El Estado mexicano busca criminalizar a los movimientos sociales, alertan activistas

6 Febrero, 2008 en 16:00 pm (informes)

* Emprenden campaña para frenar esta “política de Estado”
* Las mujeres son “botín de guerra no declarada”: Católicas por el Derecho a Decidir

México DF, febrero 5 de 2008 (Rocío Sánchez/NotieSe).- La Red Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por casi 60 organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, arrancó la campaña nacional “La protesta es un derecho, la represión un delito”, en respuesta a la que consideran una política del gobierno de Felipe Calderón de criminalizar los movimientos sociales.
En casos como los conflictos sociales de San Salvador Atenco, estado de México, y la capital del estado de Oaxaca, el actual gobierno federal ha mostrado una clara intención de desgastar y desprestigiar a los movimientos de oposición, afirmó en conferencia de prensa Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Esta estrategia incluye postergar la solución hasta un extremo en que la opinión pública se encuentre polarizada, para así justificar el uso excesivo de la fuerza pública.
Las y los activistas alertaron sobre la posibilidad de que la reforma al sistema judicial que se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión criminalice y catalogue como “terroristas” a los luchadores sociales.
La campaña inició hoy martes con acciones de difusión en los 20 estados de la República donde la Red tiene presencia.
Una de las organizaciones integrantes de la Red es Católicas por el Derecho a Decidir, que en voz de María de la Luz Estrada alertó sobre el uso de la fuerza pública como instrumento de represión, especialmente sobre la figura de las mujeres, quienes “son tomadas como botín de guerra no declarada”.
Entre las labores de combate al crimen organizado que se le han asignado al Ejército Mexicano, la activista afirmó que “es válido agredir sexualmente a las mujeres”, como sucedió en la violación tumultuaria que una veintena de soldados cometió contra 13 trabajadoras sexuales en la comunidad de Castaños, Coahuila.
“De poco han servido los mecanismos contra la violencia hacia las mujeres, como las fiscalías especializadas, si es el propio Estado el que fomenta estas prácticas”, contrastó Estrada.
Finalmente, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red, resaltó que esta campaña también tiene por objetivo reivindicar las protestas sociales en las calles como un elemento de desafío a la autoridad para señalar algo que no funciona y no solo verlas como una “afectación de los derechos de terceros”, como las autoridades y muchos medios de comunicación las hacen ver.
“Las calles también son espacios de participación ciudadana, de convivencia y de debate para los asuntos públicos”, concluyó el activista.