Ayotzinapa y la razón de estado

Ayotzinapa y la razón de estado

Rafael de la Garza Talavera
Rebelión

Acuñada por Maquiavelo para explicar las medidas extraordinarias que
aplica un gobernante para mantener su poder, la razón de estado se
justifica gracias a la idea de que la existencia del estado es un
valor que está por encima de los derechos sociales o individuales.
Así, el estado puede justificar sus acciones independientemente de que
sean legales o ilegales, legítimas o ilegítimas. Soporte del estado
liberal contemporáneo para mantener la dominación capitalista, la
razón de estado no es otra cosa que la justificación de la violencia
institucional, de los crímenes de lesa humanidad, de la corrupción y
los fraudes electorales (recuérdese el fraude patriótico de 1988).

Utilizar el concepto de razón de estado para comprender las acciones
del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, sin el afán de
justificarlo, puede servir para comprender la dinámica de la respuesta
estatal a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa y de la ejecución extrajudicial de seis estudiantes, a los
que hay que sumas 40 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Lo
que está en juego no es solamente la maltrecha legitimidad de Peña
Nieto y su grupo para mantenerse en el poder, coordinando y
beneficiándose de la venta de los recursos naturales y humanos. Además
está en juego la legitimidad de las fuerzas armadas, actor clave en la
noche de Iguala pero también actor clave en la política exterior
estadounidense, materializada en el Plan Mérida y el Tratado del Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Frente a la pérdida de
popularidad de Peña Nieto y la creciente ola de protestas a lo largo y
ancho del país, las fuerzas armadas devienen un actor central para
mantener condiciones mínimas para mantener el saqueo y el robo
sistemático.

De las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinar de
Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer los hechos en Iguala y
Cocula hay un elemento que se destaca: el papel que jugó el ejército.
Si bien no existen pruebas fehacientes de la participación directa del
27 Batallón de Infantería, del informe presentado por el GIEI se
infiere que el comandante a cargo del mencionado batallón, coronel
José Rodríguez Pérez, estuvo al tanto de todas los detalles de la
operación efectuada por fuerzas policiacas locales. En el resumen
ejecutivo del Informe Ayotzinapa el GIEI señala que, de acuerdo a "...
un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de
Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del
C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está
intervenida por Sedena" y se agrega que en varios momentos del ataque
a los estudiantes estuvieron presentes efectivo del ejército y la
policía federal.

Las reiteradas peticiones del GIEI para entrevistar a elementos del 27
Batallón han sido ignoradas sistemáticamente por el gobierno federal,
lo que sin duda pretende evitar cualquier filtración de información en
lo relativo a la presencia y accionar de los elementos en cuestión.
Pero en el resumen ejecutivo del GIEI se establece que, dado el número
de efectivos policiacos fue necesaria la coordinación de los
operativos, es decir, de un mando central que diera las órdenes.
Tomando en cuenta el protocolo de seguridad vigentes en el país, la
coordinación de los mandos policiacos viene desde los cuarteles por lo
que resulta bastante probable que dicha coordinación fuera realizada
por mandos militares o que, al menos, ellos estuvieron al tanto de
todo a lo largo del operativo dejando que se desarrollaran los
acontecimientos sin que interviniera para proteger a los estudiantes.

Si a lo anterior se agrega que el GIEI sugiere que el móvil del ataque
a los estudiantes fue el tráfico de drogas (el quinto autobús contenía
droga en tránsito a la frontera) las consecuencias de involucrar al
ejército en el operativo son enormes. No sólo habría coordinado las
acciones de la policía para operar el ataque sino que además lo hizo
para proteger los negocios del narco, cosa que no sería una novedad en
la historia del narcotráfico en México. Baste recordar al otrora
todopoderoso zar del narcotráfico, el general José de Jesús Gutiérrez
Rebollo, quien aplicó dicha estrategia a favor del Cártel de Juárez a
finales de los noventa, para presentar resultados en la supuesta lucha
contra el narcotráfico y que a la postre significó su caída y
encarcelamiento.

Todo lo anterior apunta a señalar al ejército como un actor clave en
los sucesos del 26 de septiembre de 2014. La 'verdad histórica' no
tiene otro objetivo que deslindar a los mandos militares de cualquier
intervención en el operativo, a pesar de que estuvieron enterados de
la situación todo el tiempo y de su largo historial de corrupción y
tráfico de influencias. La razón de estado, en este caso, está
dirigida a proteger a una institución clave del estado mexicano para
mantener al país alineado a la dinámica militarista para mantener el
saqueo de sus recursos naturales. En el contexto de la cuarta guerra
mundial es indispensable para el estado mexicano proteger a costa de
lo que sea -incluso del desprestigio creciente del entramado
institucional y de los partidos políticos, así como de la popularidad
de Peña Nieto y su grupo- la imagen de las fuerzas armadas. De ellas
dependen cada vez más para mantenerse en el poder. Y ésa si que es una
verdad histórica del estado liberal en México y en el mundo.

Blog del autor:
http://lavoznet.blogspot.com/2015/09/ayotzinapa-y-la-razon-de-estado.html
Lo leí en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203842