miércoles, 17 de febrero de 2016

La Jornada: A 20 años de los acuerdos de San Andrés

La Jornada: A 20 años de los acuerdos de San Andrés
Este 16 de febrero se cumplen 20 años de que el gobierno mexicano
firmó con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) una serie de acuerdos que sentaban las bases para el
reconocimiento de la autonomía indígena. Los Acuerdos de San Andrés
sobre Derechos y Cultura Indígena fueron el producto de un ejercicio
democrático sin precedente en la historia política de México, pues la
comandancia zapatista convocó a representantes de la sociedad civil a
participar en cinco mesas de trabajo en las que se discutieron los
términos de dichos acuerdos bajo los temas de derechos y cultura
indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación
en Chiapas y derechos de la mujer en Chiapas. Yo tuve el privilegio de
participar en representación del Grupo de Mujeres de San Cristóbal en
la mesa de derechos de la mujer y fui testigo de la manera en que las
mujeres zapatistas crearon espacios para las voces de las indígenas de
todo el país y pugnaron para que sus derechos específicos se
incluyeran en los derechos autonómicos de los pueblos.

Sin embargo, como ya ha sido ampliamente documentado, estos acuerdos
fueron traicionados por una Ley de Derecho y Cultura Indígena
limitada, conocida como la ley Barlett-Cevallos en honor a sus
principales promotores. La propuesta inicial fue modificada con base
en argumentos sobre los peligros desintegradores de la autonomía, y
sobre la inseguridad que representaba para la propiedad privada y la
inversión económica, el reconocimiento del derecho de los pueblos
indígenas al uso colectivo de sus tierras y recursos naturales.

A lo largo de estos 20 años, las luchas por la autonomía indígena han
sido limitadas no sólo por un marco legal que no reconoce a los
pueblos indígenas como sujetos de derecho, sino como objetos de
atención por parte del Estado (al cambiar su carácter de entidades de
derecho público, por entidades de interés público), sino también por
una reforma penal que criminaliza la protesta social y sienta la bases
para el encarcelamiento de sus dirigentes.

En estas dos décadas hemos sido testigos de una nueva embestida del
capital que se apropia de los territorios y recursos de los pueblos
originarios a través de estrategias neocoloniales que criminalizan a
los jóvenes pobres que participan en movimientos sociales y que
utilizan la violencia sexual como estrategia represiva en los procesos
de desposesión.

Si bien la represión contra los movimientos indígenas en México tiene
una larga historia que antecede al momento actual de despojo
territorial, el fenómeno del que estamos siendo testigos, sobre todo
en la última década, es el de legitimación de la criminalización de la
disidencia mediante reformas judiciales que, so pretexto de la lucha
contra la delincuencia, crean un marco legal para encarcelar y golpear
a dichos movimientos. La estrategia utilizada por el gobierno contra
los luchadores sociales ha consistido en crearles cargos federales,
como la obstrucción de vías de comunicación, destrucción de bienes
federales o secuestro equiparado, por lo que en sus expedientes
judiciales no aparecen cargos de disidencia política. Se les construye
y se les trata como criminales y luego se ejerce sobre ellos toda la
violencia del Estado. Los casos de los dirigentes de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado y Gonzalo
Molina son sólo un ejemplo más de esta embestida de violencia estatal
contra las organizaciones indígenas.
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/16/opinion/019a2pol

Ya son cientos las comunidades autónomas en Chiapas — La Jornada

Ya son cientos las comunidades autónomas en Chiapas — La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. A 20 años de la firma de los
acuerdos de San Andrés, que el gobierno no cumplió, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no sólo ha consolidado en
cientos de comunidades indígenas la aplicación de la autonomía -uno de
los pilares de los tratados- y el autogobierno, sino que su práctica
se ha extendido a localidades, grupos y organizaciones simpatizantes
dentro y fuera de Chiapas.

Según el EZLN, los zapatistas tal vez no tengan casas de cemento,
televisiones digitales, ni camiones último modelo, pero "no sólo están
mejor que hace 22 años, sino que su nivel de vida es superior al de
quienes se han vendido a los partidos políticos de todos los colores".

Durante un mensaje con motivo del 22 aniversario "del inicio de la
guerra contra el olvido", leído por el subcomandante Moisés en
Oventic, la noche del 31 de diciembre pasado, agregó que "lo que se
pone en su mesa, la ropa que las viste, la medicina que las alivia, el
saber que se aprende, la vida que transcurre es suya, producto de su
trabajo y de su saber. No es regalo de nadie".

