jueves, 3 de diciembre de 2009

ASTILLERO

ASTILLERO

Julio Hernández López

Tal como se había rumorado, el conservadurismo avanzó ayer a la hora de nombrar sustitutos de Mariano Azuela y Genaro Góngora. En el paquete de arreglos entre PRI y PAN para repartirse tajadas del pastel de los relevos institucionales y las decisiones legislativas, el gabinete de Felipe Calderón ganó ayer dos nuevos miembros en las personas de Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, surgidos de la manga ejecutiva y elegidos por el Senado, que se ha convertido en rica fuente de acuerdos mercantiles de elite.

La nueva conformación de la Supremamente Corta de Justicia consolida un desbalance favorable a la derecha que se suma a otros episodios en los que languidece la confianza popular en la funcionalidad de sus instituciones. Poco podrán esperar de la máxima instancia impartidora de justicia quienes ven desde ahora un diseño faccioso, comprometido con el calderonismo y condicionado por factores religiosos –la jerarquía católica impuso vetos y promovió candidatos afines– e ideológicos.

La mala telenovela de la Corte se desarrolló mientras en una cafetería capitalina de aires cosmopolitas estallaba una sangrienta muestra de la podredumbre que domina el aparato nacional de presunta procuración de justicia. Alguien que había sido jefe policiaco federal fue asesinado y así se hizo más visible el entramado de aberraciones que a nombre de la tal guerra contra el narcotráfico se ha tejido en años recientes. Édgar Bayardo era testigo protegido de la PGR, informante de la DEA y servidor de los intereses específicos de la rama de Ismael Zambada, El Mayo, que junto con elChapo Guzmán dominan el cártel de Sinaloa. Bayardo había sido, además, consultor y funcionario consentido de Eduardo Medina-Mora, el ex ejecutivo del Grupo Desc, especializado en asuntos de petroquímica, inmobiliarios, autopartes y alimentos (Luis Téllez, ligado al grupo Carlyle, también fue ejecutivo de Desc) al que Fox convirtió en bisoño director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego en secretario de seguridad pública, hasta llegar a procurador general de la República con Calderón y, ahora, embajador de México en Londres.

El asesinato de Bayardo puso bajo la lupa el papel de los testigos protegidos y las condiciones en que se les permite actuar. El golpe dado ayer tiene como contexto el supuesto suicidio de un sobrino de El Mayo Zambada, el pasado 20 de noviembre, en una casa de seguridad de la PGR. Este sobrino había ayudado a encarcelar al entonces jefe policiaco Bayardo al delatar sus nexos con el cártel de Sinaloa. Elsuicidio de Jesús Zambada colocó a la ciudad de México en la ruta de las venganzas sangrientas y las ejecuciones públicas. Esas batallas entre bandos del narcotráfico instalan estratégicamente el factor del miedo en una ciudad capital a la que hasta ahora no han alcanzado los horrores de la guerra que sobre todo en el norte del país mantiene a los pobladores absolutamente a la defensa, abandonados y claramente sabedores de que en ese contexto del narcotráfico oficial y extraoficial todo puede suceder.

En ese contexto de retraimiento social ha sido lanzada una ráfaga demoscópica de Consulta Mitofsky que instala a Enrique Peña Nieto como el precandidato presidencial más adelantado, dejando atrás por mucho a sus compañeros priístas y con un catálogo débil y dividido de adversarios de otros partidos: los panistas, sin figura importante al frente (el tapado de Calderón es el secretario de desarrollo social, Cordero que no da ni para un platillo de fiesta municipal) y el perredismo con un López Obrador fuerte en su ámbito de partido, pero rechazado fuera de él y con Marcelo Ebrard mejor colocado en ese terreno general.

La cuestión de las encuestas no es ni siquiera un acto de fe, es decir, de creer o no creer, sino de historia y de veracidad. En el primer punto, el histórico, está claro que la mayoría de las casas encuestadoras importantes se pusieron en 2006 al servicio del golpe electoral contra López Obrador, al generar la falsa percepción de que milagrosamente habían cambiado las preferencias cívicas de un diciembre de 2005 al inicio del año electoral. Los datos de esas encuestas sirvieron para que las maquinarias mediáticas bien aceitadas tomaran los resultados como indicios científicos, irrefutables, casi bíblicos, a partir de los cuales defendieron y promovieron la tesis del increíble repunte felipesco.

Pero, entonces como ahora, el talón de Aquiles de esas encuestas está en la falta de mecanismos que permitan comprobar la veracidad de sus procedimientos y desenlaces, atenido todo, hasta ahora, a esbozos metodológicos que pretenden ser creídos a partir de la buena fe, nada más porque ellos, los empresarios redactores de informes de presuntos comportamientos de la opinión pública, así lo dicen. Impuestos así como presuntos sucedáneos científicos de los escrutinios hechos en la antigüedad por augures y brujos, han prosperado los despachos de estudios de opinión pública (montados en muchos casos por personajes ligados al ejercicio público, miembros de grupos políticos, malabaristas de sus intereses propios, redactores por encargo, inductores a comisión). El truco está a la vista: encuesta (o haz como que encuestas) que algo queda; luego, los medios amigos tomarán como verdad desmenuzable los datos acomodados y ¡zaz! ya hay tendencias electorales deseadas (y facturadas) y a partir de allí se puede explicar al votante desplazado el desenlace electoral que él en lo individual no entiende ni comparte, pero ahora estará cobijado por el manto de las encuestas supletorias de la voluntad sufragante.

