La desaparición forzada de personas
En México, la desaparición forzada de personas tiene su momento más
fuerte durante la llamada Guerra Sucia, en los años 60 y 70, cuando se
empieza a escuchar constantemente de personas detenidas-desaparecidas,
principalmente en Guerrero y particularmente en el municipio de
Atoyac, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en
esas décadas y fueron reprimidos por la policía y el Ejército.
Durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) en 1994, y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996,
se puso nuevamente en auge el flagelo de la desaparición forzada de
personas aumentando de manera alarmante en México los atentados a los
derechos humanos.
Los saldos de la guerra sucia son heridas que no cierran, con un
número indefinido de muertes y aproximadamente un millar de
desapariciones forzadas, teniendo como víctimas a líderes sociales,
dirigentes campesinos, combatientes rebeldes y ciudadanos comunes,
generalmente jóvenes de origen rural y popular.
Se sabe que los detenidos-desaparecidos fueron llevados a
instalaciones militares, cárceles clandestinas y sitios ilegales de
reclusión, hoy a muchos años de distancia de la guerra sucia, existe
la esperanza y el clamor de justicia para encontrar a sus familiares o
por lo menos saber el destino de éstos, la autoridad se retrae de su
responsabilidad y al igual crea que desaparece fiscalías especiales
para delitos del pasado, impulsa y detiene la comisión de la verdad en
Guerrero.
La desaparición forzada de personas en México se ha vuelto recurrente,
ya que las autoridades se niegan a reconocer completamente este
problema. En los años recientes se siguen desapareciendo a mexicanos,
teniendo que ver con ello los cárteles de las drogas y los aparatos de
seguridad que son recurrentemente señalados por cometer estos
atentados a la vida y a la integridad de las personas; los viejos y
nuevos desaparecidos claman justicia.
Las familias de las personas que se encuentran desaparecidas viven el
estrés postraumático y la zozobra permanente, en una afectación
psicológica y mental que los mantiene sumergidos en momentos de miedo,
terror y pánico.
Estos actos son un atentado a la vida y a la libertad, generalmente
provocada por las autoridades públicas que violentan a cada momento
los derechos más fundamentales de los individuos, por lo cual, se
deben tomar medidas urgentes para la protección de víctimas, con la
creación de leyes para prevenir y erradicar esta problemática, con un
ordenamiento que deberá de regular la prevención, sanción y reparación
del daño de ofendidos y víctimas.
La práctica de la desaparición forzada surge en América Latina, siendo
precursores de estos hechos los dictadores de Centro y Sur América, de
tres décadas atrás, que reprodujeron estas prácticas cometidas por los
nazis en la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio. Se han
cometido un sinnúmero de desapariciones forzadas en el marco del plan
Operación Cóndor, como alianza de dictadores argentinos, salvadoreños,
chilenos, uruguayos, brasileños, colombianos, bolivianos, para
exterminar cualquier amenaza opositora o insurgente, en una política
continental de dominación, donde incluso países como México, Colombia
y Perú, son países donde se desarrollaron este tipo de atentados a la
vida y a la libertad.
El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de
Personas de las Naciones Unidas, plantea una serie de acciones en
contra de esta práctica: es necesaria el conocimiento de cifras de
víctimas de estas acciones inefables, se garantice el delito de
desaparición forzada y sea incluido en los Códigos Penales de todas
las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una Ley
General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, tomar medidas
preventivas y de seguridad apelando al derecho que tienen las víctimas
y sus familiares a la justicia y la protección judicial, el derecho a
la verdad y a la reparación del daño causado.
Las fuerzas militares en la brevedad deberán regresar a sus cuarteles
dejando las tareas y operaciones de seguridad pública, se deben
generar normas y protocolos para regular el uso de la fuerza.
La autoridad debe de reconocer las dimensiones del fenómeno y la
participación de funcionarios públicos en estos delitos, además de
elaborar un padrón actualizado de víctimas.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/25/index.php?section=sociedad&article=006a1soc
