Pedro Miguel: Lo que sigue #MASPRIVATIZACIONES #PEMEX #DESPOJO Vienen intentos de nuevas reformas legales regresivas, oligárquicas y depredadoras.

Lo que sigue
Pedro Miguel

Vienen intentos de nuevas reformas legales regresivas, oligárquicas y
depredadoras. Consumado el despojo de conquistas laborales y de
derechos sindicales a los asalariados, el régimen se apresta a una
expropiación petrolera de signo contrario a la emprendida por Lázaro
Cárdenas en 1938: ahora el gobierno oligárquico que encabeza Enrique
Peña Nieto articula la sumisión legislativa para emprender –como
quisieron hacerlo en su momento Salinas, Zedillo, Fox y Calderón– la
legalización de un proceso que, en los hechos, viene ocurriendo desde
hace décadas: la transferencia de la industria energética a manos
privadas.
El capital siempre quiere más y sus sirvientes políticos fueron
puestos en los cargos justamente para ejecutar la privatización de
empresas y servicios públicos: éste es, junto con los contratos
mafiosos y después de las guerras, el narcotráfico, el secuestro y el
tráfico de personas, el negocio más jugoso (es decir, más concentrador
de riqueza) en los tiempos neoliberales.
Por eso los conglomerados empresariales de México, Estados Unidos y
Europa han estado presionando, desde hace dos décadas, por la
desincorporación de Pemex.
El régimen enfrenta dos problemas para operar este robo: el primero,
de orden político, es la resistencia social que habrá de enfrentar; el
segundo es administrativo: si 40 centavos de cada peso de las finanzas
públicas proceden de la industria petrolera nacional, su privatización
crearía un severo desajuste presupuestal. Ello es así por el hecho
simple de que las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan
impuestos, o bien pagan sumas ridículamente bajas en relación con sus
utilidades.
En rigor, la pérdida de 40 por ciento de los ingresos fiscales no
marcaría ua gran diferencia para el país, si se considera que el
grueso de los recursos gubernamentales no se invierten en beneficio de
la población ni en obras reales y efectivas sino que son privatizados
a la mala por la vía del saqueo, las comisiones, las adquisiciones
infladas o simuladas, o bien destinados a la perpetuación y
legitimación del grupo gobernante: compra de voluntades electorales,
propaganda de autoexaltación y demás.
Pero a la oligarquía dominante no quiere para sí 60 por ciento del
presupuesto: lo quiere todo, y la privatización de Pemex implica una
merma considerable en los recursos a su disposición. La forma ideada
para tapar ese agujero es una reforma fiscal que incremente los
recursos que las clases medias y la mayoría de la población aportan al
fisco, sea por medio de gravámenes al ingreso, al consumo o vía pago
de tarifas diversas. Sería ilusorio suponer que los amos del país van
a modificar las leyes hacendarias en perjuicio propio. Por el
contrario, con la reforma energética su vertiente empresarial buscará
la manera de hacerse con las utilidades de la industria petrolera, su
sector político y administrativo tratará de enriquecerse con los pagos
legales e ilegales que el sector privado desemblose por los pedazos de
Pemex, y ambos idearán la forma de pasar el costo de esas operaciones
a los causantes cautivos mediante una reforma fiscal subsecuente.
Tratarán de operar estas reformas a contrapelo de un consenso nacional
contrario a la privatización que se expresó en forma inequívoca en las
jornadas de abril a octubre de 2008, cuando el grueso de la sociedad
resistió la intentona calderonista de privatización de Pemex y logró
conservar, en lo sustancial, el estatuto público de la industria
petrolera.
Ha transcurrido un lustro desde entonces y muchas cosas han cambiado,
para bien y para mal, en el país. La postración social promovida desde
el poder –mediante la violenta mascarada de la guerra contra la
delincuencia y por medio de una estrategia económica abiertamente
desintegradora del tejido social– es más pronunciada hoy que en ese
entonces, pero también se asiste al surgimiento de tomas de conciencia
social como las que se expresaron durante el proceso electoral del año
pasado, cuando quedó claro que la oligarquía habría de imponer en la
presidencia al político más repudiado en la historia reciente del
país. A consecuencia de ello, el gobierno de Peña Nieto debe moverse
con márgenes de respaldo incluso menores que los que tuvo Calderón, lo
que ya es decir mucho.
Se aproxima, pues, a lo que puede verse, una nueva confrontación entre
la oligarquía gobernante y el resto del país, y no será un día de
campo para ninguno de los bandos.]
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