Astillas

López Obrador escribió en Twitter: Ayer me calumnió Joaquín López Doriga en su programa de radio. Por este medio le estoy solicitando derecho de réplica. Espero respuesta... Y, mientras visitan www.twitter.com/juliojornada y Facebook con el nombre y apellidos de este tecleador instantáneo, ¡hasta mañana, con Carstens que quiere irse a curar el catarrito en el Banco de México!

México: ¿fin del Estado laico?


 
México: ¿fin del Estado laico?
Arnoldo Kraus


A Patrick Kennedy, congresista estadunidense, sobrino del primer presidente católico de ese país, le fue negada la comunión por suobstinado apoyo al aborto que contradice la doctrina de la Iglesia". El obispo de East Providence comentó que Kennedy está en pecado mortal. José Bono, presidente del Congreso en España, se encuentra "triste, como muchísimos cristianos", ya que la campaña episcopal ha amenazado retirar la comunión a los diputados que voten en favor de la ley del aborto. Y dijo: "Yo no soy un asesino, pero a Pinochet, que sí lo era, le daban la comunión". Ambos casos ejemplifican la imposibilidad de ser librepensadores dentro de las fauces de la Iglesia católica. Para la Iglesia las razones de los creyentes poco o nada importan. Negar la razón y borrar el libre albedrío es privilegio de la fe.
En México, las pronunciaciones en torno al aborto corren más de prisa y en otras direcciones. La asonada conjunta de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional así lo indica. Aunque sus actos no equivalen al fin del Estado laico es urgente cavilar en los alcances de la unión bipartidista y sus vínculos con la Iglesia. Hay que pensar hoy en las amenazas que suponen esas uniones. Muerto el Partido de la Revolución Democrática o, más bien, aniquilado por su incapacidad y estupidez, es obvio que en las próximas elecciones triunfará el PRI o el PAN (de acuerdo con los analistas, la mediocridad de Acción Nacional será la razón para que el tricolorregrese a la Presidencia). Hay que pensar hoy en las amenazas que sufre la laicidad del Estado a partir de lo que ha sucedido con el tema del aborto.
En los últimos meses, gracias al binomio PRI-PAN se han aprobado reformas legislativas en relación con el aborto. La suma de fuerzas de ese binomio ha devenido cambios en 17 constituciones estatales, la cuales, debido a los cambios, penalizan el procedimiento, a pesar de que en el Distrito Federal la experiencia en ese rubro ha sido positiva. En la capital se han practicado aproximadamente 17 mil legrados; salvo por la lamentable muerte de una jovencita, no ha habido complicaciones médicas. En algunos estados, de acuerdo con las reformas legislativas, el aborto, incluso si la menor es una niña violada, está prohibido. Criminalizar a las mujeres que abortan es sinónimo de la ineptitud de nuestro sistema jurídico. Es también espejo del fracaso de nuestros gobiernos en los rubros salud, economía y derechos humanos.
Conviene escuchar lo que se dice desde afuera. Parto de la premisa de la neutralidad de las Naciones Unidas. Alberto Brunori, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó, respecto de las reformas legislativas recién aprobadas en nuestro país, que las modificaciones "pudieran constituirse en violencia estructural contra los derechos de las mujeres". Asimismo, agrega, es urgente establecer estrategias que incluyan "el acceso efectivo al servicio del aborto seguro…" Recordó que cualquier modificación a la legislación interna de un país tendrá que realizarse en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
El aborto es un problema de salud pública que atañe a las mujeres pobres y a las muy pobres. El aborto no es un problema de vida o muerte para las mujeres ricas. Aseverar que el aborto es una suerte de termómetro socioeconómico es correcto. El PRI y el PAN, con tal de ganar votos y sintonía con la Iglesia, han convertido el aborto en un problema ideológico y político, delegando, y olvidando, el problema de salud pública. Vetar el aborto, perseguir a las mujeres que lo hacen, orillarlas a procedimientos inseguros con frecuencia generadores de patologías graves (o incluso la muerte), criminalizar a las mujeres y amenazarlas con la cárcel viola los principios elementales de la ética.
En Estados Unidos y en España se conforman con negarles la comunión a los disidentes. En México el gobierno quiere más: pide las cabezas de todas las mujeres que aborten y de los médicos que se impliquen. Vetar el aborto en 2009 es sinónimo de criminalizar la pobreza. Hacerlo en 2009, desde el poder de los partidos políticos, es una amenaza contra la laicidad del Estado mexicano
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