J. Jesús Esquivel <http://www.proceso.com.mx/?author=73>
18 de enero de 2012 · Sin comentarios
<http://www.proceso.com.mx/?p=295242#respond>
Reportaje Especial <http://www.proceso.com.mx/?cat=20>
La semana pasada el gobierno mexicano pidió a Washington que se le
otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo, acusado en una corte de Estados
Unidos de delitos de lesa humanidad por la matanza de Acteal. Los
demandantes –de quienes se desconoce la identidad pero que supuestamente
vivieron la tragedia de 1997– usan los servicios de uno de los más
costosos despachos legales de la Unión Americana; este hecho causa
extrañeza en Chiapas, donde los sobrevivientes de la masacre se
deslindan de esa demanda y sospechan de la existencia de una perversa
estrategia gubernamental para brindarle al exmandatario mexicano
impunidad en vez de inmunidad.
WASHINGTON (Proceso).- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal
concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto
Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda
vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se
le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano.
"La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a
intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a
hacer nada", dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en
nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo
ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la
petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su
argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único
que el Departamento de Estado admite es haber recibido una "nota
diplomática" del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el
contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin
Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos,
promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le
solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los
cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el
argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional),
como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
"Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al
Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de
inmunidad frente a la demanda", anota Kobert, de la firma Rafferty,
Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a
los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen
que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante
la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el
Departamento de Estado para solicitar su "punto de vista" sobre la
afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad
como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema
judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo "podría dar su opinión a la
Corte" sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal
tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo
para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento
de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de
Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
"La Corte Federal es la que tiene la última palabra", enfatiza Kobert,
quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había
recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la
comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco
ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero
no respondieron.
El precedente Filártiga
Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados
por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un
caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de
Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia
Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la
Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La
decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29
de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado,
torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo
día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel)
a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas
torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y
asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el
doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en
Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la
familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la
policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo
político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se
quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al
enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de
haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo
demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven
Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia
de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno
estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a
cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes
pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y
anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de
Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del
estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga.
La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la
tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes
internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos
cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.
Un despacho muy caro
Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese
judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de
extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el
gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue
perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó,
Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.
Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones
de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por
ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia
de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la
Universidad de Yale.
En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho
numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven
con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan
iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los
servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.
"Ojalá fuera así; sería rico", comenta Kobert al respecto, y sostiene
que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se
halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres.
"Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para
cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos
abogados que cobran cientos de dólares por hora", enfatiza.
–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.
–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una
porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por
los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.
En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes
–dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u
organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de
recibir un porcentaje del pago exigido como compensación por los daños
sufridos por sus clientes.
El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra
el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la
entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad
profesional y legal para salir adelante con la demanda: "Ya habíamos
anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad".
El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de
leyes internacionales… pero en materia comercial. Kobert se asume como
experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las
cortes federales de su país. "Revisamos el caso, lo analizamos y
decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto
interesante y que se puede ganar", añade.
–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los
representaran? –se le pregunta.
–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en
ayudar a las víctimas de esta masacre.
–¿Quiénes son esos abogados?
–No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo.
Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato.
–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de
México, en Chiapas?
–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.
Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando
fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron
poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de
demandar a Zedillo: "Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los
hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los
procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra
firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)".
Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la
identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner
en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.
"En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y
apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque
los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los
denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes
también pusieron sus huellas digitales", aclara.
La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane
Doe para cada uno de los quejosos, pero Kobert adelanta que en algún
momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá
confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. "Pero también ya
estamos preparados para enfrentar esa situación", remata.
El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos
de los documentos del proceso: http://acteal97.com.
Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de
Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de
Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a
los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder
al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el
caso, ante la Corte correspondiente.
Desconfianza en Chiapas
En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y
la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano
sólo han generado dudas y desconfianza.
La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes
reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus
representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de
ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para
testificar en el caso.
Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos
eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y
algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente
Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia
que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.
En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las
Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente
número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo
ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de
noviembre de ese año.
En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado
elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros
instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles
cuentas.
A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH
empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese
proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta
cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.
Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de
inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina
hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el
gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es
confirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
"A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé
información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del
fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo.
"Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo
defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía.
Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de
Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el
gobierno de George Bush", agrega.
Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia
contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman.
Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando
había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al
fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a
dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés,
los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un
tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque
que finalmente concluyó con la matanza de Acteal.
"Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia 'dura', de la
que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que
era entonces", señala.
Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir
a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el
exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique
Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este
intento de solicitar inmunidad "para cubrirse la espalda viéndose él
como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de
muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal
Internacional". (Con información de Isaín Mandujano.)
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