Vigilar recursos públicos
En el enrarecido clima de violencia que vive el país, los legisladores recién aprobaron una ley que busca resarcir los daños a las víctimas –indemniza, crea una nueva instancia descentralizada, un padrón de víctimas y hasta un fondo. Pero ya de entrada provoca escepticismo y controversia
Sergio Haro Cordero
A unos días de aprobada la nueva Ley General de Víctimas, ya provocó polémica. Impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –que encabeza el escritor Javier Sicilia– el Senado de la República aprobó el 24 de abril de 2012 y el día 30, el Congreso de la Unión hizo lo propio con la legislación que crea un sistema de reparación del daño causado por la violencia que invade el país.
En la mencionada Ley, se instaura la creación de un Registro Nacional de Víctimas y hasta una nueva instancia gubernamental encargada del seguimiento. El acuerdo incluye un presupuesto millonario para indemnizar a familiares de las víctimas por la violencia y se habla de cantidades cercanas al millón de pesos. Todo del erario.
La decisión parlamentaria, se concreta a seis meses de que concluya este sexenio, que ha significado cerca de 60 mil víctimas, por lo que el presidente Felipe Calderón caracterizó como guerra contra el narcotráfico.
"Es una respuesta que consideramos importante socialmente, pero viene a ser un paliativo, nada más (…) crear una especie de tribunal o una especie de supervisión que le esté dando seguimiento a los casos de atención a víctimas del delito, pues yo lo veo de veras muy iluso", expuso Miguel Ángel García Leyva, abogado y dirigente de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad.
Quien consideró además, que el Estado pretende lavarse las manos y evadir el problema de fondo, que tiene que ver con la impunidad. Aparte que describió como negativo, el que se entraría en un proceso de judicialización de las víctimas.
Por su parte el diputado y presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Montejano reflexionó que la legislación, no es la solución de fondo a la atención a las víctimas y sin embargo, sí da la impresión, "…que le estás comprando las consciencias" a las víctimas.
"Cualquier Ley que se cree para beneficiar los derechos de las víctimas debe ser recibida gratamente", expuso por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali Herman López Frank.
No resuelve
Desde la perspectiva del abogado y activista social Miguel Ángel García Leyva, la nueva ley no resuelve la problemática que se ha vivido en cuanto a la protección de víctimas del delito, aunque acepta que se avanza, "…pero sólo en parte". Esto en función de que ha sido un reclamo por parte de las víctimas, sobre todo en casos de desapariciones forzadas y las de la violencia, avivada en este mandato de Felipe Calderón.
García Leyva recordó otros intentos fallidos, como la creación de la llamada Procuraduría Social, que resultó un fiasco. "Viene a ser un maquillaje que hace el gobierno federal", comentó el activista y refirió antecedentes negativos como los casos de Alejandro Martí o el de la señora Isabel Miranda de Wallace. "Ahora se convirtieron en jilgueros oficiales de parte del sistema", refirió García Leyva, quien comentó que la nueva legislación no convence plenamente.
Razonó como iluso el hecho de pensar en la creación de un tribunal que supervise y dé seguimiento a los casos de atención a víctimas del delito. Además cuestionó que para conformar esas comisiones intervenga el Congreso, lo que contamina y asegura una actitud parcial, dejando fuera a las organizaciones sociales.
Mencionó que por lo menos en papel, se habló de destinar un presupuesto millonario para el tema, pero desafortunadamente no hay transparencia, ni se explica la forma de la aplicación.
"Nunca se va a resarcir el daño de una persona que tiene un hijo o una hija desaparecida; pero, en sí, puede ayudar un poco para avanzar en la cuestión de los hijos que quedan desamparados, de las familias que quedan destrozadas en todos los aspectos, no solamente el emocional, el psicológico, por la pérdida de su familiar, por la situación patrimonial".
García Leyva califica la intención como "un altruismo simulado", porque por un lado hablan de montos y presupuestos pero no se tiene la seguridad de que se aplique a las víctimas. "Es demagogia pura", aseguró.
Aparte hay muchos casos –como en el tema de los desaparecidos– donde los familiares, por temor ni siquiera han puesto oficialmente la denuncia, otros donde son casos múltiples de padres, madres, hijos, sobrinos desaparecidos.
