La Jornada: A 20 años de los acuerdos de San Andrés

La Jornada: A 20 años de los acuerdos de San Andrés
Este 16 de febrero se cumplen 20 años de que el gobierno mexicano
firmó con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) una serie de acuerdos que sentaban las bases para el
reconocimiento de la autonomía indígena. Los Acuerdos de San Andrés
sobre Derechos y Cultura Indígena fueron el producto de un ejercicio
democrático sin precedente en la historia política de México, pues la
comandancia zapatista convocó a representantes de la sociedad civil a
participar en cinco mesas de trabajo en las que se discutieron los
términos de dichos acuerdos bajo los temas de derechos y cultura
indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación
en Chiapas y derechos de la mujer en Chiapas. Yo tuve el privilegio de
participar en representación del Grupo de Mujeres de San Cristóbal en
la mesa de derechos de la mujer y fui testigo de la manera en que las
mujeres zapatistas crearon espacios para las voces de las indígenas de
todo el país y pugnaron para que sus derechos específicos se
incluyeran en los derechos autonómicos de los pueblos.

Sin embargo, como ya ha sido ampliamente documentado, estos acuerdos
fueron traicionados por una Ley de Derecho y Cultura Indígena
limitada, conocida como la ley Barlett-Cevallos en honor a sus
principales promotores. La propuesta inicial fue modificada con base
en argumentos sobre los peligros desintegradores de la autonomía, y
sobre la inseguridad que representaba para la propiedad privada y la
inversión económica, el reconocimiento del derecho de los pueblos
indígenas al uso colectivo de sus tierras y recursos naturales.

A lo largo de estos 20 años, las luchas por la autonomía indígena han
sido limitadas no sólo por un marco legal que no reconoce a los
pueblos indígenas como sujetos de derecho, sino como objetos de
atención por parte del Estado (al cambiar su carácter de entidades de
derecho público, por entidades de interés público), sino también por
una reforma penal que criminaliza la protesta social y sienta la bases
para el encarcelamiento de sus dirigentes.

En estas dos décadas hemos sido testigos de una nueva embestida del
capital que se apropia de los territorios y recursos de los pueblos
originarios a través de estrategias neocoloniales que criminalizan a
los jóvenes pobres que participan en movimientos sociales y que
utilizan la violencia sexual como estrategia represiva en los procesos
de desposesión.

Si bien la represión contra los movimientos indígenas en México tiene
una larga historia que antecede al momento actual de despojo
territorial, el fenómeno del que estamos siendo testigos, sobre todo
en la última década, es el de legitimación de la criminalización de la
disidencia mediante reformas judiciales que, so pretexto de la lucha
contra la delincuencia, crean un marco legal para encarcelar y golpear
a dichos movimientos. La estrategia utilizada por el gobierno contra
los luchadores sociales ha consistido en crearles cargos federales,
como la obstrucción de vías de comunicación, destrucción de bienes
federales o secuestro equiparado, por lo que en sus expedientes
judiciales no aparecen cargos de disidencia política. Se les construye
y se les trata como criminales y luego se ejerce sobre ellos toda la
violencia del Estado. Los casos de los dirigentes de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado y Gonzalo
Molina son sólo un ejemplo más de esta embestida de violencia estatal
contra las organizaciones indígenas.
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/16/opinion/019a2pol