques de queda de facto, las desapariciones forzadas, los retenes que vejan y humillan a las personas son su complemento. En ese contexto se efectuó la detención de los 
twiteros, con la finalidad de enviar un mensaje directo a los miembros de las redes sociales, procurando fortalecer el cerco informativo que tiene por objetivo el control social basado en el miedo y la desinformación. Coincidentemente, ésa es la estrategia de la delincuencia organizada, que persigue el repliegue de las autoridades pero sobre todo de la población para poder operar con libertad y sin enfrentar oposición. 

No se puede negar que los integrantes de las redes sociales deben asumir un código ético que defina los límites de su libertad para producir información pero habrá que tener cuidado con satanizarlas con el objetivo de quitarles autonomía y potencial crítico. Eso sólo nos llevaría a un clima de mayor intolerancia, acentuándose el clima de violencia en el que vivimos y bloqueando cualquier posibilidad de que la sociedad enfrente sus problemas sin depender totalmente del poder político institucional. La tentación es grande y seguramente crecerá conforme se masifique el uso del Internet.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Denuncian “sitio” de paramilitares al municipio La Dignidad, en Chiapas #EZLN

Denuncian "sitio" de paramilitares al municipio La Dignidad, en Chiapas

Amagan con disparos y con matar a zapatistas que no abandonen sus tierras; tienen bloqueados todos los caminos y en la últimas horas han quemado 18 hectáreas de cultivos y han saqueado milpas.

Hermann Bellinghausen, enviado 
Publicado: 13/09/2011 13:11

San Cristóbal de las Casas, Chis. La junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, del caracol zapatista de Roberto Barrios, en la zona norte del estado, denunció esta mañana que la comunidad de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad (municipio oficial de Sabanilla) se encuentra sitiada por más de un centenar de paramilitares de distintas comunidades de Tila y Sabanilla, quienes realizan disparos, tienen bloqueados todos los caminos, han quemado 18 hectáreas en las últimas horas, saqueando milpas, y amenazan con asesinar a los zapatistas que se nieguen a abandonar sus tierras.

 

Los agresores, de grupos oficialistas, se remiten al tristemente célebre grupo paramilitar Paz y Justicia, que asoló el área durante una década después del levantamiento zapatista de 1994. Proceden de las comunidades Ostelukum, El Porvenir, Los Naranjos, Velasco Suárez y Unión Hidalgo. Los encabezan Rogelio Ramírez Vázquez, el policía municipal de Tila, Mario Vázquez Cruz, y Samuel Díaz Díaz, de Sabanilla.

 

La JBG describe las amenazas y agresiones como "muy críticas e insoportables", y hacen una relación reciente: El pasado día 7, tres presuntos paramilitares (Ambrocio Díaz Gómez, Santiago Díaz Cruz y Miguel Díaz Díaz) se presentaron en el domicilio de una autoridad autónoma de San Patricio y amenazaron "que van entrar a invadir y desalojar la comunidad, porque no se está pagando el impuesto predial, como pretexto para entrar a provocar, de que si no lo entregan las tierras por la buena entraran a masacrarlos a todos, lo primero que dicen van hacer es matar 3 nuestros compañeros para que los demás se refugien en otras partes sin defenderse".

 

El día 10, "estos paramilitares realizaron varios disparos en orilla de la comunidad". Esa noche, unos 100 agresores se posicionaron a 200 metros de la comunidad y acamparon en "la casa grande que era del finquero". Se trata de tierras recuperadas por los zapatistas hace tres lustros.

 

 

 

Al amanecer del día 11 "se registraron varios disparos desde la misma posición; a las 10 empezaron a talar todos las matas de árboles maderables del trabajo comunitario de potrero"; luego cortaron todas las milpas alrededor de donde están posicionados los agresores "y lo cargaron hasta sus casas". Sacrificaron dos puercos que "tantearon" de un zapatista en las afueras de San Patricio, y otro más "llegó lastimado de un machetazo, base de apoyo del EZLN". A las 15 horas hubo nuevos disparos, "destruyeron los alambrados del potrero colectivo y quemaron 18 hectáreas". En la madrugada del día 12 "los paramilitares realizaron diversos disparos con armas de alto calibre".

El dirigente paramilitar Samuel Díaz Díaz había amenazado la víspera a Manuel Cruz Guzmán, autoridad oficial de comisariado de San Patricio, de que los zapatistas "tienen que ser desalojados, y que ya están preparadas sus armas de fuego, que son de diferentes calibres".

Estos "delincuentes paramilitares", dice la JBG, "andan robando en las diferentes comunidades y ahora actúan contra nuestros compañeros, los tienen muy vigilados en sus milpas y en los caminos, de día y noche, y las bases de apoyo del EZLN no pueden salir a sus trabajaderos".

Actualmente, "los invasores paramilitares están distribuidos en el monte, en los caminos, para que si alguien de nuestros compañeros y compañeras sale a buscar sus necesidades lo detienen para interrogarlo, torturarlo y asesinarlo de una vez".

La JBG sostiene: "Nuestros compañeros y compañeras están en grave peligro", a la vez que advierte que defenderán la tierra recuperada "a como de lugar". Responsabiliza de la situación y de lo que pueda pasar a los gobierno de Jaime Sabines Guerrero y a los alcaldes de Sabanilla, Jenaro Vázquez López, y Tila, Sandra Luz Cruz Espinoza.