Los acuerdos fueron firmados el 16 de febrero de 1996 en la cabecera
del municipio de San Andrés Larráinzar (municipio autónomo de San
Andrés Sacamchén de los Pobres), situado a unos 26 kilómetros de San
Cristóbal, después de muchas reuniones entre los representantes del
gobierno federal encabezados por Marco Antonio Bernal y la comandancia
rebelde, durante diez meses.

El 25 de abril de 2001, ya con el panista Vicente Fox en la
presidencia de la República -quien en campaña había declarado que en
15 minutos solucionaba el conflicto en Chiapas-, todos los partidos
políticos representados en el Senado de la República aprobaron la
reforma indígena que incorporó sólo parte de los acuerdos, dejando
fuera aspectos fundamentales.

Por ejemplo, en lugar de reconocer a las comunidades como "entidades
de derecho público", éstas pasaron a ser de "interés público". También
se cambió la frase "uso y disfrute de los recursos naturales" por la
de "uso preferente"; "autonomía" y "territorio", fueron los dos
conceptos clave que no aprobaron los senadores.

El 28 de abril, con 386 votos en favor de legisladores del PAN, el PRI
y el Verde Ecologista, y 60 del PRD, el PT y cinco priístas de Oaxaca
en contra, la Cámara de Diputados consumó la aprobación de la ley
sobre derechos y cultura indígenas. Dos días después, el grupo rebelde
rechazó las reformas porque "no responden en absoluto a las demandas
de los pueblos indígenas de México, del Congreso Nacional Indígena,
del EZLN ni de la sociedad civil nacional e internacional".

Las "contrarreformas", como las llamó el EZLN, fueron avaladas en
septiembre de 2002 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
declaró improcedentes las más de 300 controversias constitucionales
interpuestas por municipios de 10 estados con población indígena en
contra del procedimiento utilizado para aprobar las modificaciones de
agosto de 2001. Ante ello, el EZLN puso en práctica unilateralmente
los acuerdos a partir de 2003 mediante la creación de las llamadas
Juntas de Buen Gobierno, con sede en las comunidades de Oventic, San
Andrés; La Garrucha, Ocosingo; La Realidad, Las Margaritas y Roberto
Barrios, Palenque.

Así fue creciendo en los más de 40 municipios autónomos –algunos
asentaos en tierras "recuperadas"-, el número de escuelas con su
propio sistema educativo, clínicas, cooperativas con diversos
productos, tiendas y la producción agrícola y de ganado, por ejemplo.

"Entendimos que era necesario construir nuestra vida nosotros mismos,
nosotras mismas, con autonomía y en medio de las grandes amenazas, de
los hostigamientos militares y paramilitares, y las constantes
provocaciones del mal gobierno. Empezamos a formar nuestro propio
sistema de gobernar, nuestra autonomía, con nuestra propia educación,
nuestra propia salud, nuestra propia comunicación, nuestra forma de
cuidar y trabajar a nuestra madre tierra; nuestra propia política como
pueblo y nuestra propia ideología de cómo queremos vivir como pueblos,
con otra cultura", aseveró Moisés el 31 de diciembre.

Expuso que "donde otras y otros esperan que desde arriba se
solucionará lo de abajo, nosotras, nosotros, zapatistas, empezamos a
construir nuestra libertad como se siembra, como se construye, como se
crece, es decir, desde abajo".

Afirmó que "durante estos 22 años de lucha, de resistencia y rebeldía
seguimos construyendo otra forma de vida, gobernándonos nosotros
mismos como pueblos colectivos que somos, bajo los 7 principios del
mandar obedeciendo; construyendo un nuevo sistema y otra forma de vida
como pueblos originarios. Uno donde el pueblo manda y gobierno
obedece".

Durante la cuarta jornada de actividades de la Escuelita, en la cual
se impartió el curso de La Libertad según los zapatistas, en agosto de
2013 en San Cristóbal, autoridades autónomas afirmaron que en su
sistema "no se vende la justicia y quien comete un delito lo paga con
trabajos colectivos y repara el daño".

Remarcaron: "En el gobierno oficial la justicia es negocio porque el
que tiene dinero anda libre aunque haya cometido delitos graves; se
inventan acusaciones y por eso hay muchos inocentes en las cárceles".

El subcomandante Moisés dijo en esa ocasión que como parte del proceso
de autonomía, los zapatistas crearon también el Banco Autónomo
Comunitario, que es utilizado para atender problemas de salud y para
comercio".

Explicó: "Hay varias formas de hacer fondos: Para que no sientan
pesado las y los compañeros zapatistas, el acuerdo es que cada base de
apoyo debe de dar un peso cada mes. Son 12 pesos al año. Otros
(recursos) son donativos de compañeros solidarios, de los cuales una
parte se va al fondo del Banco y otra al trabajo colectivo de las
zonas".

