Pedro Miguel
Cuando quería ser coloquial le brotaban expresiones desgraciadas –es
decir: sin gracia– como aquella del "no traigo cash". Siendo
candidato, e interrogado sobre el porcentaje que esperaba obtener en
las elecciones de 1994, respondió: andamos por el tostón. En efecto,
logró el 50 por ciento de los votos en unos comicios que, según él
mismo reconoció años después, no se habían desarrollado en condiciones
equitativas. Se refería a que su campaña contó con recursos
desmesuradamente superiores a los de sus rivales. Ciertamente, Salinas
inyectó ríos de dinero y comprometió a las dependencias del poder
público en la promoción impúdica del aspirante oficialista. Pero, a
diferencia de lo ocurrido seis años antes, en 1994 no fue necesario
sacar los votos opositores de las urnas ni rellenarlas con sufragios
para el PRI.
Tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo pudo
parecer, a ojos de Salinas, una marioneta de fácil manejo, no sólo por
su inexperiencia política, sino también por las afinidades
ideológicas: el candidato sustituto era ferviente partidario de las
privatizaciones de la propiedad pública, la apertura comercial
subordinada y la destrucción de las instituciones de bienestar social.
De hecho, al tomar posesión, el 1º de diciembre de 1994, Zedillo no se
midió en la lambisconería para quien lo puso en el cargo: un
presidente que gobernó con visión; que con inteligencia y patriotismo
concibió grandes transformaciones y supo llevarlas a cabo con
determinación (...) Estoy seguro de que Carlos Salinas de Gortari
tendrá siempre la gratitud y el aprecio del pueblo de México.
Pero la concordia entre el antecesor y el sucesor duró pocos días.
Dicen que, tras el error de diciembre, un alto funcionario de Zedillo
reprochó a su antecesor salinista: Ustedes dejaron la economía
prendida con alfileres. "Sí –habría dicho el interpelado–, pero
ustedes quitaron los alfileres." Cierto o imaginario, el diálogo es
ilustrativo de la perversidad y la torpeza que se conjuntaron en la
mayor crisis financiera en la historia del país y que, de paso,
enemistó a los dos últimos presidentes priístas.
Esa catástrofe, provocada desde el poder público, fue seguida por la
traición de febrero, perpetrada por el presidente contra el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional –con el que se encontraba en
pláticas–, contra los intermediarios entre la insurgencia y el
gobierno y contra su propio secretario de Gobernación. La traición
habría de repetirse cuando Zedillo desconoció el compromiso que había
adoptado su gobierno en San Andrés Larráinzar y se negó a enviar al
Congreso las iniciativas de ley derivadas de los acuerdos con el EZLN.
En sus dos primeros dos años el zedillato simuló que dialogaba con los
insurrectos, pero desde el principio apostó a las prácticas regulares
de la contrainsurgencia: acoso y agresiones a la población civil,
promoción activa del paramilitarismo, expulsión de comunidades enteras
de sus tierras. Consecuencia de esa estrategia es la realización de
masacres en el campo, relacionadas o no con el conflicto chiapaneco.
En Aguas Blancas, Guerrero (1995), 17 integrantes de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur fueron emboscados y asesinados por
agentes de la policía estatal, bajo la responsabilidad del gobernador
priísta Rubén Figueroa Alcocer. A ese crimen de Estado habrían de
seguir los cometidos en Acteal y El Bosque (Chiapas) y El Charco
(Guerrero), en los que participaron autoridades estatales y federales
priístas.
Sangriento, traidor e inepto, el zedillato –continuación accidentada y
accidental del salinato– fue también profundamente corrupto. Para
salvar a los banqueros estafadores, Zedillo ideó la nacionalización de
las deudas de la banca (Fobaproa), al amparo de la cual se cometieron
toda clase de fraudes. El atraco (552 mil millones de pesos de botín)
se consumó en diciembre de 1998 en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, con la legalización, sin fiscalización de por medio, del
rescate bancario zedillista. En ese operativo los priístas contaron
con el apoyo de Acción Nacional y con la aprobación del entonces
presidente de ese partido, Felipe Calderón.
Con la ilusión de quitarse de encima esa clase de gobiernos, en julio
de 2000 la ciudadanía votó mayoritariamente por Vicente Fox. La
mayoría de quienes dieron su sufragio al guanajuatense ignoraban que
Acción Nacional era ya parte del régimen y que PRI y PAN estaban de
acuerdo en lo fundamental: el modelo económico neoliberal, el modelo
político autoritario y fraudulento y el modelo administrativo,
esencialmente corrupto.
Ciertamente, de 1988 a la fecha las cosas han ido de mal en mucho
peor. Por eso, ahora que Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional
del tricolor, llama a poner fin a la pesadilla de dolor, violencia,
corrupción y pobreza, hay que hacerle caso y no votar en julio próximo
por Peña Nieto ni por Vázquez Mota, continuadores garantizados de la
pesadilla.
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