"La reparación económica no viene a resolver nada de ello, pero se respeta si alguno de los familiares, por su situación muy particular quiere retomar y a acogerse a esta ley, aceptarla, pues adelante. Estamos también en pleno proceso electoral y pues, desgraciadamente los grupos de poder que operan dentro del congreso de la unión y del senado, pues ellos dentro de la coyuntura lo aprueban, también como una forma de sacar adelante este proyecto que es un reclamo válido, que es un reclamo legítimo, que es una situación que puede ayudar pero no resuelve de fondo", aseveró el activista.
Y es que finalmente el fondo –la contención de las desapariciones y la impunidad– sigue intacto. "Con esta nueva ley el Estado se lavaría las manos", considera García Leyva, aparte de que se entraría en un proceso de judicialización de las víctimas.
"Se entra en un proceso de supuesta reparación del daño, pero la justicia sigue desaparecida", sintetizó.
Ocurrencias
"Lo entendemos como una compensación que se le quiere dar y una respuesta inmediata a un movimiento nacional que encabeza Sicilia. Lo vemos como algo que se está negociando, que dan respuesta para ver si ya le baja. Ésa no es la solución de fondo a la atención de las víctimas, me parece que le estás comprando la conciencia", opinó por su parte el legislador priista y presidente de la Comisión de Legislación en el Congreso local Juan Montejano.
Para el diputado local, la situación de fondo tiene que ver con la proliferación de las violaciones de los derechos humanos, que derivan en muchas víctimas. "Y eso no lo vas a estar pagando con recursos, con lana. El fondo es que el gobierno de Calderón no puede con el paquete, ni con la atención a las víctimas, ni con los secuestros, ni con el combate al narcotráfico, ni con la drogadicción, ni el desempleo, ni la inseguridad. La verdad es que no puede con el país y está dando patadas al aire", detalló Montejano.
También mencionó el contexto de las campañas electorales y Montejano soltó una frase: "Nomás falta que resuelva el problema del Sindicato de Electricistas, el SME", dice en referencia a la desaparición de la compañía Luz y Fuerza y a la par el intento de extinción del gremio; o la detención de "El Chapo" Guzmán.
"Está tan desesperado el gobierno federal, ante lo que llama –un inevitable cambio de gobierno y de partido–, por lo que da la impresión de que a toda costa, a cualquier precio y a costillas del erario, quieren conservarse en el poder. Las decisiones que ellos toman son ocurrencias", comentó Montejano y recordó las miles de víctimas y preguntó si todas alcanzarán indemnización.
Que no sea letra muerta
Para el presidente del Colegio de Abogados en Mexicali, licenciado Herman López Frank, cualquier ley que se cree para beneficiar el derecho de las víctimas debe ser gratamente recibida, ya que el Estado se compromete a resarcir algunos daños ocasionados a las víctimas, en ocasiones por la misma inseguridad que provoca el propio Estado por no cumplir con su cometido.
Como ejemplo mencionó el caso –supuesto– de que una persona sea víctima de un abuso de autoridad. "En ese caso es lógico que el estado debe de resarcir los daños, podría ser incluso un responsable solidario. Pienso que cualquier norma que se cree para proteger los derechos delas víctimas debe ser bienvenida", sostuvo el especialista y académico.
"Lo que queremos es que no llegue a ser una Ley muerta, como hay muchas", refirió López Frank quien recordó que en cuestiones de justicia "…estamos un poco atrasados en cuanto a la efectividad", en referencia los persecutores de los delitos y los que imparten justicia.
"Esto viene a resarcir estos daños precisamente, en relación a la obligación que tiene el estado de dar un buen servicio a la ciudadanía. Es una forma de tratar de cubrir un daño por una negligencia en cuanto a la prestación del servicio que el Estado tiene".
Sin embargo en una visión ampliada, puntualizó que también puede ser una forma del Estado para salirse por la tangente en cuanto a la obligación del estado. "Pero al fin y al cabo la Ley trae beneficios para las víctimas", sostuvo López Frank y refirió que cuando los legisladores crean normas, hay que ver que éstas sirvan, beneficien a la comunidad, independientemente de que pueda tratarse de un acto populista.
En cuanto a la creación de un fondo con dinero público, López Frank recalcó que: "…eso sería lo que habría que vigilar".
Para López Frank, queda claro que la Ley de Víctimas es una respuesta a las presiones de los grupos sociales –como el caso de Sicilia– y que tienen el derecho a que el daño sea resarcido. "Es un avance porque se reconoce la obligación del Estado para resarcir los daños ocasionados por la deficiencia en la inseguridad que estamos viviendo", concluye el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali.
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