Como ejemplo, dijo que si algún zapatista pide prestados diez mil
pesos en el Banco para que se le brinde atención médica a un familiar
enfermo, paga el dos por ciento de interés en caso de que se cure,
pero si muere ya no paga nada. "Ese es el acuerdo en la zona porque
así como se perdió la vida, también se perdió el dinero". Pero la
autonomía no sólo se aplica en comunidades zapatistas, sino entre
organizaciones, localidades y grupos que simpatizan con su lucha, se
han adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y han hecho
suyos los tratados.

Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que "cuando nacieron los
Caracoles en 2003, el EZLN dijo que iba a hacer cumplir los acuerdos
de San Andrés y en el ámbito de la Sexta, convocó no sólo a los
pueblos originarios sino a todos los sectores que luchan desde abajo;
es otro instrumento para fortalecer los tratados".

Opinó que "a 20 años, podemos decir que es una ley de las más vigentes
que se siguen construyendo y se está aplicando aunque no haya sido
reconocida oficialmente. Han construido radios comunitarios, sus
medios alternativos, libres o como se llamen; han creado sus procesos
artísticos a través de telares, formas de gobierno y han fortalecido
sus procesos a partir de la inspiración de los acuerdos".

En entrevista, sostuvo que ejemplos de cómo la práctica de la
autonomía se ha extendido están en la Organización de la Sociedad
Civil Las Abejas (a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en
Acteal el 22 de diciembre de 1997), las comunidades de Xochicuautla
(Estado de México); Santa María Ostula (Michoacán), los ejidos San
Sebastián Bachajón y Tila, así como la comunidad de Las Brisas
(Chiapas), entre otros.

"Todos los que componen el Congreso Nacional Indígena (CNI) tienen
claramente el proyecto de autonomía que van construyendo cada cual
bajo un proceso diferente. Todos estos son adherentes y allí viene su
conexión, por eso es que los acuerdos de San Andrés y la Sexta son dos
documentos que marcan una postura de proyecto de construcción
alternativa al sistema capitalista", indicó.

Aseguró que "aunque hay posiciones del Estado para someter a estos
pueblos, van construyendo de manera legítima la estructura e
instituciones que les permiten fortalecer sus proyectos de vida. Es un
medio no sólo de defensa sino de sobrevivencia".

Sebastián Pérez Vázquez, presidente mesa directiva Las Abejas comentó
que ante la "burla y la traición del gobierno los zapatistas aplican
la autonomía porque es su forma de vivir, y otras agrupaciones como
nosotros aplicamos la autonomía porque es nuestra forma de vivir
también".

Afirmó que Las Abejas, no recibe nada del gobierno, pues está en
resistencia, además de que "tenemos escuelas autónomas, juez,
regidores, alcaldes y la mesa directiva".

Lo mismo ocurre con el municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente
de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con sede en la
comunidad de Elambó Bajo, del municipio oficial de Zinacantán.

"Nosotros no recibimos migajas del pinche gobierno" y "estamos
avanzando poco a poco", declaró el presidente del concejo autónomo,
Agustín Pérez Gómez. Añadió que a cinco años de su fundación, han
construido la casa de salud, las oficinas de las autoridades, la
ermita, la cárcel y un baño con sus propios recursos y trabajo porque
"estamos en la resistencia totalmente y no recibimos nada del
gobierno".

Sostuvo que "no tenemos nada de relación con el pinche mal gobierno,
menos con (el presidente) Enrique Peña Nieto".

El sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, párroco del municipio de
Simojovel, donde con él a la cabeza surgió hace unos años un
movimiento social en contra del alcoholismo, el tráfico de la drogas,
la prostitución y la imposición de autoridades, opinó que "antes de la
firma de los acuerdos de San Andrés ya se venía viviendo la autonomía.
Se quiso de una manera como que aceptara el gobierno ese
reconocimiento pero al traicionarlos le dio más fuerza para ponerla en
práctica en las comunidades".

Originario de San Andrés, donde se firmaron los acuerdos, abundó: "La
autonomía no sólo se ejerce en los municipios autónomos sino en todos
aquellos lugares donde hay un espíritu de la resistencia, de decir no
al gobierno, no a las migajas, no a la destrucción, no al sistema que
nos está oprimiendo y destruyendo, que ha generado mucha pobreza,
violencia, marginación".
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/16/a-20-anos-de-los-acuerdos-de-san-andres-el-ezln-se-fortalece-547.html